El Consejo de Administración del Edificio Esmeralda de la Intendencia Regional, integrado por una veintena de servicios públicos que ocupan las dependencias del inmueble estatal, resolvió poner fin al contrato con el actual administrador del inmueble, luego de detectar una serie de anomalías durante su gestión, que data desde el 2008.

En lo medular, una fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) detectó la emisión irregular de facturas, mientras que una auditoría interna por parte del Gobierno Regional reveló, en su informe preliminar, una serie de irregularidades en el pago de cotizaciones previsionales a trabajadores, honorarios y a proveedores, entre otros hechos que aún son materia de investigación.

Por tal motivo, durante la jornada de ayer el equipo jurídico de la Gobernación Provincial de Valparaíso, que preside el Consejo de Administración del edificio, presentó una denuncia ante la Fiscalía Local para investigar los hechos que podrían ser constitutivos de un delito. Por el momento no se han podido precisar los montos comprometidos, situación que deberá ser dilucidada por la auditoría a la ahora saliente administración, en la cual trabaja un equipo de la Unidad de Auditoría Interna del Gore, SII y Bienes Nacionales, por tratarse de un inmueble fiscal.

El gobernador provincial, Omar Jara, confirmó la remoción del administrador Drago Marín Contreras, quien prestaba los servicios de administración a través de una empresa de responsabilidad limitada desde el año 2008.

La autoridad manifestó que el preinforme que se maneja corresponde a una auditoría del último año, sin embargo se revisará la gestión completa del removido administrador, a objeto de determinar si hubo o no un uso irregular de recursos fiscales, provenientes del pago por metro cuadrado de cada una de los servicios públicos que ocupan los 21 pisos del edificio.

"La administración tenía más de siete años y el informe evidencia anomalías que pudiesen constituir algún tipo de falta o delito, y por eso se interpuso una denuncia en la Fiscalía local. La denuncia va dirigida en contra de la administración, atendiendo el informe de esta preauditoría, considerando que habían algunas situaciones que nos parecieron complejas, como el retraso en el pago de las cuotas previsionales de los trabajadores, que tenemos dudas respecto a cuentas impagas a proveedores y algunos cheques girados a una persona natural", comentó el gobernador Jara.

Junto al término del contrato con el cuestionado administrador y a objeto de asegurar la continuidad laboral de los cerca de 30 funcionarios que prestan servicios en la mantención del edificio de la intendencia, se nombró un interinato y se solicitó un pronunciamiento de Contraloría Regional, sobre la forma de administración del recinto.

En relación a la investigación tributaria que realiza el SII, respecto a las dudas surgidas por la emisión de algunas facturas, trascendió que la empresa a cargo de la administración habría incurrido en anomalías, auditoría que sigue su curso y que podría arrojar importantes novedades durante los próximos días.

Por el momento no se han precisado los montos que podrían estar comprometidos.