Definitivamente, las figuras públicas regionales más conocidas son los alcaldes. Así lo revela la encuesta realizada por GfK Adimark para la Fundación Piensa. Los resultados del estudio, que cubre amplios campos sobre política y apreciación ciudadana de diversas autoridades, fue publicada en la edición dominical de este Diario y, como era de esperar, generó diversas reacciones entre los evaluados, coincidiendo algunos en que se debe trabajar más para mejorar las calificaciones ciudadanas, y otros señalando que los números que valen son aquellos que muestran las urnas que los han elegido.

En cualquier caso, es un hecho que las evaluaciones no son muy satisfactorias tanto para los parlamentarios regionales, solo uno con nota superior a 5, como para las autoridades designadas por el Ejecutivo, esto es intendente y gobernadores provinciales. Al existir ante esas figuras conocimiento público sobre su gestión, se podría afirmar que las calificaciones están basadas en opiniones fundadas.

Pero un punto importante del estudio es el conocimiento público que en cada una de las 10 comunas analizadas existe de los respectivos alcaldes. Así, las calificaciones de su labor fundamentadas en apreciaciones personales, justas o injustas, son importantes para el trabajo de esas autoridades.

Las mejores calificaciones corresponden a los alcaldes de Quillota, Luis Mella (DC), 6, y Virginia Reginato (UDI), Viña del Mar, con un 5,6. Por su parte, Jorge Castro (UDI), alcalde de Valparaíso, logra solo un 3,3, y el peor evaluado es Mauricio Navarro (DC), Los Andes, con un 2,6.

Pero aparte de los jefes comunales aparece una calificación importante: calidad de los servicios municipales. En ese rubro, entre otras comunas, Quillota muestra un promedio de 5,4; Concón, entre 4,9 y 5; Viña del Mar, entre 4,5 y 4,8; y Valparaíso, entre 3,5 y 3,7.

Este último aspecto es fundamental, pues marca la calidad de la relación entre la administración local y las personas, incidiendo directamente en su calidad de vida. Sobre ese punto, atendiendo a la encuesta, es que las municipalidades, autoridades y funcionarios, deben focalizar su atención. Esta materia no es solo cuestión, de recursos, sino que también de disposición, creatividad y efectiva participación.

La encuesta, más allá de observaciones puntuales, es un aporte valioso, una orientación que no se puede eludir o descalificar. Fundamentalmente, entrega herramientas de trabajo a las autoridades, elegidas y designadas, y desapasionadamente analizada contribuye a mejorar la calidad del servicio público y a realizar los cambios que procedan.

La condena por la comisión de un delito no es solamente la expresión del reproche social a sus autores, cómplices o encubridores, sino también la respuesta estatal al conflicto penal.

Entre enero y marzo de este año, la Fiscalía obtuvo un 81,55% de sentencias condenatorias, sobre un total de 336 juicios orales desarrollados de manera pública en los tribunales de la región. En igual periodo de 2014 hubo un 73,33%; en 2013 un 71,66%; y en 2012 un 76,17%. El promedio para el primer trimestre en dichos años fue de 73,72% de condenas, sobre una media de 263 juicios.

Este aumento de condenas en lo que va del presente año, así como la consecuente disminución en el número de absoluciones, es consecuencia de varios factores, entre los cuales está la mejor calidad de las investigaciones penales.

Para lograrlo, en 2011 iniciamos un proceso de revisión de las sentencias absolutorias para extraer de las decisiones y criterios judiciales los insumos para mejorar nuestra labor persecutoria.

Como lo señalamos en enero, durante la rendición de la cuenta pública, la sentencia absolutoria es un dato objetivo, que comenzamos a analizar metódica y sistemáticamente para el perfeccionamiento de nuestra tarea.

Con todo, este cambio de paradigma no podía arrojar resultados inmediatos, y por eso nuestros abogados asesores mantuvieron durante todo este tiempo una rigurosa revisión de todos los fallos.

Entre los variados insumos obtenidos, el contacto de mejor calidad entre el fiscal y la víctima tiene un rol fundamental tanto al inicio como previo al cierre de una investigación, y estamos potenciándolo.

Pero mantener o mejorar la estadística de condenas no es una tarea sencilla, sobre todo en una región que desde 2003 ha sido de las zonas con más juicios orales del país -y este año la número uno-, llevados por casi el mismo número de fiscales durante más de una década.

De hecho, entre enero y marzo de 2012 a 2015 fueron cada vez más los juicios orales bajo estas circunstancias, lo que no se tradujo en un aumento sostenido ni notorio de las sentencias absolutorias.

El aumento de condenas de este semestre no solo es mérito de la mejora de nuestros procesos, sino en gran medida del esfuerzo, perseverancia y compromiso de nuestros fiscales y funcionarios, y del apoyo de las policías y demás organismos auxiliares.

De esta manera, la Fiscalía está cumpliendo con su propósito de contribuir a una mejor respuesta estatal en la solución del conflicto penal, al ofrecer a la judicatura investigaciones de más alto nivel.

Pablo Gómez Niada