Los puntos más debatidos de la reforma laboral que alejan la posibilidad de acuerdos
PROYECTO. La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, y el senador Hernán Larraín (UDI) sentaron sus posiciones en Viña del Mar.
La titularidad sindical, la posibilidad de reemplazo en huelga, la extensión de los beneficios, el efecto sobre las pymes y el alcance de los llamados servicios mínimos fueron algunos de los puntos discutidos por la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, y el senador Hernán Larraín (UDI), integrante de la Comisión de Trabajo del Senado, en el marco del "Desayuno Análisis Generando Opinión", organizado por este Diario y el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) en el Valparaíso Sporting de Viña del Mar.
"La verdad que si bien la Nueva Mayoría está dividida en su contenido, va a aprobar esta reforma en general y yo lo que espero es que en la discusión particular haya sentido común y evitemos ciertos preceptos que contiene esta reforma y que le causan daños a los trabajadores, a la creación de empleo y al crecimiento económico", dijo el parlamentario gremialista, quien fue el primero en manifestar sus puntos de vista.
PUNTOS CONFLICTIVOS
"El proyecto parte del supuesto que existiría un permanente conflicto entre trabajadores y empleadores", subrayó Larraín, quien esbozó que en la práctica la titularidad sindical y el término de los grupos negociadores, cuando existe un sindicato, apunta a una sindicalización obligatoria encubierto.
También esbozó un problema de constitucionalidad al poner en riesgo la libertad de las personas de ingresar o no a una organización.
En cuanto a la extensión de los beneficios, el senador UDI recordó que el proyecto apunta a que, para ello, se debe contar con el acuerdo tanto del empleador como de los trabajadores pues de lo contrario sería una práctica sindical. "Teóricamente podemos encontrar escenarios de desigualdad en el salario", mencionó.
En cuanto a la imposibilidad del reemplazo en huelga, señaló que con esta medida se corre el serio riesgo de perder ocupaciones pues no podría sostener una movilización. "Esto a quienes más afecta es a la pymes y a los sectores que presentan estacionalidad en sus actividades, las grandes empresas pueden aguantar, pero el resto no", recalcó.
Otro tema en que pone énfasis el parlamentario son los servicios mínimos y la poca claridad que existe en la iniciativa respecto a este punto. "Esto presenta dificultades porque es muy amplio lo que señala el proyecto y lo más probable es que se judicialice lo que no beneficia a nadie".
El legislador también esbozó que la idea de empoderar a los sindicatos pasa también por ampliar las materias de negociación y que no solo quede circunscrita a las remuneraciones.
"En definitiva hay que entender que la empresa de hoy no está sumida en el conflicto, sino que son socios en una competencia que están sosteniendo con otra empresa. Los empleadores a veces tampoco entienden que los trabajadores son socios", enfatiza Larraín, reiterando que el Senado será el espacio en que, a su juicio, se debe corregir la iniciativa.
El parlamentario por último dijo que hay ciertos rubros estratégicos de utilidad pública que no debería considerar la huelga como el transporte colectivo o la actividad portuaria.
En tanto, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, señaló que espera que se profundice el debate en la discusión en particular.
"Por ahora el debate ha sido más bien de trinchera, sobre todo desde algunos sectores del mundo empresarial. Esperamos que en esta etapa donde estamos en la recta final y tenemos que pensar en un desarrollo con equidad para que todos los actores podamos ser parte del crecimiento, encontremos puntos de neutralidad", dijo la líder sindical, agregando que esta iniciativa va al corazón de la desigualdad.
Figueroa enfatizó que la iniciativa está lejos de propiciar el conflicto al interior de las empresas. "Este es un proyecto que busca mejores relaciones laborales y no el conflicto. Parte de la lógica de que hay que construir un mejor diálogo, pero esa interacción tiene que ser en igualdad de condiciones, de lo contrario es un diálogo de sordos", comentó la titular de la CUT.
La dirigenta defendió la titularidad sindical enfatizando que el grupo negociador no es un ente permanente y que solo actúa para la negociación colectiva. "No puede ocurrir que haya dos grupos en paralelo, ahora al empleador le conviene que haya un ente permanente para avanzar y construir políticas y ese es el sindicato", afirmó.
Respecto a los servicios mínimos manifestó que existe una definición muy laxa que puede judicializarse, sin embargo ante la preocupación de los empresarios, recordó que la idea es que la huelga sea efectiva sin reemplazo ni descuelgue.
"En la práctica son turnos de emergencia para impedir generar un daño irreparable. El efecto de la huelga es parar la producción y eso va a fomentar el diálogo previo. Uno no garantiza la huelga para llegar a la huelga", subrayó la presidenta de la multigremial.
En relación a la preocupación por las pymes opinó que quizás se pueda evaluar, pero advirtió que "hay que tener cuidado, no hablemos de las pymes por número de trabajadores, sino que por volumen de ventas", aludiendo a que hay empresarios que se protegen argumentando que son pymes.
"Espero que en la discusión particular haya sentido común y evitemos ciertos preceptos que contiene esta reforma"
"Este es un proyecto que busca mejores relaciones laborales y no el conflicto. Parte de la lógica de que hay que construir un mejor diálogo"
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, manifestó que la iniciativa que se discute en el Senado está lejos de ser radical. "Aquí hay sectores que hablan de que con esta reforma se va a volver a los años 70 y no se hacen cargo de que en ese tiempo incluso había negociación ramal en el país por lo tanto estamos hablando de una reforma bastante moderada y que lo único que hace es ponernos al día en algunos aspectos esenciales". En tanto, el senador Hernán Larraín (UDI) enfatizó que con esta normativa el país "va por un camino equivocado y esperamos que haya sentido común, en lo particular estamos trabajando en cerca de 50 indicaciones donde vamos a tratar de corregir los aspectos que consideramos que son malos para Chile".
Claudio Ramírez