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Asociación espera que se acate fallo

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El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, se mostró conforme con el fallo, "especialmente por lo que significa para los colegas, quienes hasta el día de hoy tienen que viajar más de 200 kilómetros diarios en contra de su voluntad para trasladarse desde su lugar de trabajo a su hogar, con todo el costo personal y familiar que eso implica".

En este punto, expresó que la medida tomada por el titular del Ministerio Público, Sabas Chahuán, no era necesaria. Además, lesionaba gravemente el bienestar de los profesionales.

Refiriéndose sobre la ejecución del fallo, Uribe expuso que como asociación esperan que el fiscal nacional acate lo más rápido posible lo resuelto por la Corte Suprema.

"No dudamos que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, va a ser lo más expedito y rápido posible para acatar lo resuelto por el tribunal y, en definitiva, restablecer la situación anterior", expuso el persecutor, quien a su vez aclaró que la resolución de la Corte Suprema ya está ejecutoriada, de manera tal que el Ministerio Público deberá analizar cómo se realiza el trámite administrativo para, posteriormente, implementarla en el plazo más breve posible. En este aspecto, el fiscal Uribe resaltó que esta es una resolución de última instancia y que, por lo tanto, no admite recurso alguno.

Ediles denunciarán a la Contraloría el alto costo de cuenta pública del alcalde

VILLA ALEMANA. Concejales criticaron millonario gasto en actividad.
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En los próximos días, concejales de Villa Alemana presentarán ante la Contraloría Regional los antecedentes del financiamiento de la bullada cuenta pública gestión 2014 del alcalde José Sabat, que demandó una inversión municipal cercana a los 42 millones de pesos y que fue ampliamente criticada por los ediles por lo elevado del costo, pese a la justificación del jefe comunal.

Los concejales Alejandro Gazmuri (UDI) y Álvaro Brauchi (independiente) criticaron que el municipio que encabeza Sabat, disponga de recursos para realizar una cuenta pública de esas características, con evento artístico incluido, y no para contratar personal que responda los requerimientos que han llegado al municipio por la Ley de Transparencia, y que hoy lo tienen entre los 29 más cuestionados del país según un informe del Consejo para la Transparencia.

INVESTIGACIÓN

Ambos ediles adelantaron que están a la espera de la rectificación del acta de la penúltima sesión de Concejo Municipal, donde queda de manifiesto la explicación tanto del administrador municipal como del jefe de finanzas municipales respecto de los gastos, a objeto de presentar los antecedentes ante el órgano contralor y solicitar formalmente una investigación.

"Creemos que la Contraloría debería investigar más allá de una denuncia, porque queremos escudriñar más antecedentes. Al definir que el administrador municipal se equivocó y que estamos distribuyendo hoy 15 mil revistas donde se promociona bienes privados y no se ha regularizado, efectivamente hay una irregularidad" manifestó Gazmuri.

El edil precisó que además del elevado costo en la producción de la cuenta, se detectó que la aludida revista informativa presenta dos errores gráficos que muestran obras de privados (como la construcción del nuevo supermercado Lider en Peñablanca) como si fuesen gestión del municipio, lo a juicio de varios ediles, no sólo es un error sino que constituye una irregularidad.

"¿Por qué en una cuenta pública tiene que hacerse un show? Fue un show que costó 9 millones de pesos, y en ningún lado en la ley sale que se debe hacer un show (...) hay varias irregularidades que creemos están al límite de la realidad legal", argumentó el concejal Alejandro Gazmuri.

El concejal Álvaro Brauchi fue más allá y sostuvo que si Controlaría establece que no hay irregularidades se podría generar un mal precedente nacional. "Contraloría tiene la última palabra y si dice que está bien va a abrir la llave para que todos los municipios de Chile hagan cuentas públicas de 50 o 100 millones de pesos, más aún el próximo año que es un año electoral", sostuvo el edil independiente.

TRANSPARENCIA

Gazmuri consideró muy delicado que el municipio de Villa Alemana deje de responder las consultas que se le hacen por Ley de Transparencia y que el alcalde argumente que no hay fondos para contratar personal para responder esos requerimientos. "Esta situación -prosiguió el edil UDI- no nos sorprende. Se contrata mucha gente a honorario en Villa Alemana entonces no se puede justificar con que no hay recursos para personal", advirtió.

Corte Suprema acogió recurso en contra de Sabas Chahuán

valparaíso. Máximo tribunal pide revocar traslado temporal de dos persecutores. Fiscal regional adelantó que pedirá que cambios realizados sean definitivos.

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La Corte Suprema finalmente acogió el recurso de protección presentado por la Asociación Nacional de Fiscales en contra del titular del Ministerio Público, Sabas Chahuán, por el traslado temporal de los persecutores Ramón Ignacio Espinosa Sapag, de la Fiscalía Local de San Antonio a Valparaíso, y de Juan Ignacio Sepúlveda Embeita, de la Fiscalía Local de la Ciudad Puerto a San Antonio, medida que fue cuestionada por la agrupación recurrente, que la calificó de arbitraria, ilegal y atentatoria de garantías constitucionales.

En un fallo dividido, ayer la Tercera Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Héctor Carreño, Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y Carlos Aránguiz, argumentó que la decisión del fiscal nacional, notificada el 5 de febrero pasado, es arbitraria e ilegal, debido a que la ley orgánica del Ministerio Público solo lo faculta para disponer de traslados permanentes de funcionarios.

Según se desprende del fallo, para que la primera autoridad del Ministerio Público pueda decretar traslados de fiscales dentro de la respectiva región deben cumplirse dos requisitos: primero, que la destinación sea permanente y, segundo, que dicha destinación permanente sea siempre llevada a efecto a una fiscalía local dentro del territorio asiento de la respectiva Fiscalía Regional.

"El hecho de que el fiscal nacional disponga el traslado dentro del territorio de la correspondiente Fiscalía Regional solo de forma temporal convierte a dicha resolución en un acto antijurídico, puesto que no corresponde al ejercicio de una facultad expresamente otorgada por el marco normativo que lo regula", sostiene la resolución.

"NO HA REVOCADO"

Ante este fallo, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, validó nuevamente la medida que en su momento solicitó a Sabas Chahuán, precisando que "nosotros hicimos un total de nueve cambios, hubo nueve fiscales que movimos por la región, siete de ellos no pusieron ningún problema porque entienden que su función debe cumplirse según la necesidad del servicio, y solo dos de ellos fueron los que recurrieron de protección, que están en su legítimo derecho, y esto lo hicimos porque necesitábamos precisamente potenciar ciertas fiscalías cuyos resultados estaban a la baja".

Explicó que ambos persecutores están cumpliendo un rol destacado en las respectivas fiscalías donde se desempeñan, situación que ejemplificó con la labor del fiscal Espinosa, a quien trasladó desde San Antonio "para reforzar un área que estaba débil en Valparaíso. El año pasado, en el mismo periodo, Valparaíso tenía cerca de un 55% de condenas y 45% de absoluciones; al día de hoy tenemos 85% de condenas y solo un 15% de absoluciones; o sea, la medida que nosotros tomamos está en la línea correcta".

En este sentido, aclaró que "lo que la Corte Suprema ha dicho el día de hoy (ayer) es que deberán entonces, cuando se hagan estos traslados, hacerse de forma definitiva y no temporal; por lo tanto, la Corte Suprema no ha revocado el traslado, sino lo que nos está diciendo es 'si los va a trasladar, hágalo en forma definitiva', que eso puede ser en ese entendido un perjuicio para los fiscales".

Por ello adelantó que "le voy a pedir al fiscal nacional que los traslade en forma definitiva, no temporal como él lo había dispuesto", aclarando de paso que "no tengo ningún problema con los dos fiscales. Yo me debo al servicio, yo soy el jefe de un servicio que necesito poner a las personas en el mejor lugar que estas rindan".

"El hecho de que el fiscal nacional disponga el traslado dentro del territorio de la correspondiente Fiscalía Regional solo de forma temporal convierte a dicha resolución en un acto antijurídico, puesto que no corresponde al ejercicio de una facultad expresamente otorgada por el marco normativo"

P. Navia / J. Ossandón