Sin consultar a las bases ni discutirlo en la asamblea nacional, el Colegio de Profesores resolvió aceptar el protocolo de acuerdo con el Gobierno por los cinco puntos de la agenda corta en una votación dividida de la directiva del Magisterio.

Con seis votos a favor y cinco en contra (de la disidencia), la directiva del gremio, encabezada por Jaime Gajardo, decidió aprobar la declaración firmada con el Ministerio de Educación el pasado 20 de noviembre. Y a pesar de que la comisión negociadora había afirmado antes que el protocolo sería llevado a la asamblea nacional, finalmente se resolvió aprobarlo en la directiva.

Producto de esa decisión el prosecretario del gremio, Mario Aguilar, explicó que "el presidente del Colegio, Jaime Gajardo, trajo la propuesta de que esto a él le parecía un buen acuerdo y, por lo tanto, lo resolviera el directorio ni siquiera la asamblea general".

Aguilar calificó esa decisión como un "tremendo error, porque esto no resuelve el conflicto y a los profesores no les va a gustar". El dirigente agregó que fue una decisión apresurada que atribuyó a presiones que podría estar sufriendo el presidente del magisterio. "Supongo que puede haber una presión ministerial en el sentido de forzar la apariencia del acuerdo con el profesorado. Una sensación térmica que no se condice con la realidad", dijo.

Aguilar además criticó la determinación puesto que para él significa un retroceso en cuanto a la participación y democracia interna, recalcando que mientras en agosto participaron 70 profesores en la consulta nacional y luego 200 en la asamblea, esta vez la decisión se tomó entre seis personas.

Por su parte, la dirigente del Colegio Verónica Monsalve (RN), que se sumó a la propuesta de Gajardo, señaló que "el acuerdo cumple en 85% las necesidades de la agenda corta", apuntando a que "nunca en un proceso de negociación se cumple el 100%".

El cómic "Sofía aprende con todos" hecho por el Gobierno y en el que se explica la reforma educacional desató la polémica. Ayer la Alianza le solicitó a la Contraloría General que se pronuncie por el supuesto mal uso de recursos fiscales para la difusión de un proyecto de ley que aún está en trámite.

Los diputados de oposición Felipe Kast (Evópoli), José Manuel Edwards (RN), María José Hoffmann (UDI) y Jaime Bellolio (UDI) formalizaron ante el ente fiscalizador su reclamo por la supuesta ilegalidad del uso de dichos recursos.

Antes de reunirse con el contralor Ramiro Mendoza, el diputado de RN, José Manuel Edwards, señaló a 24horas que "consideramos que sí hay un mal uso de recursos por parte del Estado, en el cual están usando recursos para beneficiar a una postura política, y esto va en contra de ley".

informes

El contralor Mendoza aseveró que la Contraloría pedirá informes al Ejecutivo tras el requerimiento de la Alianza. La autoridad señaló que el organismo que lidera tiene "una larga experiencia en materia de revisión de gasto público y estas son las zonas complejas. De hecho, el cómic hace mención a la ley, en lo que dice relación a que se publica de acuerdo al artículo 3° de una determinada ley que autoriza ese gasto".

"Lo que hay es una duda de interpretación de los parlamentarios y que es la que nosotros tendremos que despejar previo informe que le requeriremos a las autoridades tales como el Ministerio de Educación y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y al Ministerio Secretaría General de Gobierno", agregó.

Por eso informó que la Contraloría solicitará un informe en el que se detalle información sobre cuándo se hizo el cómic y el video cuestionado, los contratos asociados a esos materiales y otros antecedentes.

"Doble estándar"

Desde el Ejecutivo rechazaron la ilegalidad de utilizar recursos públicos para promover un proyecto. El ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, aseguró en entrevista con 24Horas que "estamos cumpliendo con la ley y, además, con la obligación que tenemos de informar a la ciudadanía respecto del impacto de las distintas políticas públicas que está impulsando el Gobierno y particularmente de la reforma educacional".

El vocero además acusó a la oposición de "doble estándar", puesto que "el gobierno anterior gastó en campañas vinculadas a la educación casi $ 3.500 millones".

La Presidenta Michelle Bachelet, el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo y el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, se refirieron ayer y defendieron la necesidad de crear una nueva Constitución y comenzar ese proceso el próximo año. En tanto, desde la oposición y desde algunos partidos de la Nueva Mayoría, mostraron sus discrepancias con esa decisión.

Mientras se encontraba en una visita para inspeccionar las viviendas que se construyen tras el incendio de Valparaíso, la Mandataria señaló que "va a haber un proceso participativo, legítimo e institucional, donde los temas de fondo son cuál es el tipo de país en el cual queremos vivir, cuál es la sociedad en que queremos vivir los próximos 50 años".

Peñailillo hizo hincapié en la necesidad de crear una nueva Constitución "nacida en democracia" y afirmó que más allá de los plazos, que ha sido el punto más cuestionado, "lo importante es que Chile necesita una Constitución legitimada, nacida en democracia, pensando en los desafíos de Chile en el siglo XXI".

"Tenemos que ponernos a trabajar pronto, este es un Gobierno de cuatro años y que tiene tres reformas estructurales, por lo tanto tenemos que iniciar ese proceso a partir del próximo año", agregó sobre la celeridad con que se pretende comenzar el debate.

Mecanismo pendiente

Sobre el mecanismo a través del cual se resolverá la nueva Constitución, el jefe de gabinete señaló que el Gobierno está dispuesto a escuchar opiniones, pero que la última decisión está en manos de la Presidenta.

"Aquí no hay incertidumbre ni nada de eso. Lo hemos dicho un par de veces, que el próximo año nosotros iniciamos el proceso de reforma a la Constitución, es lo que la Presidenta ha resuelto desde hace un tiempo, es lo que resolvió en Cerro Castillo", añadió.

En tanto, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, manifestó que la jefa de Estado revisará todos los mecanismos que sean "democráticos, participativos e institucionales forman parte de las alternativas respecto de las cuales se va a pronunciar la Presidenta".

El vocero recalcó asimismo que "Chile necesita una nueva Constitución, una Constitución nacida en democracia, una Constitución que cumpla con los estándares internacionales y que además sea fidedigna expresión de las tradiciones democráticas de nuestro país".

Desde la Alianza manifestaron su preocupación por el tema, afirmando que con una nueva Constitución "no se juega". "Una nueva Constitución no es un juego, no es un cómic para explicarlo como se ha hecho con la reforma educacional, sino que es la ley fundamental", dijo el presidente de RN, Cristián Monckeberg.

Desde la UDI, el senador Hernán Larraín añadió que "plantear esa como una de las prioridades significa no sintonizar con la realidad social que vive el país. Y significa además decirle al mundo que la institucionalidad que hoy existe no sirve para nada".

El anuncio de comenzar en 2015 el debate de una nueva Constitución generó discrepancias en la Nueva Mayoría. El senador PPD Jaime Quintana señaló en radio ADN que no hay "mucho espacio" en el Parlamento, y que definir el mecanismo debiera quedar para 2016. Lo mismo fue dicho por el senador DC Jorge Pizarro, quien afirmó en CNN Chile que "a mí me parecía que era mejor dejarlo para el otro año (2016), porque el próximo año (2015) es el año decisivo para el Gobierno en la implementación de las reformas".

Carolina Collins