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Marina Arauco acusa a Reginato de "intromisión" en caso de mall

Viña del Mar. Empresa presentó ayer un nuevo recurso de ilegalidad, esta vez ante la jefa comunal. Dicen que la autoridad de la Ciudad Jardín no debió "inmiscuirse" en labor de la Dirección de Obras.

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La empresa Marina Arauco presentó un reclamo de ilegalidad contra dos actos administrativos que realizaron tanto la Dirección de Obras (DOM) de Viña del Mar, como la alcaldesa, Virginia Reginato, para caducar el permiso de obra del mall que se edificaba en 14 Norte y criticó duramente las gestiones hechas por la jefa comunal en ese ámbito. En el recurso, la inmobiliaria dijo que la prohibición "es ilegal por cuanto importa una intromisión de la alcaldesa en funciones privativas de la Dirección de Obras".

La alcaldesa firmó una orden de servicio el pasado 4 de junio, a 13 días del dictamen de la Contraloría General de la República, en el que instruyó al director de Obras del municipio que, sin más trámite, certificara la caducidad del permiso de obras que permitía la construcción del mall de la firma Marina Arauco en 14 Norte.

En esa oportunidad, el municipio dijo que dicha orden se basaba en los dictámenes emanados de la Contraloría General de la República, en lo señalado por el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y en el informe entregado por la Dirección Jurídica consistorial.

Al día siguiente, la alcaldesa expuso en una conferencia de prensa que había ordenado la clausura del mall, y a la semana siguiente, el martes 9 de junio, la Dirección de Obras decretó definitivamente la caducidad del permiso de obras.

Además, Reginato confirmó la renuncia del exdirector de Planificación del municipio, Matías Avsolomovich, por haber sido secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda cuando se invalidó una anterior caducidad emanada también por la DOM.

"QUE DECLARE ILEGALIDAD"

En horas de la tarde de ayer, los abogados de la empresa Inmobiliaria Viña del Mar, a nombre del gerente general de Marina Arauco, Sergio Novoa, ingresaron a la oficina de partes del municipio el documento, que busca que "la señora alcaldesa declare la ilegalidad, tanto de su Orden de Servicio N° 0038 como de la Resolución N° 458/15 de la DOM, que los anule totalmente y que, en su lugar, declare que el Permiso de Obra Nueva (PON) N° 1.349/2000 -incluidas sus modificaciones aprobadas hasta la fecha- se encuentra vigente, ordenando a la DOM dejar sin efecto la Resolución contra la que se dirige el presente reclamo de ilegalidad".

El documento expresa de forma bastante crítica sus argumentos contra la decisión municipal, y expone que la jefa comunal no tiene las facultades para dictar la caducidad de un permiso que, supuestamente, está vigente.

"La Orden de Servicio N° 0038, emanada de la señora alcaldesa, es ilegal tanto porque se extiende a materias que caen fuera de la competencia de un alcalde porque en su fondo es jurídicamente imposible e impertinente que la Dirección de Obras declare o constate la caducidad que ordena la alcaldesa", dice el escrito.

En la parte de los fundamentos jurídicos para dicho recurso, se expresa fuertemente que la decisión alcaldicia "es ilegal por cuanto importa una intromisión de la alcaldesa en funciones privativas de la Dirección de Obras, acto para el cual la alcaldesa no está expresamente facultada por la ley" y se argumenta que "tanto la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) como la Ley Orgánica de Municipalidades, establecen con toda claridad que lo concerniente al otorgamiento de los permisos de construcción o ejecución de obra nueva, es de competencia de la Dirección de Obras respectiva".

En el recurso se sostiene lo anterior al decir que si la potestad legal de conceder un permiso de edificación y de velar por su cumplimiento recae en los directores de Obras, "entonces no cabe lugar a duda que la constancia de la extinción de un permiso de esta naturaleza, por el decaimiento producido por la caducidad, solo puede corresponder a tales directores".

CRITICAN A ALCALDESA

Además, Novoa añade que, si bien la Ley Orgánica de Municipalidades y de la LGUC dicen que los directores de Obras son funcionarios municipales, "ello no implica que la alcaldesa pueda inmiscuirse en el ejercicio de funciones técnicas privativas de los directores de Obras Municipales".

Novoa también alude al Decreto Alcaldicio N° 7.375/1998 y a la Plantilla de Personal de Planta del municipio, para afirmar que el cargo de Director de Obras tiene tres grados menos que el de alcalde, lo que, a su juicio, significaría que si bien la jefa comunal es la superior al director, "la ley ha entregado expresamente a los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo la competencia y tuición para conocer de las actuaciones y omisiones de los Directores de Obras en materia de permisos de edificación".

"Dado que los alcaldes, en su rol de funcionarios públicos, extraen su potestad de las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), sumado a que el artículo 7° de la Constitución Política de la República es categórico al establecer que: 'ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes', la alcaldesa, al exceder sus atribuciones, infringió este mandato", sentencia el gerente de Marina Arauco.

El abogado a cargo de los reclamos de Mall Marina Arauco, Juan Carlos Manríquez, sostuvo que "la señora alcaldesa no tuvo o no recibió toda la información adecuada antes de tomar la decisión, por eso le pedimos que rectifique. No hay razones para pasar por encima de la ley, y le pedimos que actúe de acuerdo a ella, con todos los antecedentes a la vista".

Además, afirma que "desde la orgánica, la alcaldesa es la jefa de la Dirección de Obras, pero la ley no autoriza de modo alguno que la autoridad alcaldicia pueda inmiscuirse en el ejercicio de funciones técnicas privativas que esa misma ley le da solo a los directores de Obras Municipales y a los secretarios regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo".

Consultado sobre si este segundo recurso es parte de una instancia previa a acciones judiciales, Manríquez dijo que "no descartamos ninguna acción para defender enfáticamente nuestros derechos. La comunidad tiene todo el derecho a saber, claramente, que siempre hemos obrado de acuerdo de la ley".

La empresa Marina Arauco presentó hace dos semanas un primer recurso, en ese caso de reclamación, ante la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para anular el decreto de caducidad N° 458/15 de la Dirección de Obras (DOM) de Viña del Mar, que frenó las obras del mall el 9 de junio de este año. En esa oportunidad, el escrito dijo que "ninguna de las normas legales relativas al procedimiento administrativo se cumplió en este caso". La Seremi Minvu ya pidió los antecedentes a la DOM de Viña y está a la espera de un informe, para poder responder al recurso antes del plazo, que vence la semana del 20 de julio.

"La ley no autoriza de modo alguno que la autoridad alcaldicia pueda inmiscuirse en el ejercicio de funciones técnicas privativas que (...) le da solo a los directores de Obras Municipales"

Juan Carlos Manríquez Abogado de Marina Arauco

Pamela Boltei