Por primera vez desde que estalló el conflicto por el denominado proyecto Megatorres de la empresa Interchile, una de las organizaciones opositoras a dicha iniciativa, en este caso el municipio de Zapallar, acudió a tribunales con el objetivo de invalidar el proceso de evaluación ambiental.

La medida, la más drástica presentada hasta ahora, se produce a menos de dos semanas de que la empresa Interchile, filial de la trasnacional colombiana ISA, entregue la adenda con las últimas respuestas a las observaciones presentadas a su proyecto Plan de Expansión Chile LT 2X500 kV Cardones-Polpaico, que en una longitud de 753 kilómetros, busca conectar con un tendido eléctrico de alta tensión las regiones Metropolitana y Atacama.

El alcalde de Zapallar, Nicolás Cox, explicó que la decisión de judicializar la iniciativa se debe a que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declaró inadmisible la solicitud presentada por el municipio que pretendía invalidar el Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara 1 y 2), con los cuales la firma da respuesta a las observaciones planteadas tanto por la comunidad como por los servicios públicos que revisaron el estudio de impacto ambiental.

Debido a ello es que el jefe comunal zapallarino y el abogado ambientalista y asesor del municipio, Juan Carlos Urquidi, interpusieron ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, un recurso de reclamación para que se resuelva la petición realizada en febrero pasado al SEA, y de ese modo evitar que continúe adelante el proceso que busca una Resolución de Calificación Ambiental favorable.

"Lo que buscamos es que se ordene al SEA que se deje sin efecto la tramitación ambiental, pues estamos convencidos que el proyecto incumple una serie de normas ambientales, no ha existido una correcto proceso de participación ciudadana y habría irregularidades en la evaluación ambiental", dijo Cox.

"Este proyecto -continuó el alcalde- como está planificado, afecta los intereses de los residentes permanentes de la comuna, especialmente el sector de Catapilco, los instrumentos de ordenamiento territorial, en forma específica el 'Plan de Desarrollo Comunal' y la estrategia de un amplio sector de la comuna que queremos insertarlo en el circuito de turismo rural a nivel regional y nacional, por ejemplo, afectaría sin lugar a dudas, el desarrollo del programa 'Tren de la Esperanza'".

20 COMUNAS

Cabe recordar que el trazado pasará por 20 comunas, diez de las cuales corresponden a la Región de Valparaíso. Los municipios y varios parlamentarios, junto a organizaciones ciudadanas y ambientales, han planteado un férreo rechazo debido a que consideran que el proyecto de unos 1.200 millones de dólares, rompe la armonía natural y la planificación urbana de vastos sectores, al tiempo que estiman que el proceso de participación ciudadana adolece de serias deficiencias.

Sin embargo, lo más grave es que argumentan que el trazado fue impuesto por la empresa Interchile y que su definición no se tomó como un "problema país" con una fase de consulta a las comunidades.

Respecto del rechazo del SEA a su solicitud de invalidar el proceso ambiental, el abogado Juan Carlos Urquidi sostuvo que no constituye sorpresa. "Es la misma autoridad que lo acogió a tramitación, no respetando los criterios de admisibilidad, la misma que se pronuncia y que rechaza esta solicitud".

Y agregó que: "En el fondo ya venía judicializándose de manera administrativa, porque además en paralelo hay un recurso de nulidad presentado ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible que n ha sido tampoco fallado y tiene que ver con la solicitud de concesión definitiva eléctrica que pidió la empresa, pero es primera vez que se llega a tribunales efectivamente".

más recursos

A dichos recursos aludidos por Urquidi, se deben sumar los presentados a mediados de abril por la Municipalidad de Limache y la organización vecinal limachina Aguas Claras. En dicho caso, se presentó ante el SEA una solicitud de invalidación del proceso ambiental, y ante la Superintendencia de Medioambiente una denuncia por obras en contra de Interchile y que le propia empresa ha negado de manera rotunda.

A juicio de Urquidi, el proyecto presenta varias irregularidades de fondo en relación a la normativa ambiental. "No se cumple con el marco regulatorio en materia de Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, no se cumple con el marco regulatorio eléctrico".

Por su parte, la presidenta de Aguas Claras de Limache, Marcela Peralta, sostuvo que rechazos como el sufrido por el recurso presentado por Zapallar confirman que buscan dilatar el proceso para finalmente obtener una aprobación del mismo "En nuestro caso, ayer recién recibimos una carta en que se nos informa que recién se da comienzo a la investigación de nuestra denuncia por obra nueva, después de más de un mes ", dijo Marcela Peralta.

"Estamos tranquilos porque hemos realizado todos los trámites y cumplido con todos los procesos que establece la ley para obtener cuanto antes la Resolución de Calificación Ambiental. Hemos sido acuciosos en la realización de todos los estudios sociales y ambientales que el proyecto requiere y que aseguran el menor impacto posible. Hasta el momento el cronograma fijado para el proyecto se mantiene inalterado y de acuerdo a los tiempos que nos propusimos junto a la autoridad. Nuestras expectativas son concluir el proceso de construcción en diciembre de 2017, una vez aprobada la RCA. Para ello, antes del 12 de junio presentaremos la ICSARA 2 para responder las consultas hechas por la ciudadanía", señaló Jorge Rodríguez, gerente general de Interchile.

Ernesto Curti