Un suboficial de Carabineros identificado como Rigoberto Candia (47), murió ayer tras ser hallado con un disparo en la cabeza en la ruta que une el poblado fronterizo de Ollagüe con Calama, en circunstancias que aún no han sido aclaradas.

El uniformado fue encontrado en el camino a las 10.30 de la mañana por personas que transitaban por la ruta, quienes dieron aviso al retén de Ollagüe, del que era funcionario Candia.

El carabinero fue trasladado hasta la posta rural del lugar donde falleció alrededor del mediodía.

Un equipo de la Labocar se instaló ayer en el poblado fronterizo con Bolivia para comenzar junto a la fiscalía la investigación que buscará esclarecer las circunstancias de la muerte del funcionario.

"Respecto de los hechos que rodean el contexto general, estos antecedentes comenzaron a ser investigados. El equipo investigativo tanto de Carabineros como del Ministerio Público están llegando al lugar y una vez se analice el sitio del suceso vamos a poder saber cómo fueron los hechos que rodearon el lamentable fallecimiento de este suboficial", dijo el comandante Álex Chaván, jefe (s) del Departamento de Comunicaciones de Carabineros en declaraciones citadas por Cooperativa.

Las autoridades locales no han descartado que los hechos se hayan producido durante un procedimiento por droga.

Candia habría salido a fiscalizar a dos personas que estaban en la ruta donde fue encontrado, que habrían estado ingresando droga al país.

Según consignó SoyCalama, el carabinero habría ido a controlar a los individuos en una camioneta prestada por una constructora, porque no habría estado disponible el vehículo del retén. Según la información que se maneja, al fiscalizar a los hombres se habría iniciado un forcejeo y le habrían quitado su arma al funcionario policial, con la que le habrían disparado.

El canciller peruano, Gonzalo Gutiérrez, afirmó ayer que está a la espera de la respuesta chilena a la nota diplomática que envió su país el viernes pasado por el supuesto caso de espionaje que involucra a tres suboficiales de la marina peruana que habrían colaborado con Chile.

Gutiérrez indicó que su país está a la espera de una "respuesta que sea constructiva, precisa y que satisfaga la solicitud de información" de Perú.

El líder de la diplomacia peruana manifestó que no le preocupa el tiempo que se está demorando la respuesta chilena, porque se trata de "un proceso normal".

Identidades

El canciller limeño aseguró que Chile recibió los nombres de los presuntos militares chilenos que habrían contactado a los marinos peruanos. "Esa es una información que ha sido transmitida adecuadamente", afirmó Gutiérrez.

Gutiérrez dio estas declaraciones a la prensa después de haber ido, junto al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, a informar a la Comisión Permanente del Congreso sobre la denuncia de presunto espionaje atribuida a tres suboficiales de la Marina.

Luego de participar en esa sesión, que fue privada y se extendió por más de cuatro horas, el canciller peruano manifestó que "se han hecho preguntas, hemos respondido y creo que hemos dejado muy en claro cuál ha sido el trabajo que se ha realizado sobre la materia".

Gutiérrez calificó de "fehaciente" la información que le entregaron al Congreso, que aseguró que la recibió positivamente.

Gutiérrez subrayó que el Ejecutivo también tiene el deseo de que una relación constructiva con Chile se realice "en base a la transparencia". Con respecto a la estadía del embajador de Perú en Chile, Francisco Rojas, en la capital de su país, el ministro señaló que por ahora "va a permanecer en Lima".

La Corte Militar Policial peruana investiga a tres suboficiales de la Armada por presuntamente filtrar información a empresarios pesqueros italianos que, según se ha dicho, habrían sido en realidad oficiales de la Armada de Chile.

El seremi de Vivienda de O'Higgins, Wilfredo Valdés, aseguró ayer que continuará en su cargo y rechazó tener algún tipo de vínculo con Caval, esto a raíz del caso originado por la controvertida venta de terrenos en Machalí a la empresa, de la cual la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, es dueña del 50%.

Valdés había sido acusado por el exseremi de Vivienda de la misma región, Wladimir Román, de haber entregado información a Caval sobre los cambios en el uso de suelo del plano regulador de la comuna de Machalí.

Dicha información le habría permitido a Caval, según las acusaciones de la exautoridad, desembolsar $ 2.500 millones por la venta de los terrenos, que fueron comprados en $ 6.500 millones y vendidos en $ 9.500.

El caso fue denunciado por RN a la Fiscalía, que incautó el computador del seremi mientras él se encontraba de vacaciones.

"Yo me mantengo"

Valdés negó ayer que fuera a dejar su cargo por dichas acusaciones. "Yo me mantengo en el cargo en la medida que mis superiores confíen en mí, que yo cuente con su confianza y estemos desarrollando un buen trabajo", afirmó la autoridad de Gobierno en entrevista con 24 Horas.

Valdés tasó los terrenos del negocio en compañía del socio de la empresa, Mauricio Valero, antes de ser nombrado en su cargo y cuando ejercía como tasador.

"Mi único rol en toda esta situación es haber tasado un terreno durante mi desarrollo en el mundo privado para un banco, que finalmente ni siquiera dio el crédito. Por lo tanto, no tengo nada que ocultar respecto a eso y nada que me preocupe al respecto", aseguró Wilfredo Valdés.

Desde el Ejecutivo, el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, confirmó la continuidad de Valdés en su cargo. "Toda autoridad de Gobierno en la medida en que se mantenga en su cargo, obviamente cuenta con el apoyo del Gobierno", afirmó ayer el vocero de La Moneda.

El exasesor de Caval Sergio Bustos, quien presentó una demanda contra la empresa por el pago de 14 sueldos tras su desvinculación, no logró llegar a un acuerdo durante la preparación del juicio laboral que se realizó ayer. "No se llegó a un acuerdo. La magistrada propuso un monto ($ 38 millones) y nosotros estábamos de acuerdo, pero la otra parte no aceptó", dijo la abogada de Caval, Grace Álvarez. Bustos exige el pago de $ 200 millones. El caso deberá zanjarse en un juicio que quedó fijado para el 6 de abril.

Carolina Collins