Otra bomba estalla en el corazón mismo de La Moneda: tras 28 días en el cargo renuncia el ministro secretario general de la Presidencia, Jorge Insunza, militante PPD. Las revelaciones sobre sus vinculaciones con una minera privada cuando presidía la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados lo obligan a dimitir, poniendo en incómoda posición a la Presidenta de la República Michelle Bachelet, de gira en Europa y afectando la agenda de probidad que, paradojalmente, debía conducir Insulza en el Congreso.

Se habla de desprolijidad por no haber detectado, al momento del nombramiento, la vinculación del entonces parlamentario oficialista con Antofagasta Minerals. Es cierto, pero lo impropio era la vinculación misma del parlamentario con esa entidad, más allá de haberse conocido siendo ministro. Las relaciones de parlamentarios con empresas no violentarían la legalidad, pero sí la ética, lo cual es impresentable ante la ciudadanía. Y ese tipo de relaciones, que pueden crear dependencia en los legisladores, es la que intenta evitar la agenda de probidad en un ambiente de general escepticismo. Así, se busca la dedicación exclusiva de los parlamentarios.

El temor al fantasma de la corrupción, de prácticas elusivas, se refleja en la percepción regional como lo revela la encuesta Adimark analizada en la edición dominical de este Diario.

Y la desprolijidad que revela el caso Insunza parece ser general en la gestión del Ejecutivo. Tal es el caso de la reforma educacional, en que el 49,7% de los recursos son destinados anualmente a la carrera docente; en tanto, solo el 1% se canaliza a crear Centros de Formación Técnica, esenciales para mejorar la enseñanza en ese rubro fundamental. Esto, cuando el Gobierno se encuentra entrampado en un conflicto con profesores y estudiantes que insisten en demandas estructurales y económicas de difícil cumplimiento.

En lo puntual, desde ya queda planteado el conflicto por la sucesión del dimitido ministro. El "equilibrio" -en palabras reales, cuoteo- pesa y el PPD, pese a las proclamaciones de autonomía presidencial en las nominaciones, está atento a la decisión. Ello se refleja en las declaraciones del presidente de esa colectividad, Jaime Quintana, quien en velada recriminación afirma que el partido "no propuso el nombre de Insunza".

Todo este cuadro reafirma incertidumbres y desconfianzas. La solución está en transparentar, sincerar, sancionar cuando corresponda y buscar consensos que permitan establecer cimientos de probidad que terminen con la paralización que frena los propósitos de crecimiento con equidad compartidos por todos.

La anomia, referida a una nación, tiene dos versiones: una es la carencia de normas que la rijan; la otra es la existencia de normas que no se cumplen. Es esta anomia la que puede convertir al "Estado de Derecho" en una frase hipócrita.

Hace algunos años pregunté al profesor y diputado federal Antonio Hernández ¿cómo es posible que los argentinos -que componen una nación culta, tienen una Constitución admirable y excelentes juristas- toleren barbaridades como "el corralito", legislar mediante "decretos de necesidad y urgencia", una deuda externa insoluble y el empobrecimiento de la población en un país lleno de riquezas? El interpelado me respondió obsequiándome su libro "Argentina, una sociedad anómica", que puede resumirse así: Argentina está saturada de reglas que todos intentan burlar, comenzando por el gobierno de turno.

Me he venido preguntando si Chile no estará ya convertido en una nación anómica. La peor semilla de la anomia la esparce un legislativo que atenta contra sus propias leyes, incongruencia que resulta evidente a raíz de las faltas y delitos cometidos en el financiamiento de las campañas electorales.

¿Qué sentido tiene el Art. 9º constitucional que declara que "El terrorismo… es por esencia contrario a los derechos humanos", cuando en la Araucanía el terrorismo arrasa con la vida, la integridad y los bienes de las personas ante la impavidez del Gobierno que solo lo considera "un problema social", abdicando de su obligación de hacer cumplir las leyes?

¿Qué sentido tiene predicar contra la drogadicción cuando al narcotráfico nadie se atreve a combatirlo, esto es, a encerrarlo y detenerlo para ser juzgado y condenado?

¿Qué sentido tiene autorizar manifestaciones honrando la libertad de expresión, cuando todos sabemos en qué terminan tales eventos; siendo así que ella solo es respetable cuando derechos más respetables -como la vida, la integridad y el patrimonio urbano- pueden protegerse? Las consecuencias de los desmanes comprometen la responsabilidad moral, penal y patrimonial de quienes los autorizan.

Y si la policía debe huir de los terroristas en lugar de defender a las víctimas cuya protección se les ha encomendado, o carece de la capacidad operativa para capturar a los narcotraficantes y proteger a la población, ¿por qué no se ha recurrido a las FF.AA., que sí disponen de esa capacidad y tienen, como uno de sus principales objetivos, defender la seguridad nacional que alcanza vigencia cuando las personas se sienten seguras y no tienen que enrejarse para no ser agredidas?

Ya es hora de que aquellas autoridades que en su juventud simpatizaron con la guerrilla o el terrorismo instrumental, se percaten que ahora ya no son prisioneras de sus sueños, sino responsables de hacer cumplir la ley rigurosamente y de velar no solo por sus partidarios, sino por la seguridad y el buen vivir de todos quienes habitamos en este país.

Lautaro Ríos Álvarez