Interrogantes sobre el futuro portuario
El alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, ha planteado una serie de interrogantes en relación al crecimiento del puerto y al impacto que tendrá sobre la ciudad. Expresa su molestia ante la falta de señales claras por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en relación a las proyecciones del desarrollo del puerto, concretamente del Terminal 2, iniciativa ya adjudicada y en marcha, obra que totaliza una inversión de 500 millones de dólares.
También Castro formula interrogantes sobre la eventual expansión del puerto hacia el norte, con un posible acceso por Cabritería. Está presente, también, el fuerte conflicto por el proyecto Puerto Barón.
Todas esas interrogantes son lógicas pues tocan a la ciudad, sus actividades y habitantes y es necesario darles respuesta oportuna.
El problema de fondo es la falta de participación efectiva, formal, de la ciudad, de sus autoridades democráticamente elegidas, en las decisiones relativas al puerto.
La Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) es el ente estatal propietario del terminal que entrega en concesión diversos frentes de transferencia de carga. Depende del Sistema de Empresas Públicas (SEP), holding que agrupa a 22 empresas cuyo propietario o accionista es el Estado de Chile. Están representados en el SEP los ministerios de Hacienda, Economía y Transportes.
EPV, a su vez, está administrada por un directorio de seis integrantes, todos ellos nombrados por el gobierno de turno, que sin duda busca en esos integrantes conocimientos de la trascendencia de la actividad portuaria para la economía nacional.
Por mucha buena voluntad que el mismo SEP y concretamente EPV tengan en la vinculación del puerto y Valparaíso, se echa de menos un nexo formal de esa estructura con la ciudad. En otras palabras, la ciudad sobre la cual recae todo el peso de la actividad portuaria, su Municipalidad, no tiene voz ni voto en las decisiones que tome el señalado directorio. Y no hablemos de lo económico.
Una representación formal de la ciudad en el ente administrador del puerto sería un aporte, más allá de cualquiera consideración política. Se podrían evitar conflictos y resolver muchas inquietudes y dudas como las formuladas por el alcalde Castro.
El tema de la participación de las ciudades puerto en la administración de los terminales ha sido reiteradamente planteado por los representantes de esas comunas, pero sin mayores resultados. Ello es materia de ley y, en buena medida, sería un avance real en la tan necesaria y proclamada tarea regionalizadora.