Los trabajadores portuarios de Valparaíso, agrupados en la Coordinadora Marítima Portuaria, dieron ayer por fracasada la mesa de diálogo que se había instaurado para llegar a un acuerdo en el tema de las "cargas limpias" y pidieron la renuncia del presidente del directorio de EPV, Raúl Urzúa; el gerente general de la estatal, Gonzalo Davagnino; y la directora ejecutiva del Sistema de Empresas Públicas (SEP), Cristina Orellana.

Al justificar su radical postura, el vocero de la Coordinadora, Sergio Baeza, señaló que se sienten "engañados" por los directivos tras la última reunión que sostuvieron entre las partes y que data del 27 de marzo pasado en las oficinas de la estatal.

"En este encuentro el gerente Gonzalo Davagnino leyó una carta enviada por el director del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) al presidente de EPV, en la cual se indicaba que no se podía aforar en el puerto, ellos se comprometieron a entregarnos una copia con el fin de que nosotros la pudiéramos analizar", manifestó el dirigente, quien señaló que, pese a insistir en la solicitud, el documento no fue facilitado lo cual derivó en la drástica determinación.

"No comprendemos y creemos que la carta no existe, por lo que solicitamos la renuncia de ellos ya que estamos cansados de ser engañados", puntualizó además el presidente de la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile, Cotraporchi.

CONSULTA AL SAG

El dirigente explicó que la Coordinadora solicitó por ley de transparencia todos los antecedentes respecto de cargas limpias en poder del SAG, y que en los documentos que recibieron no se encuentra la carta de ese organismo a EPV que señala que no se puede aforar en los recintos portuarios.

"Pero sí hay una carta de respuesta enviada por Sartori a TPS donde confirma que es posible aforar las cargas SAG en el puerto y que EPV debe coordinar", manifiesta la Coordinadora, a través de una declaración pública.

Ante esto, los trabajadores dieron por fracasada la mesa negociadora que se había formado para discutir una salida a la problemática.

"La mesa de diálogo fracasó. Con la EPV estábamos trabajando bien pero no podemos estar aguantando que nos engañen, si existe la carta porque no la entregan", dijo Baeza quien recalcó que durante la próxima semana estudiarán la posibilidad de realizar movilizaciones.

Por su parte la empresa portuaria no quiso referirse al tema.

OTROS ACTORES

El tema de las cargas limpias no solo involucra a los portuarios sino que también a otros actores que se han visto perjudicados por la actual situación. Las Empresas Movilizadoras para el Apoyo a la Fiscalización (EMAF) fueron las primeras que se vieron afectadas porque al trasladarse el aforo de la Zona de Extensión y Apoyo Logístico (ZEAL) al puerto, perdieron una gran cantidad de puestos de trabajo.

Esa situación la hicieron patente a fines de marzo cuando a través de una declaración pública manifestaron que "nunca los trabajadores portuarios han hecho los aforos, los aforistas somos nosotros y nuestras empresas (EMAF), que existimos desde los años 70, cuando se masificó el uso de contenedores en los puertos del mundo; primero operando en la Puerta Varas, luego en el sector Barón y luego en la ZEAL.

Esta última entidad también manifestó su punto de vista respecto al tema, enfatizando que la decisión de aforar en el puerto atenta contra el concepto global que dio origen a la ZEAL. "No nos parece que eso sea conveniente para el puerto porque se pone en riesgo su capacidad, se está desarmando algo que ha demostrado ser eficiente", dijo en su oportunidad el gerente general de la concesión, Enrique Morales.

Lo cierto es que por ahora no se vislumbra una salida al tema. Al contrario, parece agudizarse.

En el marco de la asamblea de camioneros realizada ayer en Valparaíso se constató que el problema de las "cargas limpias" no solo es un problema local, lo que acrecienta la posibilidad de una movilización a nivel país. "En Iquique no se ha hecho nada, en Talcahuano está en proceso, San Antonio está al cien por ciento y en Valparaíso estimamos que está en un 85%, restando solo las cargas del SAG. Esto tiene que estar resuelto el lunes o martes; de lo contrario, la directiva está en libertad de acción", dijo el presidente regional del sector, José Egido.

Claudio Ramírez

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) confirmó ayer el acuerdo para una propuesta legislativa que regule la residencia, permanencia y tránsito en Isla de Pascua, así como un nuevo régimen de coadministración del parque nacional que responde a una demanda que por años ha reclamado el pueblo rapa nui. El acuerdo surge en medio de fuertes conflictos ocurridos en las últimas semanas en dicho territorio insular. Respecto de la ley de control migratorio, se plantea la creación de un consejo autónomo, con participación de la autoridad pública y las organizaciones de representación de la isla, que tendrá facultades para definir la carga máxima poblacional.