La consolidación del Estado y del Gobierno en Chile se debió, principalmente, al establecimiento de un régimen presidencial con marcados rasgos monocráticos, a partir de 1830. La Constitución Política que lo enmarcó desde 1833, con todo, contenía elementos que permitían su interpretación en sentido parlamentario y tal interpretación se impuso desde fines de 1891 gracias a una guerra civil. Precisamente por ello no se modificó la Constitución de 1833, y se impuso de hecho, sin protesta, la idea básica de que el gabinete designado por el presidente de la República debía contar con la confianza de ambas cámaras para mantenerse en su cargo. Ciertamente ese es uno de los componentes del régimen parlamentarista, pero no el único; y hubo varios que hicieron defecto, lo cual hizo que el régimen fracasara, hasta terminar sustituido por otro de naturaleza presidencialista merced a la Constitución de 1915. La Constitución de 1980 acentuó ese presidencialismo.

Durante mucho tiempo yo pensaba que el presidencialismo era el régimen conveniente para Chile y que el parlamentarismo debía ser evitado a toda costa. Hoy ya no pienso así. En esta materia, por sobre las teorías deben primar las ventajas prácticas. Si hacia 1973 Chile hubiera estado regido por un régimen parlamentario, el país se hubiera desembarazado de Allende y su Unidad Popular en las elecciones de senadores y diputados de marzo de 1973, donde los partidos opositores (Confederación por la Democracia, que agrupaba al Partido Nacional, al Demócrata Cristiano y a buena parte del Radical, más otro menores) consiguieron la mayoría absoluta, aunque no tanta como para destituir al Presidente merced a una acusación constitucional. Bajo un régimen parlamentario, Allende hubiera tenido que renunciar o llamar a nuevas elecciones. Retrospectivamente miradas las cosas, no hubiera sido necesario, como lo fue, el pronunciamiento militar de septiembre de 1973. En las actuales circunstancias, en que el desprestigio y la impopularidad del gobierno de la Sra. Bachelet y de su Nueva Mayoría o Nueva Unidad Popular son algo ostensible, es probable que la existencia de un régimen parlamentarista nos pudiere librar fácilmente de él.

Un buen sistema de gobierno es aquel que resuelve con eficacia los conflictos y las crisis. El gobierno parlamentarista está en ese caso. Otra cosa es fijar cuáles sean las facultades del Congreso Nacional, en lo cual el presidencialismo lleva ventajas.

Alejandro Guzmán

Resulta impresentable el supuesto aprovechamiento del sufrimiento de la zona Quintero-Puchuncaví -largamente afectada por contaminación y recientemente dañada por un derrame de combustible- para lucrar en forma indebida de recursos fiscales.

El caso tiene su origen en actividades programadas por el Gobierno con el objeto de revivir la condición turística del área y entregar a los residentes una suerte de "mitigación anímica".

El ente oficial interviniente fue el Sernatur Regional y por el lado privado, utilizando $340 millones destinados a la actividad, la empresa "Bendita Productora" y la ONG Sencivilízate.

Las actividades se realizaron y surgieron críticas ante la calidad del programa, además del rechazo de la rendición de cuentas de Sernatur en la Comisión de Inversiones del Consejo Regional. Luego hubo una presentación ante la Contraloría, la Fiscalía de Sernatur inició un sumario interno por presuntas irregularidades en la ejecución del programa y la directora regional del organismo, Claudia Araos, fue destituida. Por su parte, y de oficio, el Ministerio Público inició una investigación con allanamientos a las oficinas de Sernatur y a la productora capitalina del evento.

Pero la judicialización tiene un nuevo capítulo, la ONG del caso, contratada por la mencionada productora para realizar las actividades programadas, presentó ante el Tribunal de Garantía de Quintero una querella por los delitos de fraude al Fisco, asociación ilícita y lavado de activos en contra del intendente Ricardo Bravo. Acusa al jefe regional de estar vinculado con la representante de la productora, Claudia Varas, que ya en entrevista con este Diario el pasado jueves había desvirtuado todo tipo de irregularidad. El intendente, por su parte, ha descartado toda irregularidad en la asignación de los recursos.

Como se puede apreciar, hay varias indagaciones en curso y, una vez más, aparece una sombra de dudas sobre el uso de recursos públicos generalmente limitados para las verdades necesidades de la población, en este caso los residentes de la zona Quintero-Puchuncaví que requieren muchos más que "mitigación anímica".

Es necesario llegar al fondo de este caso y transparentar los procedimientos de asignación de recursos y rendición de cuentas. Es importante, además, a propósito de esta situación, insistir en la necesidad de utilizar el mecanismo de selección de Alta Dirección Pública en la designación de cargos de tanta proyección como es la Dirección Regional de Turismo.