Los integrantes del Consejo Regional de Valparaíso expresaron su indignación y el más absoluto rechazo al resultado de la fiscalización, tras ser notificados de los millonarios montos que deberán devolver tras una auditoría realizada por la Contraloría de la República. El informe da cuenta de anomalías en el pago de dietas por asistencia, tras detectarse que algunos personeros no estuvieron presentes en todas las votaciones de las sesiones plenarias, y además instruye restituir recursos cancelados por concepto de combustible, estacionamientos, viáticos por viajes y arriendo de inmuebles.

Tras ser notificados por la División de Administración y Finanzas (DAF) del Gore respecto a los montos que deberán restituir, los consejeros evidenciaron molestia por los descuentos, encarando incluso al intendente regional, Ricardo Bravo, respecto a que con ello se 'avalaban los errores' que contendría el informe evacuado por el órgano contralor, que auditó los gastos entre 2013-2014, por lo que incluye dos administraciones.

Entre los cores más afectados por la restitución de dietas y otro tipo de reembolsos recibidos están Manuel Millones (UDI) y Percy Marín (RN). Según el informe, deben reintegrar más de 4 millones de pesos cada uno, mientras que el consejero Iván Reyes (RN), 3 millones 300 mil.

Entre los exconsejeros se cuenta a Daniel Paredes, con 3 millones 200 mil pesos y Juan Ibacache, con 2 millones 400 mil pesos.

El cuerpo colegiado formó una comisión para realizar los descargos ante Contraloría, sin descartar acciones judiciales, ya que consideran que el organismo se 'excedió' en sus atribuciones fiscalizadoras. Con la notificación comenzó a correr el plazo legal para hacer efectivos los descuentos, en el caso de los cores en ejercicio.

Tras ser duramente cuestionado en el pleno por seguir adelante con el proceso administrativo de las notificaciones y realizar los respectivos cálculos por parte del DAF, el intendente Bravo sostuvo que se acató la 'instrucción' por parte de Contraloría, en relación a que 'tenemos que cobrar', por ser 'un órgano del Estado que tiene potestad'.

'No hagamos de este acto administrativo un hecho político', argumentó Bravo, en medio de una serie de requerimientos al ejecutivo del Gobierno Regional.

El consejero Roy Crichton se refirió en fuertes términos al polémico informe. Sostuvo que 'en cinco años y medio jamás he faltado a una sesión plenaria, esto daña el patrimonio y la integridad de las personas'.

Para Manuel Millones, uno de los más afectados con la auditoría, la Contraloría 'se ha excedido en sus atribuciones y ha provocado un daño irreparable al Consejo Regional, con un informe parcial y carente de objetividad , dado que desconoce la ley y hace un interpretación errónea de la normativa, lo que da cuenta de un sinsentido y conlleva a esta aberración jurídica de aplicar descuentos a consejeros por ausentarse transitoriamente del pleno para ir forzadamente al baño, es un sinsentido y un descriterio. Formamos una mesa con el contralor general, para subsanar este conflicto, y que va a derivar en los tribunales de justicia y en una queja formal'.

Millones argumentó que 'corresponde un sumario y (que) se sancione al intendente y al jefe de Administración y Finanzas en su calidad de superior jerárquico y responsable del pago de las asignaciones a los cores, en el entendido que quienes autorizan y fijan los reembolsos son ellos y no los cores'.

Percy Marín, otro de los cores afectados, sostuvo que 'hay una interpretación absolutamente errónea de la ley que a nosotros nos rige. Muchos de los actos que aprobamos en las sesiones donde supuestamente nos ausentamos, si no hubiésemos estado en sala, esos acuerdos no se habrían alcanzado. Si Contraloría estima que no estuvimos, quiere decir que todas las aprobaciones donde hubo transferencia de recursos para municipios, para que ejecuten proyectos o están para toma de razón, todos esos actos debiesen ser nulos'.

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