El alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, ha planteado una serie de interrogantes en relación al crecimiento del puerto y al impacto que tendrá sobre la ciudad. Expresa su molestia ante la falta de señales claras por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en relación a las proyecciones del desarrollo del puerto, concretamente del Terminal 2, iniciativa ya adjudicada y en marcha, obra que totaliza una inversión de 500 millones de dólares.

También Castro formula interrogantes sobre la eventual expansión del puerto hacia el norte, con un posible acceso por Cabritería. Está presente, también, el fuerte conflicto por el proyecto Puerto Barón.

Todas esas interrogantes son lógicas pues tocan a la ciudad, sus actividades y habitantes y es necesario darles respuesta oportuna.

El problema de fondo es la falta de participación efectiva, formal, de la ciudad, de sus autoridades democráticamente elegidas, en las decisiones relativas al puerto.

La Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) es el ente estatal propietario del terminal que entrega en concesión diversos frentes de transferencia de carga. Depende del Sistema de Empresas Públicas (SEP), holding que agrupa a 22 empresas cuyo propietario o accionista es el Estado de Chile. Están representados en el SEP los ministerios de Hacienda, Economía y Transportes.

EPV, a su vez, está administrada por un directorio de seis integrantes, todos ellos nombrados por el gobierno de turno, que sin duda busca en esos integrantes conocimientos de la trascendencia de la actividad portuaria para la economía nacional.

Por mucha buena voluntad que el mismo SEP y concretamente EPV tengan en la vinculación del puerto y Valparaíso, se echa de menos un nexo formal de esa estructura con la ciudad. En otras palabras, la ciudad sobre la cual recae todo el peso de la actividad portuaria, su Municipalidad, no tiene voz ni voto en las decisiones que tome el señalado directorio. Y no hablemos de lo económico.

Una representación formal de la ciudad en el ente administrador del puerto sería un aporte, más allá de cualquiera consideración política. Se podrían evitar conflictos y resolver muchas inquietudes y dudas como las formuladas por el alcalde Castro.

El tema de la participación de las ciudades puerto en la administración de los terminales ha sido reiteradamente planteado por los representantes de esas comunas, pero sin mayores resultados. Ello es materia de ley y, en buena medida, sería un avance real en la tan necesaria y proclamada tarea regionalizadora.

A propósito de mis dos últimas columnas, destinadas a conmemorar los 25 años de la caída del Muro de Berlín, y en las que he destacado a los políticos que a mi juicio merecen mayores reconocimientos por el colapso del comunismo soviético, más de alguien me ha preguntado por qué no mencioné entre ellos a Mijaíl Gorbachov, el último jefe de estado soviético. Quiero, pues, cerrar este ciclo explicando las razones de esa deliberada omisión.

Gorbachov fue, sin duda, un actor relevante del proceso en cuestión. Pero sus méritos no me parecen demasiado elevados. Ellos consisten en el reconocimiento de hechos bastante visibles desde el Kremlin para la segunda mitad de los 80: la incapacidad de la Unión Soviética para perseverar en la carrera armamentista contra Estados Unidos y sus aliados, continuar sosteniendo guerras y guerrillas por todo el planeta y mantener por la fuerza o costosos subsidios la opresión comunista en sus estados satélites; y la inviabilidad de las políticas soviéticas internas. Y en haber puesto en práctica reformas que, contra su voluntad, terminaron siendo funcionales a los objetivos de las democracias occidentales y los disidentes de los países comunistas.

Nada sugiere que Gorbachov quisiera establecer en la Unión Soviética una democracia multipartidista, un estado de derecho o una economía libre. Solo pretendía preservar el régimen volviéndolo menos represivo y algo más participativo y eficiente. En ese sentido, está a años luz de una figura como el Rey Juan Carlos de España, que tuvo el claro propósito de conducir a su país hacia la democracia. Si alguien adoptó ese camino en toda la historia de Rusia, ese fue Boris Yeltsin, aunque no dejó de cometer tropelías y tomó la muy lamentable decisión de ungir como sucesor a Vladimir Putin, que ha devuelto a Rusia a la opresión de los tiempos de Gorbachov.

Enseguida, cabe destacar que Gorbachov difícilmente habría sido puesto al frente de la Unión Soviética por el Politburó y el Comité Central del Partido Comunista, y con seguridad no habría llevado adelante un programa de distensión exterior y reforma interior, de no ser por la inédita presión que los principales líderes del mundo libre de los 80 ejercieron, con astucia y perseverancia, sobre aquel régimen totalitario.

En suma, se trata de un dictador que fracasó en su intento por perpetuar el comunismo soviético y que, luego de ello, mientras se hace publicidad a sí mismo, a Pizza Hut y a los bolsos de lujo de Louis Vuitton, ni siquiera ha tenido la decencia de condenar la ocupación de dos zonas de Ucrania por parte de las huestes de Putin.

Claudio Oliva Ekelund