Dada la dura realidad actual de competencia global, los costos de la cadena logística del comercio exterior impactan directamente en nuestra capacidad competitiva, especialmente frente a otros países (puertos) que han crecido, se han modernizado y se encuentran, la mayoría de las veces, mucho más cerca de los clientes finales.

Esto nos exige ser más eficientes que nuestros competidores extranjeros y ofrecer no solo un mejor servicio, sino principalmente precios competitivos para que elijan a los puertos de Valparaíso y San Antonio. La competitividad portuaria debe enfrentar serios problemas de desarrollo en infraestructura y cadena logística, que se reflejan entre otros factores en costos por container muy superiores a los de países desarrollados. Los directorios de las empresas portuarias descentralizados y su "governance" debieran favorecer la productividad, lograr mayor identificación de éstos con las ciudades que los contienen y generar beneficios directos a sus economías locales.

A todo lo anterior, ya suficientemente complejo, se agrega ahora la decisión de la empresa portuaria estatal de Valparaíso (EPV) de agregarle costos adicionales a esta cadena logística, mediante la exigencia de realizar actividades menos eficientes y con mayor costo "por decreto", como lo es el proceso de revisión de Aduanas y SAG (aforo), el que se estaba realizando eficientemente dentro del puerto de Valparaíso, y ahora se pretende impedir y exigir que solo se efectúe en la ZEAL u otros sitios extraportuarios, perjudicando a los importadores y consumidores, como también a la competitividad de este puerto, no solo con los extranjeros, sino con todos los demás puertos nacionales (especialmente San Antonio), donde no existe esta exigencia. Lo anterior, que ha sido explicado en forma parcial por EPV, genera sin dudas una injusta y arbitraria discriminación, perjudicial para el puerto de Valparaíso, y que evidentemente redundará en menos puestos de trabajo, mayores costos logísticos y, por tanto, pérdida de competitividad para Valparaíso y Chile.

Si esta injusta medida se mantiene, el Estado deberá al menos asumir no solo los mayores costos y las pérdidas de empleo, sino también la disminución de clientes, constituidos por grandes líneas navieras internacionales, que comenzarán a cambiar su puerto de destino por San Antonio o, peor aún, por puertos países vecinos, como El Callao.

Por estas razones, la CRCP se hace eco de éste nuevo escollo para nuestra economía, especialmente considerando su realidad actual y sus preocupantes proyecciones. Por tanto, solicitamos a las autoridades locales y nacionales revisarlas, garantizando el respeto por las condiciones establecidas a las inversiones privadas y evitando generar nuevos y mayores costos que no hacen otra cosa que afectar nuestra productividad y competitividad.

También abogamos por la libre competencia que nos permita mejorar precios en base a las eficiencias que se alcancen dentro del marco legal y ético en todos los ámbitos de la economía; y, en este caso particular, en toda la cadena logística. Finalmente, consideramos fundamental disminuir los costos del comercio exterior, de forma que los incentivos estén alineados con la productividad, que es la mejor vía para lograr crecimiento y desarrollo social sustentable.