Alexis Paredes R.

Ante las versiones surgidas en los últimos días respecto a que la cuestionada licitación por parte del Serviu para el mejoramiento de avenida España podría ser "bajada" producto de los cuestionamientos al proceso de adjudicación, que llevó incluso a la presentación de recursos de ilegalidad ante el Tribunal de Contratación Pública y una reclamación y solicitud de investigación especial ante la Contraloría Regional, el intendente Gabriel Aldoney reiteró que "todos los temas los tengo que analizar y me tengo que poner en todos los escenarios".

La autoridad manifestó que está revisando detalladamente el contrato suscrito entre la empresa Inatec, que se adjudicó tanto la licitación para el mejoramiento de la avenida España como de la subida Baden Powell, en Playa Ancha, por montos que superan los 5 mil millones de pesos; sin embargo, enfatizó, son los organismos correspondientes los que deberán pronunciarse al respecto antes de tomar una determinación definitiva.

Aldoney insistió que "ante un proyecto de esta naturaleza obviamente lo estoy evaluando, pero no tengo ninguna decisión tomada al respecto".

"hay que respetarlas"

La autoridad no ocultó su malestar por las especulaciones que han surgido respecto a esta sensible obra, por tratarse de la vía más importante de la región y sobre la cual el propio Aldoney reconoce que uno de los aspectos preocupantes en materia vial en la región es la creciente congestión vehicular que afecta a distintas ciudades, en especial a Valparaíso y Viña del Mar.

El intendente calificó como "poco serias" las especulaciones sobre una eventual "caída" de la licitación, ya que "eso lo tienen que resolver los organismos que corresponden. Cuando se señalan situaciones como esas, primero hay que tener claro que detrás de eso hay personas y a esas personas hay que respetarlas. Mientras los organismos contralores y fiscalizadores no se pronuncien, no corresponde hacer comentario de ningún tipo. Porque a veces las acusaciones que afectan a personas y eso, desde el punto de vista ético, no me parece que corresponda".

Consultado en su calidad de ingeniero experto en materias viales y logísticas, si le parecía un buen proyecto el mejoramiento de la avenida España, el jefe regional reconoce que "es un tremendo proyecto y lo estoy analizando. Me parece que lo más importante es que seamos capaces de resolver el problema de conectividad que existe entre Valparaíso y Viña. Cuando planteé los desafíos ante el Consejo Regional, se los dije claramente, que entre Valparaíso y Viña vamos a tener un problema de congestión ascendente y eso lo tenemos que resolver".

En relación a si se pudo hacer un mejor proceso de licitación a objeto de evitar los cuestionamientos, Aldoney afirmó que es materia que está analizando y próximamente se pronunciará al respecto.

"Esperemos que los organismos fiscalizadores y contralores se pronuncien. Una vez que lo hagan tomaremos una decisión respecto a la materia"

Gabriel Aldoney, Intendente regional

La Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía de Valparaíso prepara una nueva formalización por fraude al Fisco en el caso de desvío de fondos relacionados con proyectos concursables al 2% del FNDR del Gobierno Regional, destinados a financiar iniciativas relacionadas con las áreas de Cultura, Deportes y Seguridad Ciudadana, postulados por organizaciones territoriales, públicas o privadas, sin fines de lucro.

En esta nueva arista, el Ministerio Público formalizará por estafa al Fisco al presidente de la organización Centro Cultural Carlos Lorca, que se adjudicó 14 millones 500 mil pesos para ejecutar un proyecto de "Ciclo de cines populares", el cual no rindió ni ejecutó. Se presume que los fondos pudieron ser desviados para el financiamiento de campañas políticas, situación que es parte de la investigación.

La audiencia está fijada para el próximo 10 de septiembre, fecha en la cual se presentarán cargos por el delito de estafa al Fisco por apropiación de fondos que dicen relación con el 2% del FNDR en el área de Cultura, el cual fue adjudicado en abril de 2012. Se trata de recursos obtenidos en forma fraudulenta para proyectos que no se ejecutaron, que eventualmente pudieron tener un destino político, lo cual es parte de la investigación.

Caso urízar

En el caso del diputado por el Distrito 10, Christian Urízar, quien en marzo pasado fue formalizado por el delito de fraude al Fisco por montos que superan los 80 millones de pesos producto de la sobrevaloración de proyectos y desvío de fondos que se presume estaban destinados a financiar su candidatura al Congreso, se estima que el Ministerio Público pedirá su desafuero para llegar a la instancia de la acusación. El representante del Partido Socialista y un grupo de asesores se habrían concertado para "reclutar" a organizaciones sociales afines al conglomerado político para postular 11 proyectos con cargo al 2% del FNDR, hechos registrados durante el periodo 2011-2012, época en la cual Urízar se desempeñaba como consejero regional y tenía injerencia directa en la aprobación de los recursos.

$ 80 millones habría desviado el diputado Urízar para financiar su campaña a través del 2% del FNDR.

10 de septiembre se realizará la audiencia de formalización por fraude por un monto de 14 millones y medio.