La Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó la resolución de la Corte de Apelaciones que le concede la libertad condicional a uno de los condenados por el caso Degollados, por la muerte de tres militantes comunistas en 1985.
Se trata del exagente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), Alejandro Sáez, condenado a cadena perpetua en 1991 por participar en el crimen de los profesionales Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino, el 30 de marzo de 1985 en Santiago.
La sentencia del máximo tribunal se produjo en un fallo de mayoría, ya que de los cinco integrantes de la Tercera Sala, cuatro ratificaron la resolución y la jueza Rosa Egnem rechazó el beneficio, argumentando que el informe sicológico del ex carabinero establece que no tiene consciencia del mal causado y que aún justifica sus acciones.
La sala está integrada por Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y los abogados Rodrigo Correa, Arturo Prado y Egnem.
La decisión de otorgar la libertad condicional a Sáez había sido tomada por el tribunal de alzada el pasado 13 de julio, cuando definió revertir lo definido por la ministra presidenta de la Comisión de Libertad Condicional, Romy Rutherford, que había rechazado otorgar el beneficio al ex carabinero por el informe sicológico mencionado.
Sin embargo, la defensa de Sáez argumentó que la libertad condicional se otorga a quienes hayan cumplido la mitad de la condena y hayan demostrado una conducta intachable. Esas razones fueron aceptadas por la Corte de Apelaciones que concedió el beneficio ratificado ayer.
El abogado defensor Maximiliano Murath, sostuvo que "es un fallo que está ajustado a la ley que está vigente sobre los beneficios intracarcelarios".
El abogado querellante Nelson Caucoto, dijo que están "en presencia de una inmensa involución a través de este fallo".
Francisco Ugas, jefe jurídico del programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, anunció que recurrirá de reposición en contra de la decisión adoptada.
La sala de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, que tendrá la tarea de coordinar las labores públicas vinculadas a esa materia. La iniciativa pasó así a su tercer trámite constitucional y deberá ser aprobada por el Senado para convertirse en ley. La nueva subsecretaría dependerá del Justicia, cartera que pasará a llamarse Ministerio de Justicia y DD.HH. El nuevo organismo tendrá la misión de elaborar planes, programas y toma de decisiones relativas a la promoción y protección de DD.HH.
Carolina Collins
