La Fiscalía Regional de Valparaíso mantiene desde enero de 2014 a la fecha más de 50 causas abiertas en materia de delitos de corrupción de alta complejidad, que involucran a funcionarios públicos de distintas reparticiones y servicios.

Debido al incremento de este tipo de ilícitos, la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), que cuenta con dos fiscales con dedicación exclusiva para estas materias, sumó ahora un equipo de ocho oficiales de la PDI que tendrán dedicación preferente para investigar estas denuncias, muchas de las cuales, a la fecha, ya cuentan con condenados a elevadas penas y otras con formalizaciones en curso.

En un encuentro en el que participaron el fiscal regional, Pablo Gómez, junto a los fiscales de la URAC, José Uribe y Claudio Rebeco, además de la dotación de detectives abocados a esta labor, encabezada por el prefecto inspector de la PDI porteña, Christian Gallardo Herrera, se realizaron las primeras coordinaciones con el nuevo personal, principalmente integrantes de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), que cuenta con oficiales investigadores en áreas especializadas de contabilidad, ingenieros comerciales, investigación criminal y otras materias afines.

El equipo de 10 profesionales, 2 fiscales y 8 oficiales, pretende aunar criterios de investigación, para mejorar la calidad de las indagaciones, además de mantener un contacto único con los demás organismos del Estado abocados a este mismo rol, como la Contraloría General de la República, el Servicio de Impuestos Internos (SII) o el Consejo de Defensa del Estado, "de manera que nos podamos aunar en la lucha contra la corrupción", dijo Gómez.

Dentro del Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, a nivel regional ya se crearon las unidades Anticorrupción y Antinarcóticos (URAN), y se tiene en carpeta una nueva unidad en delitos contra la propiedad, con equipos especializados por parte de la PDI, para enfrentar con éxito los juicios orales.

JUICIOS CONDENATORIOS

La URAC funciona desde enero de 2014 en la región, porque el Ministerio Público concluyó que era necesario contar con un equipo especializado y focalizado en la investigación de los delitos de corrupción.

El fiscal regional, Pablo Gómez, resaltó el éxito que ha tenido el trabajo de esta unidad, con condenas importantes en estas materias, como los juicios por Fraude a la Intendencia (1 y 2); en el hospital de Quillota, en San Antonio y formalizaciones por fraude al Fisco a funcionarios de la Municipalidad de Zapallar, entre otros casos emblemáticos. "Entendemos que en la región, lamentablemente, se da un fenómeno que, tal vez, no se da en otras regiones del país, y que hemos sabido responder, tanto el Ministerio Público como la PDI, con investigaciones con éxito", concluyó Gómez.

El fiscal regional reconoce que existe un incremento de denuncias relacionadas con el actuar de funcionarios públicos, motivado, según explica, "en la medida que hay una respuesta adecuada, la gente tiene confianza en el sistema. Al tener condenas de cumplimiento efectivo, la gente vuelve a tener confianza y aumenta el número de denuncias".

Entre los casos emblemáticos del último tiempo está la formalización del diputado (PS), Christian Urízar Muñoz, por el delito de fraude al Fisco, por el presunto desvío de fondos por cerca de 68 millones de pesos correspondientes a recursos del 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), destinado a la ejecución de proyectos en materia de Seguridad Ciudadana, Deportes y Cultura, que habrían sido sobrevalorados para financiar su campaña a parlamentario.

RETOMAR LA CONFIANZA

Dentro de las materias investigadas y que tienen directa relación con delitos de corrupción "hay denuncias y querellas que involucran a municipalidades, en otros casos hospitales públicos, lo que nos importa a nosotros es la función pública que está detrás de esto; evidentemente, cuando hay un ataque a la función pública, se genera desconfianza en la gente. Con esto queremos lograr que la gente pueda volver a tener confianza en sus instituciones y, en ese sentido, creo que estamos en buena línea", comentó el persecutor.

El fiscal Gómez resaltó que la función de la URAC avanza "caiga quien caiga", recalcando que "el Ministerio Público siempre debe actuar de esa manera".

El fiscal Claudio Rebeco, uno de los dos integrantes de la URAC, detalló que todas las investigaciones vigentes por casos de corrupción son "delitos de alta complejidad, algunas de ellas se desprenden de las irregularidades detectadas en el marco de los proyectos del 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR); hay formalizaciones en curso, otras que están por venir, es un trabajo que hemos ido desarrollando paulatinamente, en paralelo con otras investigaciones que comprometen a funcionarios públicos de otros servicios, investigaciones tienen carácter de reservado".

El persecutor concuerda en la importancia de contar con "un equipo policial adecuado", que responda a los elevados estándares para investigar y llegar al fondo de estos ilícitos, que pueden incluso involucrar a importantes autoridades en ejercicio.

"Hemos conseguido condenas significativas; me parece que las penas altas son importantes porque cumplen un fin de prevención general, esto es, que la comunidad sepa lo que pudiera ocurrirle en caso de incurrir en esos delitos", argumentó Rebeco sobre el trabajo desplegado hasta ahora.

APORTAR ANTECEDENTES

El jefe regional de la PDI, prefecto inspector Christian Gallardo Herrera, recalcó que la designación de ochos oficiales con distintas especialidades que trabajarán con la URAC tiene por objeto efectuar "una investigación científica y técnica, avalada por el conocimiento investigativo de los detectives".

La autoridad policial enfatizó que el trabajo de los detectives será aportar todos los antecedentes necesarios, de tal manera que el fiscal pueda acusar a los imputados en caso de contar con elementos probatorios contundentes o, simplemente, descartar si los funcionarios públicos investigados tienen alguna responsabilidad respecto a los hechos en que están siendo relacionados por distintas razones.

La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) tendrá un rol preponderante en aquellas causas que requieran la presencia de peritos contables o tributarios, tales como estafas, fraudes, fraude al Fisco o corrupción; vale decir, "los detectives están preparados para hacer crecer este equipo investigador", aseguró el alto oficial.

Consultado respecto a por qué no se ha creado una Brigada Anticorrupción, tomando en cuenta el volumen de denuncias por delitos de corrupción en la zona, Gallardo afirmó que, por ahora, la Bridec asumirá la función de investigar estos casos.

PRÓFUGO VIP

La autoridad policial se refirió también a la calidad de prófugo de la justicia de Enrique Kittsteiner, exjefe de gabinete de la Intendencia durante la administración de Raúl Celis, quien recibió una pena de 8 años de cárcel efectiva por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco; sin embargo, se encuentra prófugo de la justicia desde el 22 de octubre del año pasado, cuando la Corte Suprema ratificó la sentencia en su contra como cómplice de una defraudación de 160 millones de pesos.

"Toda persona que tiene orden de detención pendiente es prófuga de la justicia y vamos a seguir buscándola", recalcó Gallardo sobre el eventual paradero de Kittsteiner, cuyo caso se transformó en uno de los íconos en la región respecto al nivel de corrupción que alcanza las más altas esferas del poder político.

Diputado Christian Urízar fue formalizado el 23 de marzo pasado por fraude al Fisco, por haber desviado $ 68 millones correspondientes a proyectos del 2% del FNDR. Se solicitó ampliar el plazo de investigación por otros 60 días.

Tres funcionarios de la Municipalidad de Zapallar fueron formalizados el 19 de marzo por delitos de fraude a Fisco, malversación de caudales públicos y cohecho, montos que bordean los $ 80 millones.

El caso Sernatur es investigado por la URAC ante denuncias por eventuales desvíos de fondos y sobreprecios en la ejecución del programa "Reencántate con Quintero..." por $ 375 millones.

El exadministrador del edificio de la Intendencia Regional, Drago Marín, fue formalizado el jueves pasado por delitos tributarios y apropiación indebida de fondos públicos por más de 144 millones de pesos. Marín se apoderó del pago de los gastos comunes.

"Tenemos distintos tipos de investigaciones que involucran a funcionarios públicos y eso es lo que nos va a llevar a tener el éxito que esperamos"

Pablo Gómez

Fiscal regional

"Hay formalizaciones en curso, otras que están por venir, es un trabajo que hemos ido desarrollando paulatinamente"

Claudio Rebeco

Fiscal de la URAC

"Vamos a trabajar junto a los fiscales de la URAC para entregar los antecedentes necesarios en cada investigación"

Christian Gallardo

Prefecto inspector de la PDI

Alexis Paredes R.