"Parte de la Nueva Mayoría ha ido entendiendo que vivir en paz también es parte de los DD.HH."
Como un "avance importante" para ayudar a las policías y a los fiscales "a obtener mejores resultados" califica el senador Felipe Harboe (PPD) la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de agenda corta antidelincuencia que ahora iniciará su segundo trámite legislativo en el Senado y específicamente en la Comisión de Constitución que él integra.
Paladín de la seguridad ciudadana al interior de la Nueva Mayoría aun cuando ésta no comulgaba mucho con el tema debido a traumas históricos, el parlamentario y exsubsecretario del Interior de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos es uno de los mayores defensores del Control de Identidad Preventivo (CIP), que es uno de los temas que contiene la agenda corta.
- ¿Le satisface el proyecto aprobado en la Cámara?
- Es un gran avance. Incluye el Control de Identidad Preventivo; se están limitando las facultades de los jueces para apartarse del marco legal que le pone la ley en la aplicación de penas. Por ejemplo, nosotros como legisladores le ponemos una pena a un delito de entre tres años y un día a 10 años, pero los jueces, por la aplicación del Código Penal, si encuentran que hay atenuantes pueden bajar esta pena a menos de tres años y un día. Yo soy de la idea, y así lo he sugerido en un proyecto, que los jueces no puedan rebajar la pena asignada por ley; y que si hay un atenuante, que le apliquen el piso.
- El control de identidad preventivo causaba resquemor en la Nueva Mayoría. ¿Se convencieron?
- Efectivamente, hay un sector en la Nueva Mayoría que tiene un trauma con las facultades policiales preventivas producto del abuso que se hizo en algún minuto con la detención por sospecha. Mi posición ha sido invariable por mucho tiempo: yo soy partidario del control de identidad preventivo porque, tal como establecen las democracias consolidadas, la policía debe tener facultades para poder controlar la identidad de las personas cuando hay un indicio de que se ha cometido un delito o hay ciertas condiciones. Y si el temor que tienen algunos es por los eventuales abusos, hay que establecer un régimen de sanciones para aquellos que abusen de esta facultad. Lo que no puede ocurrir es que la policía no tenga esta facultad por el temor a potenciales abusos.
- Una de las aprensiones es que al final el uso de esta herramienta quede al instinto del policía y que imperen los prejuicios por la apariencia física, por la ropa, etc.
- Bueno, para eso estudian los policías y por eso es importante otorgarles las facultades del CIP, porque lo que le interesa al ciudadano en su casa no es solo que el delincuente sea perseguido, sino que no se cometa el acto en su casa y para que no se cometa el delito hay que tener facultades para controlar la identidad.
¿convencida u obligada?
- La duda es: ¿La Nueva Mayoría de verdad está convencida de aplicar esta herramienta o es porque en las encuestas el tema de seguridad es el que más le importante a la gente?
- No. Mire, yo me he dedicado años a este tema… y efectivamente al principio uno observaba que en la Nueva Mayoría, producto de los traumas del pasado, los temas de seguridad no le interesaban a muchos y más bien los veían con cierto recelo. Yo les argumentaba que la seguridad es un tema muy progresista, porque quien más se ve afectado por el delito son los más pobres que no tienen dinero para tener alarmas ni seguridad privada, donde ambos padres salen a trabajar y dejan la casa sola. O donde los niños que viven en las poblaciones se ven sujetos a la bala loca. Entonces, para mí este es un tema muy progresista y mi percepción es que un sector de la Nueva Mayoría ha ido entendiendo que vivir en paz y tranquilidad es parte también de los derechos humanos.
- ¿Este trauma significó al final dejarle a la derecha el monopolio de este tema?
- Sí, pero yo he estado en esto desde hace muchos años y lo que pasa es que la derecha asume este tema pero con una visión restrictiva y mirando la seguridad como un tema policial. Hoy no cabe duda que le hemos corrido el cerco a la derecha y ha entendido. Así lo hemos trabajado con el senador Alberto Espina, con quien nos enfrentamos, pero ahora estamos trabajando juntos porque ha entendido que la delincuencia no es solo un tema de sanciones penales, sino que tiene que ver con una modificación del modelo de inserción social que debe tener mayor eficacia e incidencia en las instituciones que participan del proceso.
- ¿En el Senado se le van a introducir cambios a la agenda corta?
- Sí, se le van a introducir algunos perfeccionamientos en algunos tipos penales y cambios que vayan en la línea de ir mejorando las condiciones de la seguridad de las personas. En la Comisión de Seguridad hemos trabajado mucho el tema y probablemente si se propone, por ejemplo, el agravamiento de las sanciones de quienes agredan a las policías, yo soy partidario de incorporar también a los fiscales. Por eso estoy trabajando un estatuto de protección a los fiscales porque hay muchas amenazas y si uno le encomienda a los fiscales que en representación de la sociedad persigan a los delincuentes, lo que corresponde es que el ordenamiento jurídico les otorgue niveles de protección mayor.
- ¿Cómo se ve el escenario post Senado?, ¿irá a comisión mixta?
- Mi percepción es que igual va a ir a tercer trámite porque cualquier cambio que hagamos debe ser revisado por la Cámara, pero aunque aún no he visto en detalle el proyecto, no creo que vayamos a tener diferencias tan sustanciales con lo aprobado en la Cámara.
Lo que viene
- Convertida en ley, ¿cuáles son los pasos que vienen?
- Estamos en deuda con temas muy importantes. Primero hay que modificar el sistema de responsabilidad penal adolescente; en segundo lugar, hay que crear el juez del cumplimiento de condena porque no sacamos nada con que el sistema contemple penas alternativas que no son privativas de libertad, como es el trabajo comunitario o reclusiones nocturnas, si no se cumplen porque la sensación que hay es que si la pena no es de cárcel, entonces hay impunidad. Y eso no debiese ser así porque en otros países las penas alternativas se cumplen y creo que no hay que recargarle la mano a los jueces, sino que más bien crear un sistema con jueces especializados en fiscalizar el cumplimiento de las condenas alternativas e ir monitoreando si las personas se rehabilitan y quebrar la carrera delictual. El tercer punto es que una vez por todas establezcamos en forma permanente y no como piloto los tribunales del tratamiento de drogas y que implica que en aquellos casos de delitos menores, donde la causa del delito sea la adicción a las drogas, exista la posibilidad de tener un tratamiento obligatorio financiado por el Estado.
- En el tema de la responsabilidad penal adolescente el cambio irá por aumentar penas, rebajar la edad, mejorar los sistemas de rehabilitación... ¿por dónde?
- Es un tema muy complejo. Hoy tenemos cerca de 500 mil jóvenes que no estudian ni trabajan y aparece el delito -el tráfico de droga, el robo a viviendas o cajeros automáticos- como una alternativa frente a la falta de oportunidades. O sea, el tema de la delincuencia juvenil es mucho más profundo que aumentar las penas y el Estado debe hacerse cargo de una política pública de reinserción de 500 mil jóvenes que, por lo demás, están plenamente identificados, porque sabemos quiénes egresaron y no están estudiando ni trabajando. La idea es la alternativa laboral, emprendimiento, formación porque al final del día hay una parte importante de estos jóvenes que son delincuentes ocasionales y se van incorporando en el mundo delictual para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, a esos hay que sacarlos y respecto a los otros, lo que tomaron la decisión de iniciar una carrera delictual, que haya un sistema penal que tenga una sanción que implique procesos de rehabilitación.
"Estoy trabajando un estatuto de protección a los fiscales porque hay muchas amenazas y si se les encomienda que persigan a los delincuentes, corresponde otorgarles niveles de protección mayor"
"Creo que no hay que recargarle la mano a los jueces, sino que más bien crear un sistema con jueces especializados en fiscalizar condenas alternativas e ir monitoreando si las personas se rehabilitan"
ENTREVISTA. FELIPE HARBOE, senador (PPD), sobre aprobación del Control de Identidad Preventivo: