Cuestionan cambios a la inteligencia argentina
Reforma. Cristina Fernández propuso transparentar los servicios secretos luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Opositores y miembros del Poder Judicial de Argentina cuestionaron ayer la propuesta de la Presidenta Cristina Fernández de "transparentar" los servicios secretos, cuyas deficiencias quedaron en evidencia con la muerte del fiscal que denunció a la Mandataria de encubrir a los iraníes de un atentado a un centro judío.
El alcalde opositor de Buenos Aires, Mauricio Macri, afirmó que Fernández "no tiene autoridad en este tema" y dijo desconfiar sobre cuáles serían las verdaderas intenciones de la Mandataria, que pretende crear una nueva agencia de inteligencia.
Algunos diputados opositores dijeron que constituye una maniobra para distraer a la opinión pública de la muerte del fiscal Alberto Nisman, artífice de la denuncia más grave que haya recibido la Mandataria, y que en realidad profundiza la "politización" de los servicios de inteligencia. La justicia investiga si fue asesinado, se suicidó o fue víctima de un suicidio "inducido".
La Presidenta intentó el lunes retomar la iniciativa política y descalificó la denuncia de Nisman sobre un plan para garantizar la impunidad de iraníes en el atentado en 1994 a la AMIA. También propuso la disolución de la actual secretaría, que depende del Ejecutivo, y crear una Agencia Federal de Inteligencia. "La Secretaría de Inteligencia no va a cambiar con un cambio de nombre... el cambio se va a dar si la política ejerce el poder de otra manera... En los últimos años la secretaría nos transmitió más miedo que seguridad", dijo Macri.
Tras la muerte de Nisman quedó al desnudo la existencia de guerras internas en los servicios secretos. La Presidenta afirmó que la denuncia de Nisman se basó en datos falsos suministrados por un ex jefe de espías que junto a sus colaboradores fue removido en 2014. Insinuó además que ese hombre, identificado como Antonio "Jaime" Stiusso, estaría detrás de lo que ella considera un crimen que tiene como fin último desestabilizar a su Gobierno.
Miembros del Poder Judicial consideraron inapropiado que las intervenciones telefónicas pasen de la órbita de los propios servicios secretos a la del Ministerio Público Fiscal, al considerar que éste no es independiente actualmente y no suele serlo.