Ante la impaciencia de los damnificados
Es una realidad que hay serios cuestionamientos al proceso de reconstrucción tras el gigantesco incendio que afectó varios cerros porteños en abril del año pasado, destruyendo más de tres mil viviendas.
En primera línea están las quejas de afectados que esperan la recuperación de sus hogares y barrios. Y de ahí parten críticas que tocan tanto a la Municipalidad de Valparaíso como a organismos del Estado.
En esa dirección aparecen las objeciones formuladas por el diputado de Amplitud, Joaquín Godoy, quien criticando el avance de la reconstrucción hace un cuestionamiento a la gestión del delegado presidencial designado para materializar ese proceso, para lo que se cuenta con un presupuesto de 510 millones de dólares. Critica Godoy la gestión y el costo de la delegación, que ha destinado a honorarios, afirma, 420 millones de pesos a febrero de este año. Sostiene que "(…) es el momento de evaluar a quienes están a cargo".
El delegado, Andrés Silva, nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet, responde que Godoy no conoce la realidad de Valparaíso y que el objeto de la delegación no es "reemplazar a los servicios, sino que nuestra función tiene que ver con cómo logramos que este plan extraordinario pueda materializarse".
Silva, entretanto, recibió el apoyo del senador oficialista Ricardo Lagos Weber. A la vez, hay observaciones a su labor de Roberto León (DC), presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara, quien criticó la lentitud de la delegación.
Es inevitable que el tema pase al escenario político, pero lo fundamental es avanzar en la reconstrucción, reconociendo que es compleja pues enfrenta problemas administrativos, de recursos, de terreno y legítimos sentimientos humanos.
Cabe preguntarse, entonces, hasta qué punto es necesaria la institucionalidad de un delegado presidencial, no solo para Valparaíso, sino también en Iquique o la que funcionó hace ya algunos años en Chaitén.
El Estado tiene una estructura administrativa con recursos y técnicos que pueden afrontar cada uno de los problemas que encierra la complejidad de una emergencia de magnitudes, tanto en el nivel central como en el regional. Sin embargo, frente a este tipo de situaciones se hace necesaria una coordinación de todos esos servicios, tarea en la realidad difícil, pues hay un cruzamiento de facultades y normativas.
Entonces, y frente a estos cuestionamientos, bueno es que a nivel país se analice el cómo se enfrenta este trabajo y otros que puedan venir. Por ahora, bueno es concentrar todos los esfuerzos en solucionar las complejidades de los más de 3 mil afectados por el megaincendio.