El Ejército confirmó ayer la desaparición de varios millones de dólares de sus arcas a través de facturas adulteradas que se amparan en el secreto de la Ley Reservada del Cobre y aseguró que está apoyando la investigación judicial.
En una investigación preliminar los implicados reconocieron su participación en los hechos", afirmó la institución castrense en un comunicado, agregando que "expresa su más enérgico rechazo a todo tipo de acción que vulnere el ordenamiento legal y la reglamentación vigente".
"Se ordenó una Investigación Sumaria Administrativa, actualmente en desarrollo, a fin de determinar los perjuicios fiscales y las responsabilidades individuales", añadió.
La denuncia la dio a conocer el jueves The Clinic.
Entre los involucrados hasta ahora hay dos uniformados, el cabo Juan Carlos Cruz y el coronel Clovis Montero -que cumplía funciones en el Comando de Apoyo a la Fuerza-, que cumplen prisión preventiva desde el 6 de junio de 2014. Fueron sometidos a proceso en calidad de autores de los delitos de defraudación fiscal por funcionario público y falsedad documentaria.
El proveedor Francisco Huincahue, propietario de la Abastecedora de Repuestos Frasim LTDA., proveedor oficial del Ejército, habría utilizado su empresa para supuestamente facilitar facturas por compras ficticias de material bélico.
El cabo Cruz habría actuado falsificando la firma del general Héctor Ureta, jefe de la División de Mantenimiento, o timbres institucionales en distintos comercios. Cruz, aficionado al juego, era cliente platinum del casino Monticello de Santiago donde iba a diario y en el habría gastado $ 140 millones en un mes.
El sitio de The Clinic publicó ayer el registro de audio de una conversación entre uno de los involucrados y un general a propósito de este caso.
"Yo asumo el error que usted me está planteando", dijo el coronel Clovis Montero al general Jozo Santic.
"Yo te creo, a pesar de que, como están dados los antecedentes, no debería creerte. Debería tener el derecho a la duda (...)", habría dicho Santic.
El año pasado, según la publicación, el comandante Ejército, Humberto Oviedo, le habría dicho al entonces ministro de Defensa y actual titular del Interior, Jorge Burgos, que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por Impuestos Internos.
De acuerdo a la versión, las operaciones inicialmente involucraron $ 103 millones, pero se desconoce el monto final.
Según dijo ayer el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, fue Burgos quien pidió aclarar e investigar estos hechos. "El Gobierno hace lo que corresponde. Frente a cualquier hecho que pueda constituir un manejo irregular de recursos públicos toma medidas internas, pero también solicita que actúen todos los mecanismos que tienen responsabilidad en el control y fiscalización", afirmó.
El Ejército, en su comunicado, destacó que mantiene "un permanente apoyo a la investigación judicial" y afirmó que desde febrero pasado efectuó una revisión completa de sus procesos internos, además de realizar una auditoría al proceso de adquisiciones.
Los fondos involucrados pertenecían al fondo de la Ley Reservada del Cobre, destinada a la renovación de equipos y armamento.
Diputados de la Comisión de Defensa de la Cámara anunciaron que citarán a la instancia a los mandos del Ejército para que den explicaciones, y no descartan crear una comisión investigadora. "No es posible que frente a tantos recursos hayan fallado los controles y, en definitiva, dos personas puedan defraudar al fisco con tanta desfachatez", dijo el diputado Jaime Pilowsky (DC), presidente de la Comisión de Defensa. "Vamos a ir paso por paso, pero no descartamos ninguno", agregó Pedro Browne (Amplitud).
Mauricio Mondaca
