@talocowley

@RuizFernandezDJ

Durante los años 2014 y 2015, nuestra región ha presenciado el conflicto entre el Ministerio de Energía y numerosas comunas, debido al proyecto que incluye una línea de transmisión eléctrica que busca fortalecer el sistema interconectado central. Los alcaldes de las comunas involucradas y numerosos grupos ciudadanos organizados han hecho ver los impactos ambientales que el trazado tiene para el territorio. Esta polémica es un claro ejemplo de un tipo de conflicto que amenaza con profundizarse y multiplicarse en Chile.

En la actualidad, el costo de la energía, las indecisiones respecto al desarrollo logístico y los problemas de sequía están impactando el desarrollo del país. Por un lado, se afecta el crecimiento económico en general, mientras que por otro, se encarece la calidad de vida de miles de chilenos. Pese a que la infraestructura energética, hídrica, vial o portuaria es relevante para el avance de la sociedad, su materialización se ha visto detenida, alcanzando un letargo alarmante.

El desarrollo de la infraestructura aún se apoya en cierto andamiaje institucional diseñado en la década de los setenta, el cual está caracterizado por la desregulación del territorio y la atomización del Estado. Pese que este diseño se orienta a facilitar la materialización de las inversiones, resulta paradojal presenciar como esa desregulación ha terminado empantanando todo proyecto relevante.

La revolución cultural detonada por la economía de mercado ha diversificado las demandas sociales hasta niveles insospechados, haciendo emerger temáticas asociadas al medioambiente, a la identidad cultural y al patrimonio que complejizan el escenario de los nuevos proyectos. Las comunidades locales que les toca recibir este tipo de megaproyectos no están dispuestas a pagar las externalidades ambientales que implica ser la zona de sacrificio de iniciativas que muchas veces van solo en beneficio de las zonas metropolitanas. Lo anterior hace que la judicialización de cualquier proyecto de cierta envergadura sea un paso esperable en el itinerario de la materialización.

Los desastres ambientales en nuestra región han evidenciado la siniestra correlación entre la pobreza y el "destino" de ser una zona de sacrifico ambiental, como lo demuestran los derrames en Quintero y la contaminación del sector de La Greda, en Puchuncaví, por nombrar solo algunas emblemáticas.

Esta situación es evidentemente insostenible. Por un lado, la paralización de proyectos tiene consecuencias económicas y sociales obvias. Por el otro, siguen siendo los más pobres quienes internalizan los impactos de la infraestructura y los subsidios post catástrofes no pueden seguir siendo la manera utilizada por el Estado para solucionar los problemas sociales que generan los conflictos ambientales. Eso solo profundizan la pobreza y la exclusión.

Para destrabar esta situación hay que generar nuevos instrumentos que permitan acuerdos generales vinculantes entre las comunidades y el Estado respecto al uso del territorio y la localización de inversiones en conjunto con la protección del medioambiente. Necesitamos avanzar hacia una política integral de Planificación Territorial, tal como la conocen sociedades más avanzadas que han enfrentado problemas similares. Siempre será problemática la ubicación de una cárcel o de una represa, pero lo relevante es contar con instrumentos que anticipen conflictos, que pavimenten acuerdos y que sean participativos.

En Chile no tenemos una política de planificación territorial. La planificación del territorio, fuera de la ciudad, está sujeta a inversiones sectoriales y a controles establecidos por la ley de Medio Ambiente. Si bien existen planes de ordenamiento territorial (PROT), éstos no son vinculantes, quedando en un espacio meramente indicativo.

En la década de los setenta, la planificación territorial era vista con aversión por los economistas de la época. Imaginaban una planificación centralmente dirigida, que coartaría la libertad sobre ese "recurso infinito" que representaba el territorio. En esa línea, llegaron a decir que el mercado debía asignar el uso de suelo. Pues bien, esta es una visión obsoleta y el resultado está a la vista. La modernización de la sociedad exige acuerdos mínimos para avanzar y eso se hace fijando reglas del juego claras y visión del tipo de territorio en que deseamos vivir.

En momentos en que el crecimiento económico del país está en el centro del debate nacional, conviene analizar el rol que cumple la infraestructura en la aceleración del desarrollo económico e incremento de la calidad de vida de las personas. Para ello, entonces, es el momento de avanzar hacia procesos institucionales que garanticen la inserción sustentable de los proyectos en el territorio.

El caso de la expansión portuaria en Valparaíso, sería un buen paso inicial.

*Integrantes Corporación Metropolítica

Gonzalo Cowley

Marcelo Ruiz