Mauricio Mondaca

La Presidenta Michelle Bachelet dijo en una reunión con los principales líderes empresariales del Centro de Estudios Públicos (CEP) que "habrá más diálogo" para mejorar las reformas que impulsa su Gobierno, pero insistió en que seguirá adelante con el trámite legislativo de los cambios propuestos en su programa.

La Mandataria asistió al CEP a seminario acompañada del ministro del Interior, Jorge Burgos, de Hacienda, Rodrigo Valdés, de Energía, Máximo Pacheco, de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, además del vocero de Gobierno, Marcelo Díaz.

Al terminar el evento, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que la conversación de la Mandataria y sus anfitriones fue "muy franca".

"Todos compartían que todos estamos por Chile, siempre hay diferencias pero fue un diálogo muy constructivo", enfatizó Valdés. Asimismo, destacó que la Presidenta "explicó cuál es su visión y la del Gobierno" respecto de las reformas.

Para el titular de Hacienda, "los mismos directores del CEP hablaron de la importancia de mantener un diálogo sereno. El CEP nunca ha sido parte de nada de estridencias, por el contrario".

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, agregó que "el sentido más profundo de este encuentro fue compartir ideas respecto de los desafíos que tiene Chile y también cómo se abordan".

"Ella hablo de un nuevo ciclo fundado en la equidad y la confianza, que recoja lo que han sido los avances de estos años, pero también acoja las nuevas demandas", añadió.

Nueva constitución

Ante más de 100 invitados, la Mandataria afirmó que el país necesita una nueva Constitución como "condición básica" para que la ciudadanía recupere la confianza y para fortalecer el acercamiento entre las elites y la ciudadanía.

Según La Segunda, la Presidenta adelantó a los asistentes que uno de los aspectos del proceso constitucional que anunciará este mes es que responderá a estándares ya resueltos, como el derecho de propiedad.

Recepción empresarial

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, dijo que la cita fue "interesante y muy buena reunión (...) muy cordial, muy franca y fue muy buena la exposición. Creo que hay coincidencias en los diagnósticos y el tema es como avanzamos hacia adelante".

El controlador de Cencosud, Horst Paulmann, agregó que la cita fue "muy buena, muy simpática".

Bernardo Larraín Matte, presidente de la generadora Colbún, dijo que este tipo de encuentros "hace siempre falta, fue una conversación muy buena, positiva".

"Todos compartían que todos estamos por Chile, siempre hay diferencias pero fue un diálogo muy constructivo".

Rodrigo Valdés, Ministro de Hacienda

"Creo que hay coincidencias en los diagnósticos y el tema es como avanzamos hacia adelante".

Alberto Salas, Presidente de la CPC

El ex contralor General de la República, Ramiro Mendoza, salió a defender ayer la nominación del abogado Enrique Rajevic, quien fue propuesto por la Presidenta Michelle Bachelet para sucederlo en el cargo, ante los cuestionamientos que han surgido por su candidatura.

"Lo conozco y es un profesional destacado, como hay muchos profesionales destacados y que están en condiciones de ser candidatos y nominados a contralor general", dijo Mendoza.

La nominación de Rajevic para encabezar la Contraloría ha sido cuestionada por algunos miembros de la oposición por su relación con el Gobierno, puesto que ha sido asesor de varios ministerios.

Además, generó cuestionamientos la demanda que interpuso en contra de Rajevic el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por no haber pagado una beca estatal.

Sobre ese punto, el candidato a contralor ha dicho que eso ya está solucionado y que el organismo nunca le notificó la demanda.

Mendoza fue consultado respecto de la posibilidad de que la demora en la elección de un nuevo contralor, que no logró el apoyo necesario en el Parlamento y deberá ser revisada por el Senado la próxima semana, esté generando desconfianza en la sociedad.

La ex autoridad enfatizó que existe una institucionalidad que regula este nombramiento. "Seguramente la suspicacia está de la mano con que hoy estamos todos en la sociedad de los sospechosos de siempre. Cualquier cosa genera suspicacia, pero yo creo que si se usa una herramienta que está institucionalmente prevista, es un uso constitucionalmente previsto", afirmó.

"Creo que las teorías de las conspiraciones son siempre las explicaciones de las estupideces", agregó, enfatizando que la definición de este cargo depende del punto de vista del Presidente de la República.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo ayer que "queda mucha conversación que hacer con las universidades" respecto de las críticas que ha generado el detalle de la política de gratuidad que partirá en 2016 para el 50% de alumnos más vulnerables que asistan a las instituciones que cumplan los requisitos fijados por el Gobierno.

"Y por cierto, el debate parlamentario es la sede ahora donde se hace esa discusión", recalcó el secretario de Estado.

El jefe de las finanzas públicas aseguró que uno de los propósitos de la medida es "cautelar" la calidad de las instituciones beneficiarias, luego de que parlamentarios de la UDI acusarán que la iniciativa es "arbitraria" y advirtieran que analizan acudir al Tribunal Constitucional si es que el Ejecutivo no mejora la propuesta.

Consultado por los dichos de rectores de varias universidades, entre ellos de la máxima autoridad de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez -quien ha manifestado que de mantenerse los criterios actuales de la gratuidad, la institución no adscribirá al beneficio en 2016- Valdés respondió que "es un poco injusto recibir críticas de por qué esto no es para cualquier institución y al mismo tiempo recibir críticas sobre la calidad".

Para Valdés, "justamente la idea es financiar instituciones que nos merezcan la máxima calidad y resguardar aquello".

Las críticas de sánchez

El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, recalcó sus críticas al proyecto en una carta a que envió a esa comunidad universitaria.

En el texto, el académico dijo que como está actualmente la propuesta de gratuidad, no se pueden adherir.

"Hasta ahora y bajo las condiciones descritas, la UC no puede adherir a esta propuesta de gratuidad. De hacerlo pondríamos en riesgo nuestra autonomía, potencial de desarrollo y financiamiento de la universidad", escribió.

En la carta explica que "la propuesta carece de una definición clara respecto de respetar la diversidad de proyectos educativos y de potenciar las misiones institucionales; por el contrario establece condiciones a las instituciones que adscriban al sistema de gratuidad (...) La gratuidad no puede ser un medio para controlar la autonomía universitaria".