Con frecuencia se nos demanda a las autoridades iniciativas para embellecer nuestra ciudad o medidas que permitan mejorar nuestra calidad de vida. En definitiva, más recursos y más acciones. Como parlamentario por Valparaíso me he caracterizado, precisamente, por fiscalizar la inversión de los recursos en la zona y por trabajar por proteger el patrimonio.

En este sentido, y a propósito del último hecho de vandalismo protagonizado por jóvenes contra el metro, presenté una iniciativa que busca endurecer las penas a quienes rayen la propiedad pública o privada, más aún si es sobre inmuebles ubicados en zonas declaradas como Patrimonio de la Humanidad.

Parto de la base que los rayados sin ninguna lógica no son arte, distinto a los murales o grafitis que embellecen la ciudad.

Nuestra iniciativa sanciona el rayado como daño calificado, para responder al creciente fenómeno que están viviendo las ciudades donde los rayados anónimos se están apropiando de los espacios públicos, generando -de paso- la sensación de inseguridad.

Lamentablemente, hemos tenido que llegar a la conclusión, que la única manera de proteger el patrimonio de Valparaíso y de nuestro país para futuras generaciones, es sancionando con mayor dureza a las personas que rayan el patrimonio; a las que rayan las viviendas particulares de los ciudadanos. La iniciativa lo que hace, básicamente, es aumentar el piso de las penas.

A modo de ejemplo; la única detenida por los rayados en el metro regional, que tendrá un costo de reparación de 18 millones de pesos, podría -con esta iniciativa- arriesgar una multa de 15 UTM ($ 630.000) como mínimo.

El proyecto aumenta de daño simple a daño calificado el rayado y la aplicación de carteles y otros adhesivos en la propiedad pública y privada, lo que equivale a que por daños de cuatro a 40 UTM, la persona deba pagar una multa de 10 a 15 UTM mínimo -además de la pena de cárcel-, y no como ahora que parte de la base de solo 6 UTM. Por otra parte, si los daños exceden las 40 UTM, las multas subirán entre 15 a 20 UTM. Lo anterior, es solo la sanción penal, pues cada persona afectada podrá solicitar las indemnizaciones que correspondan.

En el caso que el daño sea hacia un Monumento Nacional o se efectúe sobre una propiedad ubicada en la zona declarada como Patrimonio de la Humanidad, la multa partiría en las 100 UTM, con penas de cárcel de tres a cinco años.

Creo en la libertad de las personas, pero si alguien cree que esta es una forma de expresarse que lo haga con el consentimiento de otros o en su ámbito personal, no haciéndole daño a terceros o a la ciudad de Valparaíso. Esperamos que la iniciativa prospere y sea un aporte para el trabajo de los municipios que se sienten muchas veces sobrepasados por el vandalismo de grupos que no respetan la propiedad y generan un enorme perjuicio al presupuesto local.

Dos funciones básicas debe cumplir el sistema penitenciario: aplicar mediante la reclusión la sanción a los delincuentes que determine la justicia y trabajar en la rehabilitación de esos mismos reclusos para, idealmente, lograr su reincorporación en la sociedad. Esta doble finalidad en la realidad aparece, más que nada, en la reclusión, pero no logra efectivos avances en la rehabilitación.

Esto último se dificulta por el tenso ambiente que reina en los penales, con violencia, uso de armas improvisadas, dominación de ciertos grupos, frecuente consumo de drogas y vinculación de los internos más peligrosos con el exterior mediante teléfonos celulares.

A las dificultades para lograr la rehabilitación se agregan las deficientes condiciones de los recintos y la limitada dotación del personal de Gendarmería que debe cumplir funciones de custodia.

Dentro de todo este cuadro es que se dan los hechos de violencia como los que se producen con frecuencia en la Cárcel de Valparaíso, cuya más dramática expresión son los homicidios de 10 reos en lo que va corrido de este año 2014. Estos hechos no son exclusividad del penal porteño, sino de todo el sistema penitenciario.

Gendarmería intenta resolver esta realidad mediante el traslado de internos más peligrosos a otros penales, focalizando la vigilancia en aquellos puntos de más conflictividad.

Esta situación, a la vez, se proyecta en ciertas decisiones judiciales que evitan la prisión preventiva, dada la señalada congestión y peligrosidad de los penales. Esto, en medio de justificadas presiones sociales que miran con escepticismo las medidas alternativas y exigen la reclusión de los acusados.

La solución más sencilla para este grave problema sería una mayor inversión en construcción y ampliación de penales más seguros; sin embargo, si esa inversión es necesaria, básica, es fundamental dar la mayor importancia a la reinserción, segregando y definiendo claramente a quienes, potencialmente, se pueden reincorporar como integrantes positivos de la comunidad. Esa tarea requiere de personal con gran vocación y en número suficiente que pueda atender casos individuales y colectivos de acuerdo a planes y políticas previamente formuladas, además de empresas comprometidas con esta labor de reinserción. La educación y el trabajo son herramientas importantes en esa labor, que se da en los penales, pero no con la intensidad suficiente. Se debe avanzar también en una efectiva libertad vigilada asociada a sistemas de control electrónico. Las medidas de traslado de internos aplicadas en la Cárcel de Valparaíso resultan ineludibles, pero serán solo parciales si no van acompañadas de una consistente política enfocada a la reinserción. Y esta tarea es de toda la sociedad, no solo de Gendarmería.