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Hace un año que comenzó a funcionar en el país la denominada Ley de Insolvencias y Reemprendimiento que llegó para reemplazar a la otrora Ley de Quiebras, denominación que, pese al cambio, es la más utilizada.

Pero la modificación más relevante que trajo la nueva legislación es que permite a las personas que no pueden hacer frente a sus compromisos, repactar con sus acreedores. Y esto, eso sí, en presencia de un representante de la Superintendencia creada para tal efecto.

"Acá se trata de emparejar la cancha y facilitar un acuerdo entre ambas partes", comenta la coordinadora regional de la entidad, María Soledad Meneses, quien es la encargada de recibir a los deudores de la región que, en un número superior a los 1.500, se han acercado a las dependencias de la entidad ubicadas en la Seremi de Economía, en Valparaíso.

"Es una herramienta que permite al deudor limpiar sus antecedentes comerciales para que comience de nuevo sus actividades y de una manera ordenada para poder cumplir con todas sus obligaciones", señala la representante de esta nueva normativa en relación a un mecanismo que permite evitar la pesadilla del "Dicom".

En la región, el perfil del deudor es claro: la mayor parte son mujeres, el principal acreedor es el retail, se detecta una falta de educación financiera y la deuda varía entre 8 y 150 millones de pesos, en el caso más extremo.

"En promedio cada deudor tiene ocho acreedores y la mayoría de ellos son tiendas de retail, bancos también hay, pero ahí se ve un poco la diferencia respecto a la renta que uno pueda tener", explica la abogada. Acá también se detecta un fenómeno y es que la persona que gana una renta sobre los $500 mil tiene compromisos en la banca y el retail; pero en el caso del pensionado y la dueña de casa se limita en su mayor parte a las multitiendas.

En el caso del monto también es variable. "Lo más bajo que se ha renegociado son deudas por 8 millones y lo más alto son sobre 150 millones de pesos, lo que es considerable para una persona natural", comenta la coordinadora, que destaca como otro elemento a tomar en cuenta la falta de conocimiento de la población sobre estos temas.

"Hay un desconocimiento de la gente en términos financieros, dónde no saben lo que firman, desconocen si es una tarjeta de crédito o un crédito de consumo. Entonces, esa labor de ir recopilando antecedentes es complicada. Falta educación financiera", opina María Soledad Meneses.

"Es algo muy importante porque si uno tiene una deuda demasiado grande y no la puede pagar, afecta el sueño, el trabajo, la vida familiar y todo. Quizás hay que ser un poco más responsable", acota.

Los casos más complejos son aquellos en que la deuda supera por mucho a los ingresos con que cuenta la persona. Y eso pasa con mucha frecuencia cuando alguien pierde el empleo y luego consigue otro, pero con una remuneración mucho más baja que no le permite responder a los compromisos adquiridos con anterioridad.

Es el caso, por ejemplo, de un crédito hipotecario en que hay que tratar de salvar la casa y que no se pierda todo. "Allí se producen renegociaciones que si bien son más complejas, se ve cuál es la voluntad, primero del deudor que quiere pagar y del acreedor en razón a cuán dispuesto está a que el afectado por la deuda pueda seguir con los bienes que tiene, pero pagando una menor cuota", señala.

Ahora, ¿qué pasa en el caso de las personas que no tienen ningún bien? Allí también hay un dilema, porque si no existe acuerdo se liquidan los bienes y si eso sucede al final no hay ningún bien. "Entonces, allí se fuerza un poco a que el acreedor acceda a la petición que tiene el deudor porque en definitiva, de no ser así, simplemente no le va a pagar".

Pese a la diferencia que pueda existir entre ambos entes, señala que su labor es permitir que se llegue a un entendimiento. "Acá se da algo bien especial, que es tener una buena relación con los acreedores, porque yo no soy abogada de los deudores y tampoco tengo que defender los intereses del acreedor, hay que ser imparcial y objetivo, y tratar de mediar para llegar a un arreglo", indica.

Pero la labor no termina en ese momento, pues también hay que preocuparse que los dos protagonistas de la negociación cumplan con lo pactado en la audiencia de mediación. "El fin último de la Superintendencia es lograr un buen acuerdo y velar porque el deudor pueda pagar porque esa es la idea, que cumpla. No saco nada con garantizar un acta si al mes siguiente el deudor no va a firmar nada y no va a empezar a pagar", acota la personera, confesando que solo una vez sucedió eso.

¿Qué se hace en esos casos? Queda como antes que llegara la persona a consultar y se inician acciones legales por parte de los acreedores para lograr el pago de sus obligaciones.

En la región fueron admitidas 221 solicitudes de ingreso. De ellas, fueron admisibles solo 3 y cerca de 30 llegaron a buen término. ¿Por qué no son admitidas?, ¿cuáles son los requisitos? La persona debe llegar con un certificado de deuda de cada una de las instituciones financieras, pero además tiene que tener claridad respecto de la fecha del vencimiento de la obligación y eso es lo que cuesta.

Otra condición es tener una deuda mínima de 80 UF (poco más de $ 2 millones) y que el afectado no haya sido notificado de una demanda ejecutiva. Acá hay un tema porque a veces puede existir una demanda. "El deudor o está demandado y no sabe por cambio de domicilio, o por haber emitido boleta de honorarios los últimos 24 meses. La ley entiende que la persona que emite estas boletas es una empresa y ella tiene que acogerse a los procedimientos de las empresas y no de las personas", acota la profesional.

Otro dato es que cuando llega algún documento de la empresa de cobranza se está en el límite para acudir a la Superintendencia. También existen confusiones por parte del deudor que acude a la instancia con un concepto errado. "Generalmente la gente viene con la idea de que es el Estado el que paga la deuda y ellos simplemente van a cancelar una cuota, por así decirlo, simbólica de aquí a la eternidad. A veces también se da la confusión en el sentido de que creen que todo va a ser en una sola cuota y nosotros disponemos a quien le vamos a pagar, pero no es así. Si hay 15 acreedores se negocia con los 15 y debe pagarle a cada una de ellos", concluyó la coordinadora regional.

"El fin último de la Superintendencia es lograr un buen acuerdo y velar porque el deudor pueda pagar porque esa es la idea, que cumpla"

María Soledad Meneses

Coordinadora Regional, Superintendencia de Insolvencias y Reemprendimientos