Incertidumbre se instala en la educación subvencionada
dudas. Sostenedores plantean inquietudes respecto de los mecanismos concretos con que se aplicará la nueva norma sobre fin a la selección, el copago y el lucro. Crece la preocupación, aunque también hay equipos defensores de la reforma dentro del sector.
Un clima de incertidumbre y cautela tan tupido y persistente como la nubosidad matinal en la costa se instaló en la educación particular subvencionada tras la aprobación de la ley que regula la admisión de los alumnos, elimina el financiamiento compartido (copago) y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.
Y aunque hay sostenedores que defienden la nueva normativa, el cuestionamiento a sus disposiciones parece ser la posición mayoritaria dentro del sector, a juzgar por las declaraciones de sus principales agrupaciones, como la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide) y la Asociación de Colegios Particulares de Chile (Conacep).
A ellos se sumó el Área de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, que planteó que la "la inmensa mayoría de las comunidades educativas" vio en los contenidos de la ley "una serie de normas que en su conjunto ponía en riesgo la libertad de enseñanza, expresada en la pluralidad de proyectos educativos, la libertad de los padres de familia a elegir la educación de sus hijos, la autonomía de gestión y los derechos patrimoniales".
uNIVERSO REGIONAL
La nueva normativa genera especial atención en los hogares de la Región de Valparaíso, donde según estimó el presidente regional de Conacep, José Valdivieso, durante la tramitación del proyecto, 670 de los 1.279 establecimientos educacionales existentes son particulares subvencionados, a los que asisten alrededor de 200.000 de los 348.000 alumnos que conforman la matrícula total de la zona, y donde trabajan 21 mil docentes y 11 mil asistentes.
"El 78% u 80% de los colegios particulares subvencionados (CPS) nacen y se mantienen bajo la política de emprendimiento privado con fines de lucro, independientemente de si son gratuitos o con financiamiento compartido", sostuvo el directivo en esa oportunidad, y agregó que la gran mayoría de los planteles del 20% restante son corporaciones o fundaciones religiosas. "Si separamos a los colegios laicos de las entidades religiosas, podríamos hablar que más de un 90 % de los CPS tienen fines de lucro", refirió, dimensionando el universo involucrado en la reforma.
Hoy, el dirigente de Conacep y sostenedor del Colegio Hispano de Villa Alemana, sostiene que casi la totalidad de la norma "se refiere a cómo eliminar la subvención de nuestros colegios y no dejar ninguna posibilidad de autonomía a aquellos que se obliguen a estatizarse y ceder sus patrimonios a fundaciones o corporaciones educacionales" . En ese contexto afirma que la reforma "poco tiene que ver con la inclusión, ya que finalmente sólo quedarán colegios administrados por el Estado y particulares pagados, generando una enorme brecha de calidad y recursos entre ambos sistemas".
En el aspecto financiero, señala que el copago o colegiatura se congelará y se rebajará paulatinamente en un periodo de 15 años a medida que aumente en el mismo monto la subvención. "En buenas cuentas, se congelarán por un periodo de largo plazo los recursos financieros disponibles. La gratuidad que tanto anhelábamos no era tan cierta, como tampoco los recursos económicos similares a países desarrollados"
Valdivieso dice que con esta legislación "nuestros colegios han sido acorralados hasta el punto de transgredir nuestros derechos y obligarnos a particularizarnos o cerrar. Muy pocos podrán acceder a las nuevas condiciones de estatización. En las últimas encuestas más de un 60 % de establecimientos no podrán continuar con este nuevo régimen estatal".
INCERTIDUMBRE
"Quedé algo decepcionado por la aprobación de la reforma porque a corto o largo plazo nos afectará. Vi con tristeza que lo que se pretende es la eliminación de los colegios subvencionados para hacer crecer la educación pública", dice el rector del Colegio Carlos Cousiño de Valparaíso, Sergio Ramírez.
El colegio tiene una matrícula de 900 alumnos cuyos apoderados, con excepción de los becados, cancelan un copago de $40 mil al mes. Su sostenedora es la Sociedad Formadora de la Infancia y la Adolescencia, corporación de derecho privado sin fines de lucro cuya creación se remonta a 1889.
Por eso no tendrá que cambiar su situación jurídica y tampoco se transformará en particular pagado, ya que así lo establecen sus objetivos y estatutos.
El rector encuentra que hasta ahora no está muy claro cómo se implementará el paulatino reemplazo del copago de los apoderados por el aumento de la subvención estatal a contar del 2016, o si se verán afectados los ingresos que actualmente recibe el establecimiento, que "aun con toda la morosidad que a veces existe, igual nos favorecen".
Para las 60 a 80 vacantes que normalmente tiene en el año, el Colegio Carlos Cousiño registra una demanda promedio de entre 150 a 200 postulantes. "Antes hacíamos una selección, pero hemos ido privándonos de eso porque ya no podemos hacer ni entrevistas a los papás ni a los alumnos", refiere el rector.
ADECUAR ESTATUTO
La Sociedad Sostenedora Inversiones Monte Sol es responsable del colegio Montesol de Quilpué, que tiene 400 alumnos que cancelan el máximo de copago, $84 mil mensuales por estudiante. Y aunque técnicamente es una entidad con fines de lucro -"solo porque crear una fundación o corporación era un proceso demasiado largo", dice el representante, Alfredo Ardouin-, sus encargados apoyan la reforma y ya tienen hoja de ruta para lo que viene.
Ya antes de que se aprobara la nueva normativa, informaba a la comunidad educativa que ante ese probable escenario "nuestro colegio mantendrá su condición de particular subvencionado, para lo cual adecuará su estatuto jurídico a una figura sin fines de lucro, en el plazo que establezca la Ley".
"Creemos que este es el camino más coherente con los sueños y valores que inspiraron la creación de nuestro colegio, y que permitirá mantener y desarrollar los aspectos esenciales de su actual proyecto educativo", agregaba, junto con puntualizar que "transitará gradualmente hacia la gratuidad, es decir, reduciendo anualmente los montos de copago", en concordancia con la ley.
sE REQUIERE CLARIDAD
La mirada de los sostenedores del Colegio San Ignacio de Viña del Mar, Mónica Verschae y Claudio Díaz -directora de Educación Media y rector del plantel-, es mucho más crítica y con una fuerte incertidumbre.
"El término de la selección es lo que menos nos preocupa, aunque el año pasado más del 70% de los egresados quedó en universidades tradicionales y también hubo quienes optaron por institutos. Lo más preocupante para nosotros dice relación con las normas sobre lucro y copago" plantea el rector, quien es profesor, magíster en Educación con mención en Administración y Gestión Educacional; supervisor y administrador educacional.
Díaz expone que el copago promedio en el colegio, cuya matrícula es de más de 800 alumnos, es de $70 mil mensuales por estudiante y recibe una subvención estatal del orden de los $40 millones al mes, monto que cubre el 60% de los sueldos del personal, los cuales, sumados a los costos de administración, representan un gasto superior a los $70 millones al mes. "Si dependiéramos exclusivamente de la subvención, el colegio tendría que cerrar mañana mismo, no podríamos funcionar sin el copago", señala.
El rector no visualiza problemas a la hora que el Estado reemplace el copago en los colegios que cobran menos de $50 mil, pero en aquellos en que es superior a esa suma, que representan el 10% de los planteles del sector, considera que la situación será más compleja. "No hemos encontrado una respuesta que sea efectiva, real y proyectada en el tiempo, porque la Presidenta dijo que se iba a devolver peso a peso lo que se descontara, ¿pero ese peso a peso cuánto va a durar? Si nos limitan los ingresos no podríamos funcionar como lo estamos haciendo. Necesitamos tener esa claridad".
TRASPASOS Y CRITERIOS
La misma claridad, agrega, se requiere para efectos de los valores y procedimientos que regirán la compra y/o arriendo de locales, en alusión a la polémica fórmula que fijaba el avalúo fiscal en lugar de valor comercial de los inmuebles como base para estas operaciones.
A los sostenedores también les parece por lo menos controversial que se vean obligados a traspasar la propiedad de los bienes a una corporación o fundación sin fines de lucro, y que en virtud del listado de usos para fines exclusivamente pedagógicos en que se pueden gastar las subvenciones se lentifique la toma de decisiones educativas y administrativas en los colegios, cosa que según opina Claudio Díaz está en el origen de los problemas que aquejan a la educación pública, donde los directores deben consultarlo todo a las corporaciones o direcciones de educación municipal.
"Con las once medidas de la prohibición al lucro vamos a pasar a ser administradores públicos. Vamos a depender de una superintendencia, del Ministerio de Educación y hasta se les fijaría un sueldo 'razonable' a los sostenedores. Si usted desea hacer algo que no está contemplado en esas medidas, debe pedir la autorización a la Superintendencia y ellos le van a decir si lo puede hacer. Ellos van a determinar si lo que se está haciendo es pedagógico o no", describen, y recalcan que "no tenemos claridad sobre cómo vamos a tener que administrar el colegio a partir de esta ley".
Aseguran que no están contra la reforma. "El ideal sería que la educación fuese gratuita y los apoderados se pudieran liberar del pago, siempre y cuando eso se haga dentro de una racionalidad operativa que aquí no se ve, porque estamos trabajando en base a supuestos" referidos a la aplicación de una ley nueva que va a regir la educación en Chile. Sólo cuando las interrogantes se aclaren y se conozcan los reglamentos pertinentes, agrega Claudio Díaz, podrán adoptar decisiones informadas.