Paolo Navia S.

Por unanimidad, los jueces de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmaron la sentencia que en enero pasado dictó el Segundo Juzgado Civil porteño, que condenó al Fisco de Chile a pagar una indemnización de $ 110 millones a la familia de María Angélica Erices Oñate, fallecida por inmersión durante el tsunami que el 27 de febrero de 2010 afectó al archipiélago de Juan Fernández.

Fallo que marca un precedente a nivel nacional, pues es el primer juicio en que se condena al Estado a indemnizar por una muerte debido a la alerta fallida de tsunami en el archipiélago.

Inoperancia de la onemi

Con su madre, Alba Rosa, y sus hermanas Ana María, Verónica y Fabiola Erices como demandantes, el fallo judicial acreditó que entre el terremoto y el ingreso del mar al poblado de Bahía Cumberland, en Juan Fernández, transcurrieron 51 minutos sin que los isleños fueran advertidos de la inminente catástrofe.

"El área de inundación en Juan Fernández fue de 288 metros y los peritajes acreditaron que la víctima habría empleado menos de un minuto en ponerse a salvo, caminando a paso lento", expuso por escrito el abogado Mario Cortés, quien representó ante tribunales a la familia Erices-Oñate.

En este aspecto, y refiriéndose sobre los detalles que permitieron que la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso fallara a favor de la familia de María Angélica Erices, el jurista precisó que el jefe de turno del Centro de Alerta Temprana de Onemi, Osvaldo Malfanti Torres, fue condenado en marzo de 2014 por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, como autor del cuasidelito de homicidio múltiple por no emitir la alerta de tsunami recibida a través del SHOA, pena que dio el punta pie inicial para que las familias de las víctimas del tsunami en Juan Fernández presentaran sus demandas de manera particular.

"Osvaldo Malfanti es un ingeniero forestal quien reconoció su responsabilidad y falta de capacitación, acogiéndose a un juicio abreviado. Así se dio por establecido que el SHOA y la Onemi incurrieron en una cadena de errores y omisiones, pues el servicio telefónico se mantuvo operativo hasta el ingreso del mar al poblado, sin ser utilizado para dar la alarma", expresó Mario Cortés, agregando que una vez que se desató la catástrofe natural, los isleños, inclusive, pudieron ser advertidos a través de los medios de comunicación, pues en la mayoría de los hogares seguían la transmisión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

"En la isla de Juan Fernández el terremoto de febrero del 2010 fue imperceptible para la población, lo que sumado a la falta de alerta y de prevención, dejó a los isleños que dormían en sus domicilios a merced del tsunami, resultando 36 personas muertas o desaparecidas, entre las que se incluye a María Angélica Erices Oñate", expuso el jurista.

Rol del cde

Finalmente, y refiriéndose a las acciones judiciales que puede realizar el Fisco de Chile para no cancelar la millonaria indemnización, el abogado Mario Cortés precisó que el organismo está siendo representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que deberá resolver si recurre el fallo ante la Corte Suprema.

Consultados sobre esta arista, desde el CDE explicaron que el Departamento Judicial del organismo se encuentra analizando el fallo de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones porteña y que hasta que no tengan una decisión tomada, no entregarán mayores detalles.