Alexis Paredes R.

Tras las presentaciones por ilegalidad y reclamaciones presentadas por empresas que participaron en la adjudicación de los proyectos licitados por el Serviu de Valparaíso, mejoramiento de Avenida España y subida Baden Powell, en Playa Ancha, Contraloría Regional de Valparaíso objetó la toma de razón de ambas iniciativas, cuya inversión supera los 5 mil millones de pesos y que deben ser ejecutadas por la misma constructora.

Pese a que Serviu ya había entregado los terrenos para que la empresa Inatec Limitada instalara faenas en subida Baden Powell, en su resolución, la entidad de control se abstuvo de "dar curso al documento", vale decir la toma de razón, por cuanto "no fueron aportados los antecedentes relativos a las ofertas técnicas y económicas de todos los oferentes que participaron en el respectivo proceso licitatorio, aspecto que impide un acertado estudio de juridicidad del procedimiento", dio cuenta la resolución firmada por el contralor regional, Víctor Hugo Merino.

Respecto al proyecto de avenida España, Contraloría cuestionó el trámite de toma de razón solicitado por Serviu para aprobar el contrato celebrado con Inatec Limitada. Dentro de los puntos expuestos en la resolución, el organismo contralor representó que el equipo de profesionales designado por la empresa adjudicada corresponde al mismo propuesto para la ejecución del contrato de "Mejoramiento de Av. Baden Powell", situación que "deberá ser ponderada por esta repartición pública", ya que las propias bases administrativas elaboradas por Serviu "previeron que tanto el profesional residente como los de autocontrol debían contar con estadía permanente y dedicación exclusiva durante el transcurso de la obra", las que se ejecutarían en forma paralela.

Contraloría también se refirió a la reclamación por ilegalidad realizada por el contratista Waldo Sánchez, respecto a una serie de irregularidades en los actos administrativos realizados por Serviu. Debido a que el constructor dedujo una denuncia ante el Tribunal de Contratación Pública por la adjudicación de Avenida España, solicitando retrotraer el acto administrativo a la apertura de las ofertas, el ente contralor regional manifestó estar "impedido de pronunciarse sobre las alegaciones planteadas en el proceso licitatorio", ya que legalmente no le corresponde intervenir ni informar los asuntos de naturaleza litigiosa o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, hecho que ocurre en este caso.

No obstante ello, el órgano fiscalizador, en el marco de sus atribuciones, realizó un examen preventivo de juricidad de los actos administrativos afectos al trámite de toma de razón. Producto de este análisis informó que, en las bases administrativas de la licitación, se estableció que la comisión técnica declararía fuera de base las ofertas que no acompañaran todos los documentos solicitados en el punto 8.1 de las mismas o que los presentaran incompletos, adulterados o ilegibles.

Sin embargo en el fundamento del informe de selección que la propia comisión técnica elaboró, concluye que ninguno de los oferentes cumplió con lo dispuesto en el punto 16.1 en la etapa de evaluación de las ofertas, debiendo verificar el cumplimiento de los técnicos exigidos, velando que el contenido de los documentos esenciales solicitados no presenten incongruencias entre sí, "debiendo rechazarse las ofertas que no cumplieran con las condiciones allí dispuestas".

Otras observaciones tienen relación con que "no fueron aportados los antecedentes relativos a las ofertas técnicas y económicas de todos los oferentes que participaron en el proceso licitatorio, aspecto que impide verificar la exactitud de los datos relativos a los mismos y la incidencia de los errores y omisiones a los que se hace mención en el informe de selección, no siendo posible tampoco analizar el criterio utilizado por la comisión para determinar la gravedad de las omisiones en que incurrió cada empresa en sus presentaciones".

La revisión de los antecedentes también da cuenta que "no se advierte que el experto en prevención de riesgo propuesto por la empresa adjudicada haya acompañado los documentos requeridos", asimismo "del currículum del profesional a cargo del equipo de autocontrol de la empresa adjudicada se observa que no reúne los años de experiencia exigidos en las bases administrativas, a saber, dos años mínimos".

Tras conocer la resolución de Contraloría, el intendente Gabriel Aldoney detalló que "en estricto rigor, lo que objetó Contraloría es el cumplimiento de algunos preceptos que estaban establecidos en las bases de licitación. Hasta donde tengo entendido, el Serviu puede apelar y se están haciendo los análisis para aquello".

La autoridad resaltó que, dentro de la administración pública, "el Serviu es un organismo centralizado y tiene un grado de autonomía. A ellos les he planteado mis puntos de vista respecto al proyecto (Av. España), que es de interés regional. Voy a quedar a la espera de lo que haga Serviu para ver qué medidas tomar".

Aldoney se mostró sorprendido por la objeción de Contraloría a la toma de razón de Baden Powell, tomando en cuenta que Serviu ya entregó los terrenos a la empresa adjudicataria para la instalación de faenas, hecho que incluso podría significar una demanda de Inatec al organismo público. "Serviu tendrá que explicar claramente qué es lo que sucede ahí y tomar las medidas para ver si puede rectificar lo que Contraloría dice. Es evidente que esto requiere una solución a la brevedad posible", argumentó.

Aldoney aclaró cualquier especulación sobre actos que atenten a la probidad tras la resolución del ente contralor, enfatizando que "aquí no existe ningún acto de corrupción, por lo menos a lo que Contraloría se refiere y no tengo porqué poner en duda el proceso desde ese punto de vista. La investigación que se ha desarrollado está estrictamente en el ámbito administrativo".

Cabe recordar que esta semana, el director de Serviu, Nelson Basaes, reiteró que dicho servicio no incurrió en ninguna ilegalidad en el proceso de adjudicación. Trascendió que este revés ante Contraloría habría sentenciado su inminente salida del cargo.

Luego de conocer el pronunciamiento de Contraloría, el contratista Waldo Sánchez, uno de los que impugnó la adjudicación de Av. España, comentó que el fallo de Contraloría deja en evidencia la falta de antecedentes para licitar la iniciativa, lo que impidió al ente fiscalizador la toma de razón sobre la legalidad del contrato.

"Además de todas las irregularidades en las que se funda nuestra impugnación, existe otro problema que es grave. Veo una falta de control interno de Serviu en la evaluación de las propuestas, donde la oferta adjudicada fue mal evaluada desde el principio y no darse cuenta de la inexperiencia que tiene el profesional residente es un hecho grave", subrayó Sánchez.

"El dictamen de Contraloría por ningún motivo puede ser interpretado como indicios de un acto que atente contra la rectitud con que la comisión y el director del Serviu han actuado en esta materia"

Gabriel Aldoney Intendente regional

2 empresas contratistas presentaron demandas de impugnación por ilegalidad en contra del Serviu en el proceso de adjudicación del proyecto de mejoramiento de la avenida España.

$ 5.013 millones suman los dos proyectos adjudicados a la empresa Inatec Limitada, cuya toma de razón de los contratos fue objetada por la Contraloría Regional de Valparaíso.