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Gonzalo Rojas deberá cumplir dos años de cárcel por atropello de Pablo Ascencio

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Tras analizar un recurso de reposición presentado por el Ministerio Público, el Tribunal Oral de Viña del Mar determinó que Gonzalo Rojas Torres (27 años) deberá cumplir dos años de pena efectiva en la cárcel por los delitos de atropello con resultado de muerte del joven Pablo Ascencio -hecho ocurrido en la avenida San Martín la madrugada del 21 de septiembre de 2014- y por no darle asistencia tras el incidente. Según informó ayer la Fiscalía, Gonzalo Rojas cumplirá en libertad, acogido a una pena sustitutiva, el resto de la condena definida por el Tribunal Oral en junio de este año, es decir, los cincos por el atropello y los cuatro años por no prestarle ayuda a Pablo Ascencio. Una vez cumplidos los dos años de pena efectiva, precisó la fiscal María José Lecaros, Gonzalo Rojas será sometido a una libertad vigilada intensiva.

Municipio de Viña pone en funcionamiento 69 alarmas comunitarias en Santa Julia

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Con la simulación del funcionamiento de un nuevo Sistema de Alarmas Comunitarias, el municipio de Viña del Mar entregó 69 de estos dispositivos a vecinos de Santa Julia, en el marco del proyecto postulado por el Comité Vecinal de Seguridad Ciudadana (COVES). Cada alarma se ubica al interior de las viviendas y cuenta con un sensor de movimiento, un sensor de apertura de puertas y ventanas; con unidad central y baliza interna y externa. Junto a la instalación de alarmas se realizó previamente una serie de capacitaciones personalizadas para el uso técnico de los dispositivos, a través de charlas explicativas de protocolos de acción ante amenaza de asalto, robo y simulacros. El proyecto se suma a otros elaborados y postulados por COVES de Santa Julia y Achupallas a los Fondos Concursables.

Tres años de libertad vigilada para chofer ebrio que dio muerte a detective y su amiga

JUDICIAL. Indignación entre familiares de víctimas por fallo de tribunal porteño. Querellantes apelarán a la resolución.

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"Fue un accidente. Lo único que puedo decir es pedirles perdón a las familias, no tengo más palabras. Si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría", señaló durante la audiencia de juicio abreviado Óscar Aravena Arias (21 años), quien fue condenado a 3 años de pena remitida con firma mensual, al pago de 21 UTM y la suspensión por 60 meses de la licencia de conducir, tras protagonizar un doble atropello con resultado de muerte, el pasado 21 de febrero, en la avenida Errázuriz de Valparaíso.

Pese a ser imputado por dos delitos de conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte, hecho que le costó la vida a la inspectora de la Brisexme de la PDI Karen Meza Naumann (29 años) y su amiga, la ejecutiva bancaria Juana Ruiz (31 años), quienes fueron embestidas cuando esperaban locomoción en el paradero ubicado en la intersección de la calle Molina y donde además resultaron otras dos personas con graves lesiones, el Tribunal de Garantía porteño acogió las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial en los hechos, producto de lo cual recibió una pena de 3 años de reclusión menor.

El magistrado Daniel Zúñiga le otorgó el beneficio de la pena sustitutiva de remisión condicional de la condena a 3 años. Además, al sentenciado se le abonarán los casi 6 meses que ha permanecido en prisión preventiva.

CRÍTICAS DE FAMILIARES

Tras escuchar el fallo, los familiares de ambas víctimas fatales criticaron la acción de la justicia, enfatizando que se trató de un "doble asesinato", en tanto los abogados querellantes adelantaron que recurrirán a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para revertir la sentencia.

Cabe consignar que el examen de alcoholemia arrojó que Óscar Aravena conducía la madrugada del 21 de febrero con 0,42 gramos por litro de alcohol en la sangre. En pericias posteriores practicadas por el Servicio Médico Legal (SML) se realizó el denominado "Estudio retrospectivo de la alcoholemia", mediante el cual se hace una proyección del porcentaje efectivo del alcohol en la sangre que tendría una persona al momento de participar en un accidente de tránsito, arrojando un rango máximo de 0,79 gramos por litro del alcohol en la sangre, sin que pudiera aplicarse la Ley Emilia, que endurece las penas para este tipo de delitos a contar de los 0,8 gramos por litro.

El abogado querellante de la familia de Karen Meza, Rodrigo Flores, explicó que se optó por el procedimiento simplificado luego de analizar el caso junto a la Fiscalía y los otros querellantes, ya que "nos interesaba obtener el máximo de pena, que desde el punto de vista abstracto era de 4 años, al existir una variable objetiva de la irreprochable conducta anterior del imputado, la cual no discutimos".

Flores se mostró en desacuerdo con el criterio del juzgado, puesto que una persona que conduce bajo la influencia del alcohol y que mata a dos personas recibe una pena remitida, añadiendo que "lamentablemente la legislación es bastante flexible respecto a las salidas alternativas y medidas sustitutivas de las penas. Eso mismo hace que el mensaje a la sociedad sea: 'bueno, maté a dos personas, primera vez que cometo un delito, así que me salvé'. No es justo que una persona que mató a dos mujeres, que dejó a dos personas lesionadas, se vaya a su casa libre y tenga que firmar una vez al mes, más encima todavía cree que se trató de un accidente, esto fue un delito, no es un error".

UN DESCRITERIO

Iván Meza, padre de la detective fallecida, todavía no se explica "qué criterio usó el juez, son dos muertes y dos lesiones graves. El mismo tipo confesó que manejó con alcohol, no entiendo de qué tipo de justicia estamos hablando. Este es un pésimo mensaje a la sociedad, tómense dos vodkas, fúmense un pito de marihuana, maten a dos personas, total, van a tener beneficios, eso es lo que sentenció este juez".

Emocionada hasta las lágrimas, Sandra Ruiz, madre de la otra víctima fatal, quien dejó una hija de 12 años, critica que "la justicia nuevamente nos da una puñalada, porque con el perdón que pidió el imputado no me va a devolver a mi hija. No estoy solicitando dinero, quiero que él pague en la cárcel, para que a otra familia no le pase lo mismo y sentar un precedente. A un asesino vial, porque esto es un crimen, lo dejan libre, y a nosotros nos dejan muertos en vida; acá la justicia favorece al delincuente, a las víctimas las tratan como victimarios".

"A un asesino vial, porque esto es un crimen, lo dejan libre, y a nosotros nos dejan muertos en vida. Acá la justicia favorece al delincuente"

La presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa, reconoció estar preocupada por el fallo del tribunal puesto que "conducir y beber es un delito y este tribunal no se da cuenta de eso, da una mala señal y nos dice que dos muertos y dos lesionados graves valen tres años de firma mensual, es una vergüenza". Pese a la campaña realizada por la fundación para concientizar y establecer "penas ejemplares" con respecto a la conducción con alcohol, "por tratarse de un delito tipificado por la ley, esperaba que los tribunales fueran consecuentes. Por un lado pedimos mayores penas y, por otro, salen este tipo de sentencias".

Alexis Paredes R.

Tribunal da plazo de 10 días al Serviu para evacuar un informe

JUDICIAL. Tras demanda de ilegalidad por licitación de la avenida España.
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El Tribunal de Contratación Pública dio un plazo de 10 días hábiles al Serviu para evacuar un informe, tras acoger la acción de impugnación por ilegalidad en la adjudicación de los trabajos de mejoramiento de la avenida España, cuya inversión alcanza los $ 3.348 millones, concurso que ganó la empresa Inatec Limitada.

La demanda fue presentada por el contratista Waldo Sánchez Correa, cuya empresa fue una de las tres que llegaron a la fase final de proceso de evaluación, realizado por una Comisión Técnica del Serviu, entidad que además elaboró las bases de la licitación.

El oficio evacuado este martes por el Tribunal de Contratación Pública, da cuenta que "la entidad licitante deberá aportar todos los elementos y documentos de información sobre el asunto que ha motivado la acción".

Respecto a la demanda de ilegalidad, que se suma a una segunda presentación efectuada por la empresa Inversiones y Construcciones Stone S.A., que quedó fuera de base, el constructor Waldo Sánchez enfatizó que también realizó una acción ante la Contraloría Regional, solicitando una investigación respecto a los hechos ocurridos en el proceso, en el cual se habrían producido una serie de irregularidades.

A través de la Ley de Transparencia la empresa solicitó diversos antecedentes, los cuales "Serviu se demoró más de 20 días en autorizarnos y recién ayer (martes) pudimos acceder a ellos; sin embargo, es una información sesgada, ya que no están entregando todo".

A juicio de Sánchez, el Serviu habría omitido "documentos esenciales" que le permitieron fallar a la comisión evaluadora respecto a la adjudicación de la propuesta. "Están ocultando información, el Serviu no actuó en forma transparente. En la resolución que adjudica no está claramente informado cuáles son los méritos jurídicos que desestiman nuestras observaciones, con respecto a la documentación que presentó la empresa que se adjudicó la licitación. Eso tampoco está en la documentación que está mandando a la Contraloría y me imagino tampoco se va a mandar al Tribunal de Contratación", sentenció.