La empresa Agrovivo, filial de Carozzi, propiedad del empresario viñamarino Gonzalo Bofill, vuelve a la carga contra Interchile, a la que acusa de irrumpir en una de sus propiedades sin su autorización. A mediados del pasado mes, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó un recurso de protección en contra de la empresa de transmisión y no conforme con ello, los abogados de Bofill esta vez recurrieron a la Corte Suprema para que zanje el conflicto.

La familia Bofill acusa a la transnacional Interchile, filial de la colombiana ISA, de violar propiedad privada al ingresar a los cerros de su fundo San Francisco en Colliguay, comuna de Quilpué, con el objetivo de realizar demarcaciones y levantar hitos de su futura línea de transmisión del polémico proyecto Cardones-Polpaicio, más conocido como megatorres.

Abogados del empresario han señalados que lo que busca Bofill es sentar un precedente y no conseguir una indemnización.

Argumentando que el recurso de protección fue presentado de manera extemporánea, el pasado 17 de julio la Corte de Apelaciones de Valparaíso lo rechazó y el estudio jurídico Oyarzún Abogados, que representa para estos efectos a Bofill, a través de la abogada Natalia Fernández presentó un recurso de apelación al aludido fallo que ahora deberá zanjar el máximo tribunal del país.

El temor de los abogados de Gonzalo Bofill es que este fallo no inhiba a Interchile a ingresar nuevamente a su fundo San Francisco en Colliguay, y que los funcionarios de la empresa de transmisión eléctrica sigan desarrollando sus estudios e investigaciones del trazado en ese sector, más aún debido a que es un proyecto que todavía mantiene fases pendientes en su tramitación, como por ejemplo su concesión eléctrica definitiva y su resolución de calificación ambiental.

"Atendiendo lo expuesto y la conducta verificada (y reconocida) por parte de Interchile en el último tiempo, y tal como se ha planteado respecto de las demarcaciones construidas, mientras no se les prohíba judicialmente el ingreso no autorizado al inmueble, no es posible aseverar que la amenaza de transgresión del derecho de propiedad de mi representada ha desaparecido", sostiene en su presentación Natalia Fernández.

De esta forma, la abogada de la familia Bofill alude a la necesidad de considerar la aplicación de la teoría jurídica de "infracción permanente", puesto a que los temores por un nuevo ingreso de los trabajadores contratados por Interchile, se suma el hecho de que hitos y demarcaciones realizadas en Colliguay aún permanecen intactos. De esa perspectiva, a su juicio, la aplicación de una prescripción a los 30 días de constatada la vulneración de derechos no se ajustaría a la realidad.

Recientemente, Natalia Fernández dijo a "El Mercurio de Valparaíso" que el ánimo de Gonzalo Bofill no había decaído con el fallo adverso del tribunal de alzada porteño, y que recordó que aún están pendientes acciones ya incoadas, como una querella criminal y una denuncia ante la Superintendencia de Medioambiente que apuntan a impedir que las torres pasen por el Fundo San Francisco.