Esperanzados en que su derecho como estudiantes sea respetado se mostraron los dirigentes estudiantiles de Valparaíso, tras la reunión sostenida ayer con el gobernador regional, Omar Jara.

En la cita se confirmó el apoyo de la autoridad a los estudiantes para el uso del pase escolar durante enero y febrero, pese a los dichos del Presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte Público, Óscar Cantero, quien indicó que solo se aceptará el pase escolar con fines académicos.

Tras la reunión, el gobernador de Valparaíso indicó que "toda persona que tenga su pase escolar vigente tiene derecho a pasaje de estudiante". Además, dejó en claro que aquellos choferes que no cumplan, con lo expresado en el decreto N° 239, serán sancionados.

Por su parte, los dirigentes estudiantiles se mostraron conformes luego de la reunión en la gobernación en la que recalcaron, una y otra vez, que "es un derecho que tenemos como estudiantes y debemos hacerlo cumplir", indicó el presidente de la federación de estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, Jorge Rauld.

FISCALIZACIÓN

Sin embargo, el dirigente aseguró que aún falta por determinar cuáles serán los medios para fiscalizar que los transportistas respeten lo que dice la ley.

Además, culpó al Estado y empresarios del transporte por el conflicto, y a que éste responde "a una lógica en que los interés del Estado y privados evitan garantizar un transporte adecuado".

Si bien, para el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Santa María, José Allende, la reunión tranquilizó los ánimos, para ellos el tema no está zanjado y que lo estará cuando "escuchemos la misma versión por parte de los transportistas".

También criticó los dichos de Óscar Cantero, señalando que "firmaron una acuerdo", por lo que no es aceptable que tengan un doble discurso. "No es posible que recibiendo una compensación económica, condicionen el uso del pase escolar", expresó.

Desde el pasado lunes que se encuentra clausurado el local Sunset Beach de Reñaca, ubicado en el quinto sector del concurrido balneario viñamarino, el cual hasta su cierre congregaba a gran cantidad de turistas, sobre todo jóvenes, que llegaban hasta este recinto para disfrutar de una tarde de verano a través de una serie de actividades que si bien tenían como finalidad entretener a sus clientes, también causaban serias molestias a sus vecinos.

De acuerdo a lo explicado por el director del Departamento de Rentas del municipio de Viña del Mar, Gerardo Casas, el principal motivo de la clausura fue que el local posee una patente comercial de bar y no de cabaret, por lo que las actividades que allí se realizaban no se condicen con el giro que presenta.

"Actualmente no estaban cumpliendo con lo que dice relación a su patente de funcionamiento, según la ley de alcoholes, patente comercial de bar, que permite el consumo de alcohol, pero no estipula sobre autorizar espectáculos de baile, ya que para ello se debe tener patente de cabaret, discoteca o salón de baile, la que en este caso no la posee este establecimiento", precisó.

RECLAMOS DE VECINOS

Un segundo motivo que motivó el cierre fueron las constantes quejas de los vecinos, quienes reclamaban por el alto volumen de la música, situación que también fue recogida por el municipio para concretar el procedimiento. "El Plan Regulador Comunal no permite dicha actividad en esta zona residencial de la zona costera, y ante los constantes reclamos de vecinos del sector, se debió proceder a clausurar el local, ya que estaban infringiendo la ley desde hace tres años a la fecha, por lo que se les hizo un seguimiento, incluso con citaciones al juzgado respectivo por no respetar el giro por el cual habían solicitado la patente".

Uno de los dueños del Sunset Beach, Camilo Figueroa, manifestó a Chilevisión su molestia por esta decisión, precisando que "la gente está parada en su metro cuadrado, no hay pista de baile, solo música ambiental", aunque su socio, Diego Israel, fue más allá, aseverando que "solo nos clausuran a nosotros y la verdad que es bien injusto... es una persecución".

Diez argentinos fueron fiscalizados ayer en el cuarto sector de Reñaca por funcionarios del Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI, constatándose en el lugar que efectuaban un trabajo remunerado, pero sin los permisos correspondientes. Según informó el jefe de la unidad, subcomisario Héctor Muñoz, se procedió a notificar esta situación a la Intendencia Regional, reteniendo además la documentación de los ciudadanos trasandinos hasta que se resuelva su estado. Los jóvenes argentinos se exponen a ser multados, al igual que los responsables que darles empleo.

Javier Ossandón