Los diez homicidios registrados durante el presente año en el Complejo Penitenciario de Valparaíso han generado diversas medidas por parte del alto mando de Gendarmería. Tras la remoción del alcaide y el último crimen ocurrido el sábado pasado, la institución ha realizado el traslado de 60 internos de alta peligrosidad a otros penales del país, además de la derivación de 25 internos a la Unidad de Alta Peligrosidad. Entre las medidas que buscan el mayor resguardo de la población penal, el director regional de Gendarmería, Ricardo Quintana, confirmó la llegada de nueva dotación al penal porteño, a objeto de redoblar la vigilancia en todos los sectores del recinto.

El coronel Quintana detalló que el traslado de 29 internos a otras unidades, efectuado la tarde del lunes, obedece a una "programación y de identificar a la población penal que podría tener algún grado de distorsión, por el alto grado de compromiso delictual y ser distorsionadores del régimen interno por su liderazgo negativo".

Los reos permanecían en los módulos 104, 113 y 114, los más conflictivos del penal. El último de los hechos de sangre se registró el pasado sábado en el módulo 113, donde una pelea entre dos reclusos culminó con un apuñalado que luego falleció.

Según detalló la autoridad regional, los traslados buscan "maximizar los niveles de seguridad y control al interior del complejo".

El coronel Quintana, quien asumió la jefatura de Gendarmería el 26 de junio de este año, detalló que durante su gestión se han registrado cuatro muertes, y no descarta que antes de fin de año existan nuevos traslados. Los módulos más conflictivos serán reforzados con mayor dotación de funcionarios en los patios, personal de trato directo y del área técnica, para minimizar los riesgos en su interior.

El alcaide de la Cárcel de Valparaíso, comandante Tito Barriga, añadió que los traslados buscan "reforzar la seguridad del penal con nuevas medidas, al derivar a otras unidades a internos de alto compromiso delictual y peligrosidad. Lo que se hizo (lunes), con apoyo de grupos especializados de la capital y nuestros, tiene por finalidad de evitar el riesgo que comprometían dentro del recinto, además de bajar los niveles de conflictividad y descongestionar los módulos".

La ministra de Vivienda, Paulina Saball, reconoció que la entrega de subsidios a propietarios de casas y terrenos producto del incendio de abril pasado en Valparaíso presentan el mayor retraso, en relación a la ayuda que se está entregando a los damnificados.

Respecto a la razón de las dificultades registradas, la secretaria de Estado explicó que "las personas que son propietarias de terreno han tardado más en poder acreditar la propiedad y realizar todos los trámites para evaluar los eventuales riesgos que tiene su propiedad para obtener el permiso de edificación". Saball recalcó que se pretende realizar una reconstrucción con "la máxima seguridad", adoptando todas las precauciones para mitigar los riesgos.

Informó que, a la fecha, van más de 240 subsidios de construcción en sitio propio con el proceso finalizado y otros 300 en plena tramitación de los últimos permisos.

Por tal motivo es que se ha extendido el plazo de recepeción de solicitudes, para que los poco más de mil propietarios afectados puedan recibir el beneficio. Cabe consignar que algunos optaron por otro tipo de vivienda, al considerar inseguro el terreno donde habitaban. El nuevo plazo para poder inscribirse es hasta el 21 de diciembre.

La Presidenta Michelle Bachelet visitó ayer a la primera familia que reconstruyó una vivienda en sitio propio. Se trata del matrimonio de Emiliana Ferreira y Manuel García, ambos pensionados de 71 años, quienes en los próximos días habitarán su inmueble en el pasaje Hegel del cerro El Litre.

Una reunión a puertas cerradas sostuvieron ayer dirigentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y el intendente regional, Ricardo Bravo. Durante el encuentro, los gremios de los servicios y reparticiones públicas acordaron establecer una mesa de trabajo con las autoridades, a objeto de abordar caso a caso las desvinculaciones que se han registrado durante las últimas semanas, que han significado el despido de cerca de 40 personas.

La situación ha generado malestar entre los dirigentes, debido a que los jefes de servicio de la región no estarían respetando la Circular N°35 del Ministerio de Hacienda, en relación a que las eventuales no renovaciones de las contratas deben limitarse a "casos debidamente fundados y acreditables".

José Miguel Leiva, secretario general de la ANEF Región de Valparaíso, precisó que en la reunión con la autoridad regional "le planteamos las inquietudes respecto a las desvinculaciones que se estaban produciendo. Le manifestamos cuál era nuestra posición respecto a los criterios de desvinculación que hay, o término de contrato como ellos le llaman y, obviamente, en algunas áreas importantes no concordamos para nada".

Por tal motivo se instalará una mesa de trabajo con la seremi del ramo, a objeto de analizar caso a caso, ya que consideramos que, en algunos casos, "se aplicó un criterio de desproporción y una subjetividad increíble, ese tipo de casos no estamos disponibles para aceptarlos".

La ANEF resaltó la crítica situación que ocurre en algunas seremis como Salud o Desarrollo Social, donde se está despidiendo a personas a honorarios o producto que se acaba un proyecto, donde queda al descubierto "la precariedad de la gente que es contratada a honorarios. En el servicio público hay una cantidad impresionante de profesionales jóvenes que, en cualquier momento, quedan sin trabajo".

La ANEF acusa que se está utilizando la norma "en forma arbitraria" para perjudicar a la gente, o "colocar uno a cambio de otro como botín de guerra, lo cual se presta para que, cada fin de año, ocurra una cantidad significativa de despidos. Analizaremos lo que pasa en cada uno de los servicios", aseguró Leiva.

La dirigencia adelantó que, en aquellos casos donde se apliquen criterios fuera de lo laboral, se realizarán movilizaciones, denuncias a los medios o se interpondrán los recursos correspondientes.

La seremi del Trabajo, Karen Medina, detalló que el objetivo de la mesa de trabajo es "escuchar a la ANEF, que presentará la defensa de las desvinculaciones. Analizaremos la situación en cada seremi, servicio y gobernación. Existe la disposición para que hagan su defensa y revisar cada uno de los casos".

En este punto, precisó que hay 100 casos en análisis.

Minvu y Serviu son dos de las reparticiones que registran mayor número de desvinculaciones.

Fin de programa generó el despido de 21 funcionarios a honorarios en la Seremi de Desarrollo Social, sumado a uno a contrata.

Junji desafectó a 20 funcionarios, la mitad de ellos por registrar licencias médicas por más de 180 días.

Alexis Paredes R.