Karen Unda

Entre amigos y familiares de torturados, ejecutados y detenidos desaparecidos, la abogada del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Sylvana Mariangel, detalló cómo avanzan las causas en la zona que están a su cargo.

La profesional, responsable como parte querellante de 50 casos en la región, explicó cuáles han sido las complicaciones para poder contar con la mayor cantidad de antecedentes que permitan esclarecer los hechos y dilucidar el paradero de más de un centenar de víctimas desaparecidas tras el golpe militar de 1973, de manera tal de otorgar justicia a sus familiares.

- ¿Cuántos detenidos desaparecidos hay en la región?

- Hay cuatro instancias que arrojan que en Valparaíso como víctimas calificadas hay 161 personas, ese es el universo de víctimas con el que nosotros como programa trabajamos. Por supuesto que sí hay más víctimas y las investigaciones han dado cuenta de aquello. Sin embargo, muchos de los casos que se presentaron no calificaron por falta de pruebas. Sobre esos casos el programa no puede trabajar. Del total de 161 víctimas calificadas hay una cantidad de casos que ya están cerrados, otros se investigan en otras jurisdicciones y el resto de las causas se investigan acá. Nosotros somos parte querellante en 50 de esos casos, pero nos falta presentar querellas por 50 víctimas más.

- ¿Cuáles son las trabas que presentan los casos más complejos?

- Lo primero es ver si se ejerció alguna acción judicial en la época, además si se realizaron investigaciones sumarias o procesos castrenses. Por otra parte, las mismas personas citadas a declarar que podrían tener conocimiento no están dispuestas a aportar. En general, todos declaran haber tenido meramente funciones administrativas y que nadie patrullaba las calles o que nunca vieron un hecho de sangre, lo que francamente es poco creíble, uno se da cuenta que no hay mucha disposición a colaborar con los procesos.

- ¿Qué casos en proceso presentan mayor avance?

- En varias causas este año se han cerrado sumarios, se dio por agotada la investigación, los hechos están esclarecidos y se ha pasado a la segunda parte del juicio que es el plenario, ahí se han dictado acusaciones en contra de determinadas personas por delitos concretos y una vez fijados los hechos y concluido el plenario debiéramos tener prontas sentencias, esperamos condenatorias. Nosotros consideramos que hay antecedentes para justificar una sentencia condenatoria en al menos cinco casos durante este año.

- ¿Diría que existen pactos de silencio en las Fuerzas Armadas?

- No los calificaría como pactos de silencio, el pacto ocurre jurídicamente cuando un grupo de personas concuerda una voluntad en este caso de no entregar cierta información; más bien aquí las órdenes las entregó el oficial a cargo de mayor rango a sus subalternos en torno a ocultar la evidencia, porque en algunos casos los partes policiales que se decretaron en la época están adulterados. En ese escenario, es probable que haya temor porque algunos procesos han arrojado que hubo amenazas de por medio para que no colaboraran con la investigación o para que no se revelara la información o cómo habían sido los hechos realmente.

- ¿Qué opina de las declaraciones del ex comandante en jefe de la Armada, almirante (r) Miguel Ángel Vergara, quien dijo que al menos la Armada ha entregado toda la información que posee?

- En los procesos han existido varios cambios con los altos mandos de la Armada desde que se iniciaron las investigaciones en el año 2000, cuando los mismos familiares comenzaron a presentar querellas en la Región de Valparaíso. En un principio la información se entregaba de forma tardía, nosotros hemos solicitado antecedentes a la Armada o al Ejército que hasta ahora no aparecen, porque fueron incinerados o hay voluntad de que no aparezcan. Sin embargo, son muy relevantes para la investigación; por tanto, se insiste en que aparezcan. Otro antecedente que uno siempre solicita son las dotaciones, qué funcionarios, tanto oficiales o suboficiales, estaban en tal o cual institución y con respecto a eso se entrega la información de manera tardía o con variaciones en las listas, no creo que haya dolo, pero eso claramente retarda las investigaciones.

- ¿Cómo evalúa la actuación del ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para causas por violaciones a los derechos humanos, Jaime Arancibia Pinto?

- Nosotros como programa de Derechos Humanos hemos visto un cambio sustancial. Él asumió el cargo en mayo del año pasado y de ahí a la fecha las investigaciones han avanzado muchísimo, hay cuatro casos que ya se cerraron y pasamos a la segunda parte del plenario, es decir, estos casos debieran prontamente tener sentencia, y la pretensión punitiva por parte del programa aspira a que sean sentencias condenatorias. Hay otros casos en que se están reabriendo investigaciones que en su momento fueron cerradas por falta de antecedentes. Como programa estamos bastante satisfechos, al igual que las familias de las víctimas, porque ha existido un cambio sustancial con respecto a la labor que él ha estado realizando.

"Debiéramos tener prontas sentencias, hay antecedentes para justificar una sentencia condenatoria en al menos cinco casos durante este año" "Hemos solicitado antecedentes a la Armada que hasta ahora no aparecen, porque fueron incinerados o hay voluntad de que no aparezcan"

A 42 años de su muerte recuerdan a Miguel Woodward

En un ambiente de recogimiento en el memorial del Cementerio N° 3 de Playa Ancha, amigos y familiares del sacerdote Miguel Woodward, que murió tras ser torturado en diferentes recintos, entre ellos el buque escuela "Esmeralda", y cuyo cuerpo aún no aparece, recordaron al cura que desarrolló su labor pastoral en los cerros porteños. Así, más de treinta personas llegaron pasado el mediodía de ayer hasta el recinto ubicado en el camposanto porteño.

Javier Rodríguez, vocero de la agrupación de amigos de Miguel Woodward, pidió justicia una vez más, refiriéndose a la gira 2015 de la "Esmeralda" en Europa, debido a que en varios países el Buque Escuela fue repudiado por ser un lugar de tortura, en especial en la ciudad de Cádiz, en España, donde el alcalde se negó a subir a bordo, asegurando que esta información ha sido ocultada por la Armada.

ENTREVISTA. SYLVANA MARIANGEL, abogada del Programa de DD.HH del Ministerio del Interior:

Con el fin de obtener justicia en una serie de casos de prisión política, secuestro y tortura durante el régimen militar en Chile, los que durante décadas han permanecido ocultos e impunes, un grupo de víctimas que fueron detenidas y torturadas en el Cuartel Almirante Silva Palma y la Academia de Guerra Naval presentarán una querella en contra de quienes resulten responsables de estos delitos.

La acción se interpondrá a las 11 horas de hoy en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lugar hasta donde llegará en representación de su hija Eva Evers -quien encabeza la acción judicial-, Haydee Oberreuter, quien asegura haber sido detenida y torturada pese a estar embarazada en 1975, en el contexto de una operación en contra de la dirección regional del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) que se encontraba en la clandestinidad.

"Quien encabeza la querella es mi hija mayor, Eva Evers, quien en esa época tenía solo un año y medio, siendo detenida junto a mi madre y llevada al cuartel Silva Palma para efectos de lograr mi detención, un procedimiento que se usó frecuentemente aquí en la región y en todo el país. Eva no es un caso único, pero deja en evidencia que ni siquiera a un niño se le eximió de ser considerado un enemigo y un peligro para la seguridad del Estado, hechos que han permanecido totalmente impunes a lo largo de décadas y hemos dicho basta, no queremos más", aseveró Oberreuter.

Añadió que durante años esperaron que "fuera la Armada la que tuviera la entereza y el coraje moral de hacerse cargo de los hechos que cometieron durante la dictadura. No obstante, eso no ha ocurrido".