El subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, informó ayer que el catastro realizado en la Región de Coquimbo para evaluar las consecuencias del terremoto en la zona arrojó más de mil viviendas destruidas.

La autoridad detalló en radio Cooperativa que "ya tenemos una cifra en torno a las 8.500 viviendas afectadas por algún tipo de daño y nosotros estimamos que de esas 8.500, según nos ha señalado la ministra de Vivienda (Paulina Saball), unas 1.040 aproximadamente, van a tener que ser demolidas totalmente".

Para afrontar estas pérdidas, Cifuentes señaló que será necesario "habilitar terrenos para viviendas de emergencia o (entregar) un subsidio de acogida para que esas familias durante un tiempo puedan irse a vivir con un pariente o alguna familia que la reciba".

El subsecretario aseguró que la aplicación de esta medida comenzará hoy.

Asimismo, "desde la Subdere, con recursos del Ministerio del Interior, estamos transfiriendo a los municipios recursos para que ellos puedan contratar maquinaria, cuadrillas (...) entregando entorno a unas 60 UF por solución y estamos hablando en esta etapa inicial de unos $ 1.200 millones para el proceso de demolición y habilitación del terreno", indicó Cifuentes.

Luego de eso, el costo por vivienda de emergencia se estima en "más de $ 2,5 millones cada una".

Los integrantes de la Comisión de Salud del Senado Guido Girardi (PPD) y Francisco Chahuán (RN) advirtieron al Gobierno que el próximo 6 de octubre vence el plazo para que el Ministerio de Salud presente un nuevo proyecto de reforma al sistema de isapres.

Los parlamentarios emplazaron al Ejecutivo por la iniciativa y coincidieron en el análisis sobre el actual sistema privado de salud. "Las isapres le hacen daño al país (…) han practicado sistemáticamente la piratería y estafan a la gente", afirmó Girardi en declaraciones a TVSenado, y añadió que estas "empresas de la salud violan la Constitución chilena".

En la misma línea, Chahuán manifestó que "no vamos a tolerar más abusos por parte de las isapres", y acusó directamente al Ejecutivo de haber sucumbido ante el lobby de dichas instituciones. "Al no enviar a tiempo un proyecto de ley, el Gobierno y el Minsal se han hecho cómplices de estas injusticias", enfatizó.

Sin embargo, ambos legisladores establecieron diferencias sobre la forma en la que el Gobierno abordará la temática.

Mientras Girardi aseguró que desde La Moneda pueden sumarse a la iniciativa que está actualmente en trámite o enviar un nuevo proyecto de ley, Chahuán afirmó que solo aceptará indicaciones al trabajo que ya ha realizado la Comisión.

"La Presidenta Bachelet nos pidió postergar el debate, pero han pasado casi dos años. Se debe cambiar el sistema de isapres a través de un proyecto nuevo o con indicaciones al que ya está en trámite", propuso el senador del PPD.

Ambos senadores también marcaron distancias sobre el proyecto de despenalización del aborto en tres causales. Girardi acusó directamente a los "conservadores" de tratar con hipocresía el tema del aborto.

"Hay un problema cultural de los conservadores que quieren imponer su mirada a todos. La paradoja es que los mismos conservadores que se muestran contrarios al aborto, son los abortistas", argumentó el parlamentario oficialista.

Por el contrario, Chahuán dio cuenta del "nulo acompañamiento de las madres que están en embarazo problemático".

Pamela De Vicenzi

Parlamentarios del oficialismo y de la oposición enfatizaron ayer la necesidad de que el Presupuesto 2016 sea "austero" y acorde al escenario económico del país, en la antesala del anuncio que realizará la Presidenta Michelle Bachelet este miércoles en cadena nacional.

El senador DC y presidente de la comisión especial mixta de Presupuesto, Andrés Zaldívar, reconoció que el Erario "va a ser un presupuesto que no va a tener el crecimiento que tuvo el año anterior, por razones obvias y no se puede aumentar el gasto, y va a determinarse dentro de las prioridades los temas que el país también ha conocido".

El legislador señaló que el foco para la inversión estará puesto en los temas de salud, educación y seguridad ciudadana.

"También va a haber una clara dirección de recursos a la inversión para ayudar a mantener el nivel de crecimiento que el país está planteando para el próximo año, que debe bordear del orden del 3%", añadió Zaldívar, citado por Cooperativa.

El senador de la UDI y también miembro de la comisión, Juan Antonio Coloma, llamó ayer al Gobierno a la "austeridad" y que las prioridades del Erario se enfoquen en temáticas como la seguridad y el emprendimiento.

"Creemos que esta austeridad debe estar bien orientada y le pedimos que el foco sea la clase media y los emprendedores", sostuvo el senador.

Asimismo, Coloma estimó que el gasto público no debe superar el 4,5%. "Claramente que tiene que ser un presupuesto mucho más austero, concorde a la realidad que el país está viviendo hoy día, y en vez de estar pensando en alzas de dos dígitos, nosotros estimamos que el incremento no puede ser de más del 4% o 4,5%", señaló.

"Es la única manera en que no estalle la inflación en nuestro país y que no haya un desajuste fiscal que después los países pagan gravemente", añadió.

En la misma línea, y respecto de lo que el parlamentario denomina como un "frenesí reformatorio", advirtió que "cuando el Gobierno toma malas decisiones políticas y económicas, el país se resiente".

En la misma línea, el diputad gremialista Ernesto Silva solicitó que el Presupuesto del próximo año sirva "a las personas y no a las ideologías de izquierda que están imperando hoy".

"El país ha perdido mucho con las decisiones que han servido a las ideologías y no a las personas, y queremos que eso cambie. Y esperamos que este Presupuesto 2016 sea una oportunidad donde se marque un punto de inflexión para dejar atrás esas ideologías y empezar a servir a los chilenos", manifestó Silva.También llamó a que los dineros del Estado estén destinados "a atender a la clase media, a los emprendedores y a los emergentes, a los que quieren empujar y luchar en Chile".

Silva se refirió a la reducción de los fondos destinados a financiar la gratuidad en la educación superior durante el próximo año. Según La Tercera, la medida, que contemplaba un gasto de US$ 500 millones, tendría solo US$ 300 millones.

La publicación citó al diputado de la DC e integrante de la Comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini, quien admitió que "las cifras partieron mucho más altas y sabemos que este ha sido un tema bastante complicado".

"La familia de clase media que tiene a sus hijos en la universidad, y también los estudiantes, sienten mucha rabia de ver un zigzagueo que no tiene destino", replicó Silva.