Opiniones divididas generó entre algunos concejales de los municipios de Valparaíso y Viña del Mar la iniciativa presidencial que busca prohibir que los ediles trabajen en otras municipalidades o corporaciones distintas a las que representan, con el fin de evitar conflictos de interés al interior del servicio público.

El primero en criticar la propuesta fue el concejal de Viña del Mar, Jaime Varas (UDI), asegurando que "las medidas que buscan mejorar los niveles de transparencia van en la línea correcta, de lo que todo el país quiere con respecto a su clase política, y es un ámbito donde todos los sectores nos tenemos que sumar".

Agregó que "me llama la atención el hecho de que se comiencen a colocar trabas para que los concejales puedan trabajar. La gran mayoría de los concejales en Chile están en el servicio público por una verdadera vocación y no por el sueldo que reciben; es más, muchos ediles viven prácticamente de lo que ganan como concejal más algún trabajo en algún ámbito del servicio público", precisó el edil viñamarino.

A su vez, Varas hizo hincapié en que "si queremos separar la política del ámbito privado o de los negocios, hagámoslo bien y entregando herramientas para que los concejales no tengan que optar por el camino de la privatización. Hago un llamado a los parlamentarios para que estudien bien este punto y busquen alguna forma de llegar a un consenso para mejorar, permitiendo que los concejales trabajen en organismos públicos que no tengan relación con la municipalidad a la cual representan o entregar otro mecanismo en base a un posible aumento de dieta".

Opinión que comparte su colega en el concejo de la Ciudad Jardín, Laura Giannici (DC). "Es complicado porque los concejales no ganamos lo mismo que los diputados y senadores, pero es un tema para analizar, ya que si uno trabaja en lo privado de igual manera va a terminar en una empresa perteneciente a los mismos grupos de poder que son los dueños de todo el sector privado de este país".

voces a favor

Por otro lado, las concejalas de Valparaíso, Paula Quintana (PS) y Ruth Cáceres (RN), se mostraron a favor de la propuesta presidencial.

"Estoy de acuerdo porque pueden presentarse conflictos de intereses entre las distintas comunas y ahí el concejal debiese tomar una definición de apoyar al municipio que está trabajando o al que está representando", opinó la edil.

Mientras que Ruth Cáceres dijo que "un concejal no puede trabajar para fiscalizar a la municipalidad y además trabajar por la corporación, y la ley lo prohibe desde el 1 de abril de 2014".