A contar de las 11 horas de hoy, y con un recorrido definido desde la Plaza Sotomayor hasta el Parque Italia, la Gobernación de Valparaíso autorizó una nueva marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), en protesta contra las últimas reformas educacionales anunciadas por el Gobierno.

Para la jornada de movilización se espera una adhesión similar a la del jueves pasado -según precisó el gobernador de Valparaíso, Omar Jara- y contará con la participación del Colegio de Profesores Regional, en demanda del Proyecto de Ley de Nueva Carrera Docente, los estudiantes secundarios, la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), la Asociación de Empleados Fiscales (Anef), y representantes de las universidades privadas.

Al respecto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, Nataly Campusano, señaló que "después de lo que dijo la presidenta Michelle Bachelet sobre la gratuidad universitaria, en el discurso del pasado 21 de mayo, claramente las universidad privadas se han visto desplazadas y no se consideraron los alumnos vulnerables que estudian en ellas".

Mientras que el vocero provisorio de los estudiantes secundarios de Valparaíso, Marcelo Martínez, afirmó que "nuestras demandas son las históricas: desmunicipalización, el cambio al financiamiento y la democratización. El Gobierno debe instruir a las personas que comienzan su etapa en la enseñanza media, y responsabilizarse de formar ciudadanos competentes".

MANIFESTACIONES PREVIAS

Durante la mañana de ayer, diferentes manifestaciones se realizaron en la antesala a la marcha de hoy. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) -que se mantiene en paro- se tomaron las dependencias de la Seremi de Educación, en Viña del Mar. Al mismo tiempo, otro grupo de profesores manifestaba a las afueras, en demanda del proyecto de ley.

Por la tarde fueron los propios estudiantes de la UPLA quienes interrumpieron el tránsito en la esquina de Avenida Colón con Avenida Francia, en Valparaíso, quedando tres personas detenidas. Cerca del mediodía fue el propio Gobernador quien se reunió con diferentes representantes del comercio -que mantienen locales en el trazado por donde pasará la marcha- para prever que no vuelvan a ocurrir los mismos desmanes que el pasado 28 de mayo, durante la marcha que fue autorizada para realizarse durante la noche. Hasta ayer, la UPLA se mantenía en paro y la Casa Central de la Universidad Federico Santa María se encontraba -hasta el cierre de esta edición- realizando el conteo de votos para definir una paralización.

El polémico megaproyecto de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico, de la empresa Interchile, entró en la recta final en su proceso de tramitación ambiental, luego que el viernes los representantes de la firma de capitales colombianos presentara ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la segunda adenda con las respuestas a las observaciones formuladas a su iniciativa.

En paralelo, una filial de empresas Carozzi, de propiedad de Gonzalo Bofill, aportó con una nueva judicialización del proyecto y acusó a Interchile de entrar sin su consentimiento a una de sus propiedades, y de hacer obras no autorizadas en el predio.

El pasado lunes, Mariela Arévalo, directora ejecutiva del SEA, envió la adenda a cada una de las instituciones, como municipios y servicios públicos, para que se pronuncien sobre las respuestas que entrega Interchile al segundo Icsara (Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones). Estos organismos tendrán plazo hasta el 30 del presente mes y de acuerdo al cronograma, el 22 de julio debería vencer el plazo del SEA para pronunciarse si lo aprueba o rechaza ambientalmente.

El denominado Plan de Expansión Chile LT 2x500 kV Cardones - Polpaico, conocido como proyecto megatorres, cuenta con el apoyo del actual gobierno, pese a que se trata de una obra adjudicada por la administración anterior).

El ministro de Energía, Máximo Pacheco, justificó la iniciativa y la calificó como necesaria para fortalecer el sistema de transmisión chileno y lograr disminuir los precios de la electricidad, considerados los más caros de América Latina.

La iniciativa ha generado el rechazo de comunidades y autoridades locales, principalmente en las comunas de la Región de Valparaíso, principalmente, en desacuerdo por la forma en que se ha realizado el trazado, en el cual -acusan- las comunidades no han tenido injerencia. Sostienen que el proyecto es dañino para los intereses locales y critican el proceso de participación ciudadana.

EL CASO AGROVIVO

Y pese a los intentos por que el proyecto no llegara a tribunales, desde hace semana los detractores se han encargado de lo contrario. Un ejemplo es el reciente recurso de invalidación presentado por el Municipio de Zapallar ante el tribunal ambiental.

Pero el más reciente recurso no vino de la mano de un municipio ni de una organización ambiental, sino de otra empresa privada. Se trata de Agrovivo, filial de Carozzi, de propiedad del empresario viñamarino Gonzalo Bofill, que interpuso un recurso de protección en contra de Interchile.

Según informó ayer el Diario La Segunda, el abogado Cristián Carrillo ingresó el recurso en el que acusa a la firma experta en transmisión eléctrica, de irrumpir a una propiedad de Agrovivo en Colliguay, comuna de Quilpué, sin la autorización debida.

Aunque no lo menciona en el medio, Carrillo se refiere al fundo San Francisco, donde trabajadores de Bofill detectaron -según la denuncia- el ingreso furtivo de funcionarios de Interchile para realizar demarcaciones y trabajos previos por donde proyecta el trazado.

En base al mismo recurso, la filial de Carozzi ingresó ante la Superintendencia de Medioambiente una denuncia en contra de Interchile acusando el inicio de obras si su autorización en su predio. Denuncia similar a la presentada hace casi dos meses por vecinos de Lliulliu en Limache, que aseguraron que la empresa Interchile realizó trabajos no autorizados en la localidad rural, lo que fue desmentido por el propio gerente general de la firma.

INTERCHILE

Respecto de la presentación de la adenda complementaria de su proyecto, Interchile, filial de la empresa ISA, recalcó que el escrito fue presentado una semana antes del plazo establecido por las autoridades ambientales. Asegura que el documento logra socializar todos los aspectos técnicos a los servicios públicos.

"La Adenda recién ingresada por la compañía fue construida con criterios y metodologías acordes a lo requerido por las instituciones competentes y sometida a los más altos estándares de fiscalización con miras que el documento cuente con todos los aspectos técnicos bajo control y en regla", sostiene Interchile en un comunicado en su página web.

Y agrega que "El documento es fruto de un exhaustivo y prolongado análisis, en terreno, dando respuesta a las observaciones técnicas emitidas por los servicios con competencia ambiental".

Junto con mostrarse dispuesta a "seguir dialogando con las comunidades y autoridades para escuchar sus inquietudes, como también entregarles los detalles relacionados al proyecto", la empresa considera el ingreso de la Adenda como un importante paso en el avance del proyecto, y principalmente en su intento por cumplir los plazos comprometidos con el Estado.

"El documento es fruto de un exhaustivo y prolongado análisis en terreno, dando respuesta a las observaciones técnicas emitidas"