La ministra de Salud, Helia Molina, confirmó que el proyecto de ley de isapres tendrá un retraso y será enviado al Congreso en el primer semestre del próximo año para su debate y trámite legislativo. En una señal para tranquilizar al sector privado, la secretaria de Estado dijo que la iniciativa no será una "reforma brutal" al sistema privado de salud y que será orientada a respetar los consensos en la comisión donde se analizaron las modificaciones.

Al asistir a la inauguración del XIX Encuentro Nacional de la Salud (Enasa), la ministra adelantó que las isapres seguirán operando con el 7% de la cotización obligatoria de los afiliados, más el copago contratado por los usuarios en función de los servicios que requieran, pero que se van a registrar modificaciones.

Molina aseguró que el Gobierno busca evitar o eliminar las discriminaciones por edad, sexo y las exclusiones, además de ordenar lo que tiene relación con las preexistencias y las asimetrías de información que se registran al existir 50 mil planes de salud.

"Hay que reducir el número de planes para que sea entendible por las personas, para que la elección (del plan) entre el seguro y las personas sea clarito como el agua", aclaró la secretaria de Estado.

La titular del Minsal agregó que "los mecanismos para lograr (los cambios contemplados en el proyecto) no pasan por una brutal reforma estructural que cambie todos los sistemas y las instituciones; estamos modificando todos aquellos aspectos que nos parecen que no son justos y que no aportan a la calidad de atención de salud y de la justicia que debe primar en la salud".

El presidente de Isapres de Chile, Hernán Doren, dijo sentirse "sorprendido" por la cantidad de coincidencias existentes entre las industrias y la ministra Molina frente a los cambios que se aplicarán al sector.

"Si uno analiza lo que dice la autoridad y el voto minoritario que respaldan las isapres que están en la asociación, obviamente somos coincidentes en que se debe mejorar el sistema. Las diferencias son menores y creo que si somos capaces de abstraernos de las diferencias planteadas y nos centramos en lo que podemos hacer al corto plazo, lograremos metas fácilmente", afirmó.

Respecto de la integración vertical existente en la industria, y que significa que las isapres sean dueñas de clínicas, Doren dijo Isapres de Chile trabaja una propuesta con la Universidad de Chile para plantear una solución "Hemos partido por dilucidar unos fantasmas que andaban circulando en integración vertical y sobre el incentivo perverso que podría existir. Según el informe, estos fantasmas no existen", comentó Doren.

El jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Alberto Ayala, afirmó ayer que se validará como prueba el audio registrado por el ex gerente de Penta, Hugo Bravo, de la conversación reservada que mantuvo en septiembre con el empresario Carlos Eugenio Lavín. En el registro se menciona la supuesta entrega de aportes en dinero a campañas políticas de dirigentes y parlamentarios de la UDI.

Ayala se reuniría ayer con el fiscal a cargo de la indagación por presunto delito tributario, Carlos Gajardo, para solicitarle la grabación e incorporarla en la carpeta investigativa.

Ese antecedente, agregó Ayala, era hasta el martes desconocido por el Ministerio Público, por lo que descartó que la grabación pudiese haber sido filtrada por el ente persecutor penal.

"Respetando el derecho a informar, nos parece contraproducente que se filtre información que ni siquiera, como ahora, está en conocimiento de la Fiscalía, porque eso afecta a la transparencia y a la seguridad de llegar a buenos resultados en la investigación", dijo.

recepción de evidencia

Ayala recalcó que en Chile existe la "libertad probatoria" y que "todas las evidencias pueden ser recibidas" y deben ser evaluadas por los tribunales de justicia.

"Nada se descarta y en su momento se evaluará el mérito de la prueba con objeto de tomar las decisiones que corresponden como órgano persecutor", afirmó.

En cuanto a la posibilidad de que alguno de los investigados en la causa opte por alguna salida alternativa, el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana destacó que el sistema procesal actual cuenta con "innumerables" formas de solución de conflictos y "el juicio oral es la resolución de conflicto más residual que existe, no todas las cosas terminan de esa manera".

"La Fiscalía no es una feria persa donde andemos haciendo acuerdos. Lo que nosotros hacemos simplemente es cumplir con la Constitución y la ley", agregó.

UDI y "sesgo político"

Desde la UDI acusaron "sesgo" en la indagación del tema, aunque también reconocen el golpe que esta ha significado para el partido.

El vicepresidente de esa tienda, el diputado José Antonio Kast, acusó ayer un "sesgo" con "tinte más político que judicial" en el caso Penta. El parlamentario dijo en radio ADN que "se ha dicho que no hay un delito sino a lo más una falta, y ahí llama la atención que se haga todo un levantamiento y se apunte con el dedo".

El diputado pidió terminar con las "filtraciones permanentes" de la investigación y afirmó que "no puede ser que personas x sean juzgadas y casi condenadas públicamente en base a filtraciones".

El jefe de bancada de diputados de la UDI, Felipe Ward, dijo que ese partido pedirá citar al menos al menos a cuatro ministros a las comisiones investigadoras unidas surgidas por el caso Penta, las que son presididas por el diputado (PS) Fidel Espinoza, y a quien van a dirigir la próxima semana una petición formal para ello.

Según La Segunda, en la UDI definieron convocar a Rodrigo Peñailillo (Interior), Alberto Arenas (Hacienda), Alvaro Elizalde (Segegob) y Javiera Blanco (Trabajo). Todos formaron parte del comando de campaña de Michelle Bachelet.

Aunque el diputado Ward reconoció que la Cámara de Diputados definió como uno de los criterios de funcionamiento de ambas comisiones parlamentarias que no se podrá consultar a los citados sobre hechos ocurridos eventualmente antes de que asumieran sus cargos, sí se les consultará sobre "qué hará ahora el Gobierno para mejorar y transparentar la relación entre el dinero y la política".

Un nuevo extracto de la grabación entre el ex gerente del Grupo Penta, Hugo Bravo, y Carlos Eugenio Lavín, controlador del conglomerado, publicado ayer por La Tercera y en el que se menciona supuesto financiamiento a políticos, deja entrever que Bravo asegura que "(Iván) Moreira me pedía a mí", a lo que Lavín responde que "le pides la libreta de boletas y tienes mil y un boletas. Pero eso debe ser común, así que espero que esto lo puedan parar", en alusión a que la entrega de dineros sobrepasaría a candidatos de un solo conglomerado.

Mauricio Mondaca