Expresidente polaco admite que su país tuvo prisión de la CIA
11/S. Sin embargo, negó que en el recinto se haya practicado tortura, como apuntó un informe del Senado de EE.UU.
Una ola de rechazo causó ayer el informe publicado por el Senado de EE.UU. sobre los métodos de tortura aplicados por la CIA contra sospechosos de terrorismo después de los ataques del 11/S. Pero la publicación también generó la confesión del ex Presidente de Polonia Aleksander Kwasniewski sobre la existencia de una cárcel de la Agencia Central de Inteligencia en ese país, como apuntó el documento difundido el martes.
Si bien el ex Mandatario (1995-2005) admitió que Polonia albergó una prisión secreta de la CIA, negó que se le permitió a la agencia aplicar torturas a prisioneros allí. Las declaraciones de Kwasniewski marcan la primera ocasión en la que un líder polaco admite que el país acogió un recinto de este tipo.
A pesar de que Polonia lo negó una y otra vez, la prensa publicó notas sobre esas cárceles citando fuentes de la CIA, quienes revelaron que las instalaciones estuvieron funcionando desde diciembre de 2002 hasta fines de 2003.
Grupos de derechos humanos denuncian que unos ocho prisioneros estuvieron recluidos en Polonia, entre ellos Khalid Sheikh Mohammed, quien dijo ser el artífice de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
El ex Presidente afirmó que los violentos interrogatorios de sospechosos de la CIA en territorio polaco se suspendieron en 2003 bajo presión de los líderes del país. Entrevistado por la radio TOK FM, la ex autoridad aseguró que al principio Polonia ignoraba las prácticas de tortura. Se trataba únicamente de crear "sitios secretos", dijo. "Que los estadounidenses llevaran estas actividades de forma tan secreta, suscitó inquietud. Por eso, las autoridades polacas actuaron para ponerles fin y las actividades cesaron", añadió.
Kwasniewski explicó haber expuesto esta cuestión al Presidente de EE.UU. de la época, George W. Bush, "en el Despacho Oval de la Casa Blanca" en 2003. Según dijo, Bush defendió las actividades de la CIA, afirmando que aportaban "importantes beneficios en materia de seguridad".
Pero "dije a Bush que se tenía que terminar con esta cooperación y se terminó", agregó.
Hasta ahora, los líderes polacos que gobernaban en esa época habían negado la existencia de la prisión, pero sus sucesores ordenaron una investigación en 2008.
Autoridades locales anunciaron ayer que la Fiscalía polaca encargada de investigar la existencia de prisiones secretas de la CIA en el país pedirá al Senado de EE.UU. el informe sobre torturas.
Polonia, condenada por el Tribunal Europeo de DD.HH. a indemnizar a dos presuntos terroristas que estuvieron recluidos en uno de esos centros de detención, investiga en estos momentos las acusaciones, aunque varias organizaciones en defensa de los derechos humanos han criticado a las autoridades por poner trabas al proceso.
Si bien el informe del Comité de Inteligencia del Senado menciona que la CIA mantuvo prisiones secretas en otros países, no detalla en cuáles.
Según el documento, la CIA llevó a cabo prácticas de interrogatorio "más brutales" de lo que había admitido en los años posteriores a los ataques del 11-S a personas retenidas en instalaciones secretas de todo el mundo.
El informe también concluye que la CIA exageró la efectividad de sus métodos de interrogación y que éstos no contribuyeron a la obtención de información. Incluso, el documento dice todo lo contrario a la sostenido por los responsables de la CIA de la época: los interrogatorios no ayudaron a localizar al cerebro de los atentados del 11/S, Osama Bin Laden.
Con llamados a reflexionar, rechazo a las violaciones de los DD.HH. y "conmoción" reaccionaron autoridades internacionales al informe sobre la CIA. La Comisión Europea lo calificó como una "etapa positiva" para exponer el programa de la agencia y llamó a EE.UU. a "meditar" sobre su aplicación. Afganistán condenó las torturas y su Presidente, Ashraf Gani, dijo estar "conmocionado" por las conclusiones del comité. Mientras que Amnistía Internacional consideró que el documento refleja la "impunidad" de las violaciones de los DD.HH. en nombre de la "seguridad nacional".
Mabel González / Agencias