El abogado querellante en el caso Caval, Mario Zumelzu, explicó las razones por las cuales la parte acusatoria solicitará al fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, que se realicen nuevas diligencias al computador que utilizó Sebastián Dávalos en La Moneda.

Según publicó el sábado el diario La Tercera, un informe pericial de análisis informático realizado por el OS-9 de Carabineros reveló que algunos datos que se encontraban en el equipo fueron borrados.

"Algo hay o algo había en ese computador que no se quería que se conociese", sostuvo Zumelzu, citado por Cooperativa. "¿Quién ordena, quién practica todas estas operaciones destinadas a borrar la información del computador de Dávalos Bachelet?", añadió.

"Creemos -y nos hemos asesorado por ingenieros en computación- que esa información se va poder recuperar", razón por la que "vamos a pedir una audiencia al fiscal regional, de manera de instar para que se pericie nuevamente ese computador", señaló el jurista.

Miembros de la comisión investigadora del caso de la Cámara de Diputados adelantaron que citarán al jefe de Informática de La Moneda para aclarar las circunstancias en las que fue borrada la información.

"Vamos a pedir una evaluación por parte de la PDI en términos informáticos. De seguro aquí hay un modus operandi muy profesional, porque lo que se cuenta es que no se pudo recuperar nada", indicó la diputada RN y miembro de dicha comisión, Marcela Sabat.

Con esta medida, los parlamentarios buscarán confirmar si "efectivamente fue así y, además, corroborar que fueron personas de La Moneda (las que eliminaron los datos), porque si fue en La Moneda es aún más grave", agregó.

En la investigación judicial se reveló una nueva arista que involucra al primer cliente de la empresa de Natalia Compagnon, el empresario Gonzalo Vial, quien pagó un total de $1.384 millones por asesorías a Caval y tendría una estrecha relación con el matrimonio.

Los diputados Gabriel Silber (DC) y Juan Antonio Coloma (UDI), ambos miembros de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, reaccionaron frente a las palabras de Pablo Ramírez, el trabajador de Servipag que fue quemado por delincuentes durante un asalto a una sucursal en Hualpén el 29 de julio pasado.

El cajero de 33 años, quien se recupera satisfactoriamente en el Hospital de la Mutual de Seguridad, emplazó a la Presidenta Michelle Bachelet a través de un video a cambiar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, ya que uno de sus victimarios es menor de edad.

"El caso de este trabajador que fue quemado, prácticamente intentado quemar vivo y que salvó de la muerte por muy poco, refleja lo débil de nuestro sistema", señaló Silber, en declaraciones citadas por Cooperativa.

"Saber que quedó libre la persona que lo quemó y que, además, fue detenido a los pocos días después de cometer otro delito, refleja la gravedad de la situación que estamos viviendo en materia de delincuencia", añadió el legislador.

Asimismo, Coloma aseveró que "el llamado debe ser a todos: a las policías, al Ministerio Público, a los Tribunales y, por supuesto, a quienes somos legisladores, en este caso parlamentarios y el Gobierno".

El parlamentario gremialista insistió en que se requieren "leyes más drásticas en materia de combate a la delincuencia".

En tanto, los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN) y Daniel Farcas (PPD), miembros de la llamada "bancada transversal por la seguridad", llegaron hasta el recinto hospitalario donde se encuentra Ramírez para entregarle una carta de apoyo.

"Nos impactó mucho el video que filmó y, como bancada transversal, hoy día (ayer) hemos venido a darle una carta de apoyo y explicarle que nosotros estamos trabajando justamente por lo que él le está pidiendo a la Presidenta", indicó Fuenzalida.

El diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, junto a miembros de las Juventud de dicha colectividad, criticaron la "improvisación" y discriminación de la gestión del Gobierno respecto de la discusión por la gratuidad en la educación superior, ítem de la reforma impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet.

Edwards afirmó que "si hay un eje de esta reforma educacional es la discriminación. Es elegir a dedo a quien se le ayuda con los recursos del Estado".

El parlamentario agregó que "consideramos que la gratuidad para este Gobierno no es más que una pancarta, el Gobierno no busca ayudar a los alumnos más vulnerables o premiar el mérito de esos alumnos, lo que busca es crear criterios intrincados para poder elegir universidades que ellos previamente han pre electo en su círculo interno, eso se llama discriminación y es contrario a la Constitución".

Ante este escenario, Edwards hizo un llamado a retirar el proyecto, el cual calificó de "improvisado, mal hecho y discriminatorio", y que para mejorar el sistema de educación superior hay que discutirlo "en un proyecto de ley, eso es lo mínimo y no discutirlo en una glosa del presupuesto, eso es ridículo. Jamás se puede hacer una reforma tan profunda inmersa en la discusión de una glosa, eso no tiene ningún sentido".

En tanto, el presidente de la Juventud de Renovación Nacional (JRN), Fredy Vásquez, apuntó a las promesas realizadas por el Ejecutivo, en especial durante la gestión del ex ministro de Educación y actual titular de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre."En primer lugar se nos prometió, y se le prometió a la ciudadanía, gratuidad universitaria para todas las instituciones del país; después el ministro Eyzaguirre, siempre muy locuaz, nos dijo que el 2018 íbamos a tener 70% de gratuidad en educación superior; luego bajamos al 60%, pero simplemente con las universidades del Cruch y actualmente vamos en un 50% de gratuidad universitaria para instituciones con restricción, que no son todas las universidades, ni menos las que tienen a los alumnos más vulnerables", emplazó el timonel de la JRN.

En la misma línea del diputado Edwards, Vásquez emplazó a la Presidenta a "parar con la improvisación, no podemos seguir como estamos y hay que tomar definiciones".

Y es que según el dirigente "uno puede comprender que la Presidenta Bachelet sea ambigua con su coalición, uno puede entender que la Presidenta Bachelet sea ambigua en su cónclave, pero no podemos entender que la Presidenta Bachelet sea ambigua en el futuro de los jóvenes y de los niños de este país", sentenció.

Al igual que el diputado Edwards, el coordinador territorial de la JRN, Camilo Morán, cuestionó la labor del Gobierno y además deslizó críticas hacia la bancada estudiantil, compuesta por los ex dirigentes universitarios Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Karol Cariola y Gabriel Boric. "¿Que opina ella (Bachelet) realmente sobre la gratuidad en la educación? ¿Hasta dónde va a llegar esta reforma? ¿Y qué opina la bancada estudiantil, que ellos estuvieron marchando y hoy ven como cada día se les va disolviendo el discurso de gratuidad en la educación?", remató el dirigente.

Pamela De Vicenzi

La diputada independiente Karla Rubilar denunció ayer que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) bloquea en el sistema a los pacientes con VIH que se encuentran cesantes.

La acusación de la parlamentaria indica que los miembros del programa VIH Sida que requieren tratamiento antirretroviral y que perdieron sus fuentes laborales, no están accediendo al sistema de salud debido a la falta de cotizaciones.

Rubilar, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, denunció una millonaria deuda de Fonasa con los laboratorios en donde compra este tipo de medicamentos y emplazó a la directora del organismo, Jeanette Vega, a dar explicaciones, asegurando que este tipo de escenario "nunca había pasado antes".

"Esto partió el año pasado, esta fue una decisión administrativa de la señora Jeanette Vega. ¿Por qué? Tenemos sospecha de que quieren comprar fuera de Chile, bajar los estándares de calidad de los medicamentos que hoy día se les entregan a los pacientes", argumentó la diputada.

La legisladora señaló que "es más increíble aún" que se "niega el acceso a tratamiento retroviral a pacientes cesantes, pero no paga a los laboratorios de nuestro país para poder tener medicamentos".