En términos más duros, este fin de semana Marina Arauco clarificó su postura ante la decisión de la Municipalidad de Viña del Mar de ratificar la caducidad del permiso de construcción del mall de 14 Norte. Mediante un inserto aparecido en diarios de distribución regional y nacional, la empresa informó a la comunidad que considera "lo ocurrido como un hecho arbitrario y lamentable que vulnera gravemente nuestros derechos", por lo que mediante todos los mecanismos de la ley intentarán restablecerlos.
El texto además señala que "en una interpretación profundamente errada a nuestro juicio, la Municipalidad leyó en el dictamen de la Contraloría una instrucción para declarar la caducidad del permiso de construcción por hechos acaecidos hace 12 años".
"AMENAZA ENCUBIERTA"
Una declaración que no dejó indiferente a diversas autoridades locales, que si bien lo veían como una posibilidad, consideran que el tenor del texto inserto es una "amenaza encubierta", que solo va a dilatar una controversia cuya solución pasa porque la empresa se apegue a la normativa vigente y solicite un nuevo permiso de obra que contemple las restricciones actuales en materia de construcción e impacto vial y ambiental.
El concejal de Viña del Mar, Andrés Celis, se mostró disconforme con la forma que utilizó Marina Arauco para dar a conocer su opinión. "Lo que veo es una amenaza encubierta de recurrir a los Tribunales de Justicia. Como concejal espero que se pueda solucionar sin tener que llegar a esa instancia. Hay que explorar con el departamento jurídico cómo evitar un litigio, llegando a un acuerdo judicial que deje conforme a ambas partes".
Por su parte, el diputado Rodrigo González indicó que era previsible que la empresa actuara de tal manera. "Ellos se intentaron aprovechar de las condiciones del Plan Regulador antiguo para obtener beneficios y condiciones de edificación que hoy en día son intolerables. No hay buena fe de parte de la empresa y si hacen valer sus prerrogativas legales, lo van a hacer valer sabiendo que lo único que están tratando de perseguir es su propio beneficio como empresa", consignó González.
NUEVO PERMISO
A juicio del parlamentario la solución a la problemática es que "la empresa solicite un nuevo permiso de obra, apegándose a todas las normas de la ley de Medio Ambiente, además de un informe de impacto urbano y vial, contemplando todas la mitigaciones e inversiones necesarias".
Para el diputado la decisión de llevar el caso a la justicia solo dilatará una posible solución, razón por la que será estricto al exigir que cualquier determinación se atenga a las normas de la legalidad vigente.
Este Diario intentó obtener una declaración de la empresa que profundizara sobre los mecanismos que, según alude en el inserto, utilizará. No obstante, a través de su agencia de comunicaciones se indicó que no habrá más informaciones al respecto por el momento.
