Se ha puesto en marcha un proyecto de ley del Ejecutivo destinado a preservar los casinos municipales de siete comunas del país, entre ellos el de Viña del Mar. El proyecto, firmado por la Presidenta de la República Michelle Bachelet, modifica la normativa sobre casinos fijada por la ley 19.995 de 2005, una de cuyas disposiciones daba término a esos establecimientos. La norma implicaba un fuerte daño a los ingresos de esas municipalidades. En Viña del Mar cercenaba el 50 por ciento de sus entradas, 27.000 millones de pesos en 2014. A la vez, materia de principios, daba término a un derecho adquirido por la ciudad originado en una ley de 1928, hecho calificado como una verdadera expropiación por el recordado alcalde viñamarino Gustavo Lorca.

El daño que suponía la aplicación de la norma a partir de fines de este año, incentivó una lucha conjunta de las comunas afectadas y de varios parlamentarios para revertir la situación, requiriendo del Ejecutivo un proyecto de ley modificatorio, lo cual se tradujo en la iniciativa mencionada que debería convertirse en Ley antes del 31 de mayo.

En la propuesta, las licencias de los casinos municipales, que vencían este año, se extienden hasta 2017, pasando luego a homologarse con las vigentes con las de 16 casinos surgidos en virtud de la ley de 2005, lo cual supone que esas casas de juego quedarán sujetas a las regulaciones de la Superintendencia de Casinos. A la vez, las siete comunas, en esas condiciones de dependencia, podrán mantener sus salas de juego por 45 años más, prorrogables por periodos de 15 conforme lo disponga la señalada Superintendencia.

En el periodo de transición que termina el año 2017, se prepararán las bases para licitar la operación de los establecimientos, lo cual será decidido no ya por las respectivas municipalidades, como ha ocurrido hasta ahora, sino que por la Superintendencia.

La nueva ley establece que el 10% de los ingresos de cada casa de juegos irá a la municipalidad y otro 10 al Gobierno Regional. Sin embargo, aquel interesado en explotar el recinto que ofrezca un porcentaje mayor a la municipalidad tendrá un puntaje extra en el proceso de licitación.

En este aspecto es fundamental evitar que el cambio de sistema signifique una menor renta para la ciudad, materia a la cual se debe prestar atención en el proceso legislativo, alta responsabilidad de los parlamentarios regionales.

Así, es importante el trámite parlamentario y la prolijidad en el análisis de la propuesta y de posibles indicaciones para evitar nuevas amenazas e incertidumbres, considerando, además, esos casinos como fuentes laborales y como factor fundamental para el turismo.