Falta de evidencia y elementos de prueba complican las pesquisas en el caso Avilés
judicial. Imágenes son vitales para establecer si hay responsabilidad de policías.
A diferencia de la brutal agresión de la que fue víctima la estudiante porteña Paulina Estay Barrera (20 años), donde las imágenes captadas en plaza Victoria dan cuenta de la desmedida acción policial por parte de integrantes de Fuerzas Especiales, que terminó con la joven con un TEC cerrado y la dura sanción para dos funcionarios, las circunstancias que rodean las graves lesiones sufridas por el universitario Rodrigo Avilés Bravo (28), hasta ahora, no tienen un origen concluyente.
Si bien los padres del joven aseguran que la caída que le generó la severa lesión craneana fue producto de la acción del carro lanzagua de Carabineros, cuando "pistoneaba" a un grupo de manifestantes en el sector de calle Pedro Montt, a escasos metros de la catedral porteña, por el momento no aparece ninguna imagen que pueda aclarar las distintas versiones sobre las causas o responsables de este hecho.
Debido a la trascendencia del caso y las múltiples hipótesis sobre la agresión que habría sufrido el universitario durante la marcha convocada el pasado jueves, producto del mensaje presidencial que se desarrollaba en Valparaíso, el alto mando de Carabineros dispuso de un sumario administrativo interno a objeto de establecer si hay responsabilidad de algún funcionario en este lamentable episodio.
De acuerdo a los antecedentes que pudo recabar este diario, el carro lanzagua que en esos momentos operaba en ese sector de calle Pedro Montt, donde minutos antes se había registrado un intento de saqueo de un local de telefonía Nextel, pertenecía a la dotación de la Prefectura de Fuerzas Especiales de Santiago, que ese día se trasladó a Valparaíso para reforzar la seguridad con motivo de la marcha, cuenta pública y conmemoración de las Glorias Navales.
Dentro de las diligencias realizadas se periciaron las cámaras con que cuentan dichos vehículos, sin embargo se estableció que estos dispositivos no graban imágenes, por lo que no tienen registro del operativo donde eventualmente pudieron ocasionar la violenta caída que sufrió Rodrigo Avilés.
La central de cámaras de televigilancia que se opera desde la Prefectura de Carabineros de Valparaíso tampoco captó en detalle el momento preciso en que el joven se precipitó al suelo y si pudo haber participación de terceras personas en el hecho.
En forma paralela al sumario interno que realiza la policía uniformada, la arista judicial de este caso está en manos de la Fiscalía de Valparaíso.
Durante la visita que realizaron tres ministros al hospital Carlos Van Buren (Educación, Salud y Justicia), donde se interiorizaron del estado de salud del universitario y se entrevistaron con sus padres, la titular de Justicia, Javiera Blanco, declaró que el caso quedaba a cargo del fiscal regional de Valparaíso.
FISCALÍA Y BH
El Ministerio Público precisó ayer que las dos causas relativas a los incidentes del 21 de mayo (casos de los jóvenes Avilés y Estay) son "supervisadas directamente" por el fiscal regional, Pablo Gómez Niada, y quedaron en manos del fiscal jefe de Valparaíso, Cristian Andrade.
Los detalles de las diligencias realizadas se manejan bajo estricta reserva, sin entregar ningún antecedente al respecto, sin embargo trascendió que durante la tarde de ayer el persecutor se reunió con el equipo de la Brigada de Homicidios de la PDI que investiga ambos episodios, a objeto de coordinar una serie de pesquisas.
Cabe consignar que el empadronamiento a testigos del hecho tampoco ha sido clarificador, puesto que existirían versiones contradictorias en las declaraciones obtenidas. Por el momento y debido a la falta de evidencias concluyentes, el caso no ha sido tipificado bajo ningún delito, a la espera de la evolución clínica del lesionado y obtener nuevas evidencias.
Por parte de Carabineros, la vocería de los hechos que involucran a funcionarios se ha realizado desde la Dirección de Comunicaciones y no ha sido posible contar con una versión del jefe de la V Zona de Carabineros, Julio Pineda, quien ayer estaba "fuera de la zona" .
Según se pudo establecer tras el sumario administrativo dispuesto por la agresión a la estudiante Paulina Estay, Carabineros sancionó con días de arresto a un suboficial y un oficial (capitán) por la responsabilidad que tuvieron en este hecho. La violenta reacción policial fue públicamente cuestionada y, a tres días de registrado el episodio, se dispuso que ambos funcionarios fuesen además separados de la Prefectura de Fuerzas Especiales de Santiago, donde prestaban servicios. Trascendió que sanción es una de las "más altas" que contempla el código institucional y que incluso podría costarles la baja a los policías.