Alexis Paredes R.

El 14 de abril de 2014, la página web de quien era entonces presidenta del Senado, Isabel Allende, sufrió un publicitado ataque cibernético. El hackeo a la legisladora habría sido en respuesta a una presunta negativa a la posibilidad de habilitar el Congreso Nacional como albergue para los damnificados del megaincendio que destruyó cerca de mil hectáreas en la zona alta de Valparaíso, dichos que luego fueron rectificados por la parlamentaria.

Tras la denuncia formal presentada por la actual presidenta del Partido Socialista ante la Brigada del Ciber Crimen de la PDI en Valparaíso, las diligencias culminaron dos semanas después cuando detectives allanaron el domicilio del principal sospechoso e incautaron el computador con el que habría cometido el ilícito.

El autor del hecho, de 28 años, fue formalizado por el delito de sabotaje informático y recibió una condena remitida. Las bajas penas que contempla la actual legislación para delitos informáticos, vigente desde 1993, impide que los autores de estos ilícitos, cada vez más comunes en nuestro país, sean sancionados con sanciones más duras.

A objeto de tener mejores herramientas para perseguir delitos informáticos, la PDI ha trabajado en forma mancomunada con la Comisión de Ciencia y Tecnología, para elaborar y obtener la promulgación de un nuevo texto legal que tipifique las nuevas figuras penales relativas a la informática, que no están contempladas en la actual legislación.

A ocho años de su creación, la Brigada del Ciber Crimen enfrenta una serie de desafíos producto de la constante renovación de la tecnología, donde Chile ocupa un lugar de privilegio dentro de Latinoamérica, que convierte a los usuarios nacionales en un grupo vulnerable para los delincuentes o piratas informáticos que se mueven a través de internet y acceden a las redes sociales desde todo el mundo.

El jefe de la Brigada del Ciber Crimen de Valparaíso, subprefecto Charlie Vignes, dice que uno de los principales obstáculos de la unidad porteña tiene relación con que muchos de los delitos que actualmente se cometen no están tipificados en nuestra normativa.

-¿Con qué delitos nuevos se están encontrando, tomando en cuenta la rapidez con que avanza la tecnología y el masivo uso que hay de las redes sociales?

-Como brigada, aparte de nuestra labor que, es investigar los delitos, estamos también muy preocupados de educar a toda la gente en materia de delitos informáticos. En conjunto con los parlamentarios, trabajamos en una mesa en la cual se está elaborando un nuevo proyecto de ley, la nueva Ley de Delitos Informáticos, actualmente en una comisión mixta. En cuanto a lo que es tecnología, mantenemos los equipos adecuados para nuestro trabajo, pero como todo delito, se va perfeccionando cada año, y en dos o tres años más quedan obsoletos.

-¿Con la actual legislación, hay delitos que ustedes no pueden atacar de la mejor forma?

-Exacto. Lo que pasa es que la ley data del año 1993 y, lamentablemente, nos encontramos con que la ley no especifica mucho algunos delitos, por lo que los fiscales deben tipificar casos como 'otros hechos', sin que tengan la penalidad adecuada para la gravedad de los hechos. Muchas veces nosotros logramos establecer los delitos, pero las penas son muy bajas.

-¿Cuáles son esos nuevos delitos que no están bien tipificados por la normativa actual?

-Casi todos los delitos relacionados con el sabotaje o espionaje informático, que no está contemplado de esa forma en la actual ley y se sanciona como "otros delitos" que tienen una penalidad mucho más baja en relación a los efectos o daño que causan a las víctimas, ya sea particulares, empresas o incluso organismos de Estado que se han visto afectados por estos ataques. También está muy de moda la manipulación de personas a través de las redes sociales, que en muchas ocasiones también lo tipifican como otros hechos.

-¿El uso de redes sociales se ha convertido en un campo fértil para que se puedan cometer delitos cibernéticos?

- Así es, de hecho el estafador, el tipo que cometía estafa a bancos o a personas, ya no está operando en la calle por cuanto el riesgo es mucho, sin embargo, hoy día lo puede hacer desde su casa, utilizando todas las redes sociales. Actualmente existen denuncias por ese tipo de hechos, con respecto a compra de cosas, suplantación de personas, falsos secuestros o incluso redes internacionales que hacen secuestro de información, encriptan la información que tú tienes en tu computador, en general lo hacen con empresas que tienen mucho dinero, y después que exigen una cierta cantidad de dinero para recuperar esa información. En Chile ya hay un caso de este tipo y estamos tratando de alertar a las autoridades respecto a que este delito puede ir en aumento a futuro.

-¿Qué tan frecuentes son estos delitos a través de las redes sociales en nuestra región?

-Los delitos de estafa, suplantación de personas, de acoso o 'grooving' son bastante frecuentes y van aumentando. Hay que considerar una cifra negra que tampoco se denuncia, ya que a mucha gente le da vergüenza contar que han sido engañados o estafados y no concretan la denuncia. Si sumamos la cifra negra con las denuncias, que van en crecimiento, podemos decir que son bastante frecuentes.

-¿Hay una disparidad entre las herramientas tecnológicas con que cuentan ustedes y los vacíos que tiene la legislación para descubrir a los delincuentes que están detrás?

-Exactamente, el mayor problema que tenemos es poder recabar la información. Para avanzar o establecer la identidad de una persona y el sitio del suceso donde ocurre el tema necesitamos la información, por ejemplo, de las empresas que son proveedoras de internet, ahí tenemos el tope. Incluso el Ministerio Público también ha tenido ese problema, ya que no existen todas las facultades y las empresas se escudan en eso para entregar la información. Dentro de la nueva ley que está en camino, está especificado el plazo máximo que tiene una empresa para entregar la información, no puede negarse a ello.

-¿Cuál es el grupo etario más propenso a ser víctima de un fraude o estafa por internet?

-En general los más vulnerables son los niños, que son los que más ocupan las redes sociales. No obstante los adultos mayores, como no conocen bien para realizar ciertas operaciones, también caen como víctimas de estas bandas.

-¿Qué aspectos están pendientes para aprobar la nueva legislación?

- Respecto a las empresas proveedoras de internet, el tema es la obligatoriedad, las empresas estarán obligadas legalmente, en forma veraz y oportuna, a entregar la información de sus abonados en caso de un delito, sin que se tome como una vulneración a la privacidad de las personas, al existir un bien superior que proteger, que es la seguridad de la ciudadanía. Esto es para todos los nuevos delitos como el 'secuestro de equipos' que afecta a organismos públicos o empresas. El teléfono también es un campo minado para cometer delitos, ya que hay gente elaborando códigos maliciosos y virus para intervenir los teléfonos. La gente descarga indiscriminadamente las aplicaciones en su celular, sobre todo los niños, y en cada descarga puede venir un código malicioso que permita ocupar el equipo como 'zombie', vale decir, a través de tu equipo puedo delinquir y la policía va a llegar al afectado y no al delincuente que creó dicho virus.

"El estafador, el tipo que cometía estafa a bancos o a personas, ya no está operando en la calle por cuanto el riesgo es mucho; sin embargo, hoy día lo puede hacer desde su casa, utilizando todas las redes sociales"

"La gente descarga indiscriminadamente las aplicaciones en su celular y puede venir un código malicioso que permita ocupar el equipo como 'zombie', vale decir, a través de tu equipo puedo delinquir" "Dentro de la nueva ley que está en camino, está especificado el plazo máximo que tiene una empresa para entregar la información, no puede negarse a ello"

ENTREVISTA. CHARLES VIGNES, subprefecto jefe de la Brigada del Ciber Crimen de la PDI Valparaíso: