El descenso del precio del cobre haría probable el uso del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), destinado a financiar eventuales déficit fiscales, según un estudio publicado ayer por el banco BBVA.

"De mantenerse los actuales deprimidos valores del cobre y el alto tipo de cambio, el próximo año (...) las opciones serían liquidar otros activos del tesoro público, o más probablemente activos en dólares del FEES por hasta US$ 1.500 millones", destacó el informe.

Según el escenario fiscal proyectado por el BBVA -en un documento citado por la agencia EFE- en 2016 el Gobierno proyectaría un déficit efectivo en torno al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en la Ley de Presupuestos, consistente con emisión de deuda soberana en alrededor de US$ 9.000 millones, por lo que los expertos auguran una cierta reversión al alza del precio del cobre.

Sin embargo, si el precio del metal rojo continúa cayendo y el tipo de cambio aumenta, el déficit efectivo del país podría incluso empinarse hasta el 4% del PIB y se abre la posibilidad de que el Gobierno "tenga que recurrir al FEES para financiar el gasto el próximo año".

"Es probable que el Fisco presente en octubre un déficit efectivo estimado para 2015 mayor al de julio, dado que deberá sincerar un precio del cobre menor, aun cuando dicha corrección se compense con un mayor tipo de cambio. Estimamos que, dadas las anteriores proyecciones del Gobierno, Hacienda presentaría un déficit efectivo entre 3,1% y 3,3% del PIB para 2015 en octubre".El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) fue constituido el 6 de marzo de 2007, con un aporte inicial de US$ 2.580 millones. De ese monto, US$ 2.563,7 millones correspondían al saldo del antiguo Fondo de Estabilización de los Ingresos del Cobre, que concluyó su operación refundiéndose en el FEES.

Según datos del Ministerio de Hacienda, el FEES permite financiar eventuales déficit fiscales y realizar amortizaciones de la deuda pública, contribuyendo así a que el gasto fiscal no se vea mayormente afectado por los vaivenes de la economía mundial y la volatilidad de los ingresos que provienen de los impuestos, el cobre y otras fuentes.

La Presidenta Michelle Bachelet firmó ayer el proyecto de ley que creará la XVI Región de Ñuble, que tendrá por capital Chillán y que estará compuesta por 465.528 habitantes distribuidos en las nuevas provincias de Diguillín, Punilla e Itata.

La iniciativa ahora deberá ser discutida en el Congreso, que la próxima semana debería decidir si aprueba o no el proyecto del Ejecutivo.

De crearse la nueva región, ésta será la de menor tamaño, con 13.178,5 kilómetros cuadrados, seguida por la Metropolitana que tiene 15.389,29 km2 y contará con 21 comunas.

La jefa de Estado destacó que con la firma de este proyecto se está concretando uno de los compromisos de campaña y con una demanda de los habitantes de las comunas de la zona.

"Ha sido un largo camino, pero estamos llegando a puerto después de mucho trabajo, mucha escucha y muchas conversaciones que han tenido un solo objetivo: Ñuble región. Pero ahora puedo decirles que cumplimos, tal como me comprometí en la pasada campaña", destacó Bachelet.

"Hoy se cierra un ciclo que nos permite enviar este proyecto de ley al Congreso Nacional y se inicia otro, el de la discusión legislativa, y con seguridad que cuando se mira el proyecto artículo por artículo, puede que no haya unanimidad total en torno a cada una de las normas que el proyecto propone", afirmó la Mandataria en la ceremonia de firma.

La capital de la provincia de Punilla será San Carlos; la de Itata, Quirihue, y la de Diguillín será Bulnes.

La creación de la Región de Ñuble implicará cambios institucionales como el nombramiento de un intendente y tres gobernadores para las respectivas provincias. Asimismo, deberán crearse las secretarías regionales ministeriales (Seremis) y direcciones regionales de servicio público.

La Sala de la Cámara de Diputados rechazó ayer dos de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que otorga autonomía constitucional al Servicio Electoral (Servel). Por eso, la iniciativa ahora deberá ser analizada en su tercer trámite por una comisión mixta que tendrá que resolver las diferencias entre ambas cámaras.

Los diputados rechazaron dos cambios al proyecto, que forma parte de la agenda de probidad y transparencia del Gobierno, introducidos por la Cámara Alta. Los parlamentarios cuestionaron la modificación que aumenta de 3/5 a 2/3 el quórum requerido en el Senado para nombrar a los consejeros del organismo.

Votaron en contra del cambio que limita la reelección de los actuales consejeros, y varios de los diputados presentes reclamaron que dicha medida "discriminaba" a dos parlamentarios en particular.

El presidente de la Comisión de Constitución, Leonardo Soto (PS), manifestó en declaraciones entregadas a Emol que el quórum añadido por los senadores les pareció "excesivo" puesto que "plantea un quórum muy difícil de alcanzar y le da un rango de quórum supramayoritario a la designación de los consejeros del Servel. Muchos de nosotros no compartimos la vía de rigidizar la Constitución a estos niveles".

En tanto, el diputado DC Fuad Chahin, que integrará la comisión mixta, señaló que votó a favor de la misma medida, porque "entendía que había un acuerdo político en relación a este tema, pero hubo una parte importante fundamentalmente de la Nueva Mayoría que votó en contra".

Sobre la segunda modificación rechazada Soto indicó que "limita la reelección particularmente de dos consejeros (actuales) y a muchos nos pareció que era inapropiado legislar de esa manera".

La comisión mixta funcionaría desde septiembre.