Las ciudades son muchas veces víctimas de ellas mismas, en donde los factores endógenos causan tanto perjuicio como los exógenos. Valparaíso es un caso bien ilustrativo y ejemplos sobran. La ciudadanía hace mención de la inseguridad, los perros vagos, la basura, grafitis, falta de civismo, etc. No es necesario ser muy suspicaz para constatar que aquí no hay estructuralmente ni liderazgo, ni voluntad, ni fiscalización.

Tomemos solo un ejemplo y al alcance de todos: la polución acústica (tambores nocturnos y bocinazos), cuya solución nada tiene que ver con una falta de recursos.

La Constitución Política, artículo 19 Nº 8, asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, incluyendo la acústica. Lo que pasa en Valparaíso con los tambores nocturnos, que duran toda la noche, y las fiestas alcoholizadas son una bofetada a cualquier criterio cívico y una infracción flagrante a la ley. Como cada Municipalidad regula a través de ordenanzas y estas son normas obligatorias aplicables a la comunidad, en Valparaíso tenemos la ordenanza No 340. En su articulo No 2 queda prohibido producir, estimular o provocar ruidos molestos que perturben la tranquilidad o reposo de la población. En su articulo No 3 se prohibe la música y la algarabía en la vía publica después de las 23 horas y se prohibe producir música pública que pueda ser percibidos por los vecinos. Letra muerta. Toda una población agredida por tan pocos, sin límite y tolerancia.

Respecto de los bocinazos propinados por la tradicional conducta irresponsable de los microbuseros, pueden generar dolor de cabeza, insomnios, defectos auditivos, tensión nerviosa, alteraciones del ritmo cardíaco, estrés, alteraciones mentales, tendencia a actitudes agresivas, riesgo coronario, hipertensión arterial, etc.. La fiscalización de estos atentados a la salud pública está a cargo de inspectores municipales y de Carabineros y las infracciones son sancionadas con tres UTM. Letra muerta.

En síntesis un ejemplo de leyes, reglamentos, ordenanzas que fueron dictadas para mejorar la calidad de vida, pero como tantas otras, no sirven para nada y a vista y paciencia de quienes deben velar por una ciudad mejor, pero que nada hacen para que ello suceda y menos cuando la autorregulación y el respeto al prójimo es algo de lo que solo se habla pero que no se practica.

Jaime LLambías Wolff

Los parlamentarios integrantes de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, René Manuel García, Leopoldo Pérez y Clemira Pacheco , han insistido que en el caso de aprobarse un subsidio para la operación del Transantiago debe existir una compensación a las regiones similar al monto asignado a la capital.

Lo anterior ante el anuncio oficial del estudio de un nuevo apoyo económico al polémico sistema de transporte de Santiago que ya cumple ocho años en operación, en un escenario de altas inversiones y de generalizadas quejas de los usuarios. Cada vez que se han entregado nuevos recursos a ese sistema, se ha destinado una cantidad de dinero similar para ser invertida en regiones en un acto de lo que se podría llamar "justicia territorial".

La Seremi de Transportes ha informado que esos recursos, conocidos como Ley Espejo, reflejo de lo que se gasta en Santiago, ascienden en el presente año para la Región de Valparaíso, a 15 mil millones de pesos. Estos deben ser destinados a proyectos del área de transporte de acuerdo a decisión que, en último término, toma el Gobierno Regional.

Las inversiones pueden tener un destino de subvención a las tarifas del transporte público y también al mejoramiento de la infraestructura vial. Es así, como de acuerdo a lo expresado por el intendente regional (s) Omar Jara, se acometerá la repavimentación de la avenida España.

Es posible que, independientemente de lo anterior, por la vía legal aparezca un nuevo subsidio al Transantiago, lo que debería significar, conforme lo expresado por los diputados mencionados, "recursos espejo" para regiones. Puntualizaron que si no es así, no se aprobaría la propuesta oficial.

La posición de los parlamentarios es de plena justicia, pues es una realidad que se gasta demasiado en el transporte capitalino. En 2009 se aportaron US$ 3.460 millones y por ley de 2013 se aprobó un subsidio permanente que entrega el sistema US$ 725 millones anuales hasta 2022.

A los costos del Transantiago se suman las constantes obras de ampliación del Metro capitalino.

Así, es lógica la simetría en la entrega de recursos ya que implica un mejoramiento en el transporte general de las regiones. Por un lado, se ayuda a la conectividad de zonas apartadas y, por otro, se estimula en zonas urbanas la calidad de vías y transporte público reduciendo el uso de vehículos particulares, limitando la congestión y contaminación.