Intendencia y Consejo Regional
La Constitución de 1925 establecía la existencia de Asambleas Provinciales destinadas a asesorar al intendente "en la forma que determine la ley". Pero la ley del caso nunca existió y la buena intención descentralizadora y participativa de esas asambleas quedó solo en el papel.
La Constitución de 1980 rescató el concepto y estableció los Consejos Regionales de Desarrollo. De hecho, funcionaron integrados inicialmente por representantes de las Fuerzas Armadas y de organismos públicos y privados. Esas entidades tenían también por objeto asesorar al intendente. Posteriores modificaciones democratizaron los consejos (Cores), entregando la designación de sus integrantes a las municipalidades. Se avanzó en esa democratización hasta llegar a la designación popular directa de los consejeros, lo que se hizo, por primera vez, en la última elección municipal.
Con su estructura actual, los Cores están llamados a ser decisivos en la tan necesaria descentralización del país. Actualmente constituyen el llamado Gobierno Regional y tienen facultades relevantes, como administrar un presupuesto de alto monto, la posibilidad de formular proyectos y otras funciones de alcance regional.
Con todo, son organismos nuevos, que deben buscar legitimidad más allá de las leyes que los establecieron y que norman su funcionamiento. Se podría decir que aún son lejanos para la población, contrariamente a lo que ocurre, por ejemplo, con las municipalidades y sus concejos.
Por todo lo anterior, por la importancia y proyección de sus tareas, es necesario que su funcionamiento sea transparente y se coordine, manteniendo la independencia, con el intendente, representante del Ejecutivo, dotado también de importantes facultades y jefe del aparato administrativo local.
En nuestra región las funciones del Gobierno Regional no han estado exentas de problemas, a partir de casos de corrupción bajo distintas administraciones, casos algunos ya sancionados y otros en conocimiento de la justicia. Estas situaciones, sin embargo, no deben hacer perder la meta de trabajo tanto del Core como del intendente: el desarrollo regional. Lamentablemente, ello tropieza en una tensa relación -"pésima", se afirma- entre el intendente y Consejo Regional.
Desde el punto de vista del bien común, esta situación es inaceptable. Hay desafíos como reconstrucción y sequía. Urge que las partes en conflicto busquen puntos de acuerdo y destraben desencuentros. La mantención del conflicto es paralizante, pues afecta un frente de trabajo público importante, y también es una gota más de combustible para la hoguera en que arde la apreciación ciudadana de la política y los políticos.