Solo en la Región de Valparaíso hay 170 mil trámites pendientes debido al paro de los funcionarios del Registro Civil. Los problemas originados por este movimiento cubren los más diversos campos: desde inscripciones de vehículos hasta registros de nacimientos y defunciones, pasando por la entrega de documentos de identidad para múltiples actividades.
Un dato en medio del movimiento es la alteración de la puesta en marcha del llamado Acuerdo de Unión Civil (AUC), que permite la vinculación jurídica de personas del mismo o de distinto sexo, sin la condición del matrimonio tradicional. Para acogerse a esa modalidad, que rige desde esta semana, estaban programadas en la zona 180 ceremonias.
Los funcionarios en paro, que piden nivelación con otros servicios y mejoramiento de condiciones de trabajo, han dispuesto turnos que no cubren la alta demanda de trámites y, a la vez, rechazan la habilitación de personal de otras dependencias para reemplazarlos en algunas funciones, lo que, según dirigentes del gremio, sería ilegal invalidando los actos celebrados, concretamente los AUC.
Pero más allá del tremendo impacto que este movimiento provoca en todos los sectores de la sociedad y en las más variadas actividades, queda en este caso demostrado que en un conflicto laboral no solo se enfrentan dos partes. También aparece, nítidamente, una tercera, que es la comunidad en su conjunto, que deja de recibir un servicio básico. Así, el problema no es únicamente entre el patrón, en este caso el Estado, y su personal, ahora los funcionarios del Registro Civil.
Se plantea de este modo un aspecto de los conflictos en el mundo del trabajo que no se puede eludir cuando llega al Congreso el proyecto de reforma laboral. Claramente, surge aquí el tema del reemplazo de los huelguistas, que en este caso concreto busca abordar el Gobierno, autor de la iniciativa mencionada, mediante la habilitación de otros funcionarios públicos.
Esta realidad de la proyección de un conflicto gremial concreto a toda la sociedad podría darse también en otros servicios de utilidad pública, como el transporte o la producción de energía, por ejemplo. Y también podría manifestarse en variados rubros del sector privado en que la legitima demanda y paralización de los trabajadores tiene una incidencia extendida.
Ante el ejemplo del Registro Civil, es urgente buscar mecanismos eficientes, creativos, para resolver conflictos y acercar posiciones, más allá de consignas y conductas que dañan a las partes en disputa y también a amplios grupos de la sociedad.