Anomalías en sueldos municipales
Informes de la Contraloría revelan pagos de horas extraordinarias sin el correspondiente respaldo o durante festivos y licencias médicas. Jorge Castro, presidente regional de la Asociación de Municipalidades, sostiene que los pagos por horas extras derivan de las crecientes obligaciones que el Estado ha impuesto a las corporaciones.
Informes de la Contraloría, de los cuales da cuenta una investigación periodística, señalan las irregularidades que se registran en 31 municipalidades del país en el pago de horas extraordinarias al personal de planta. En la Región estas anomalías fueron detectadas en seis comunas, entre ellas Valparaíso, Viña del Mar y Zapallar. En el caso de la Ciudad Jardín el 99% del personal aparece recibiendo esos pagos adicionales y en año 2014 el monto egresado por ese concepto alcanzó a $ 4.000 millones de pesos.
Montos elevados también se registraron en la Municipalidad de Zapallar. En general, el organismo contralor cuestiona cancelaciones por concepto de horas extras a funcionarios que están con licencia médica y presenta otros casos en los cuales, físicamente, los tiempos pagados sobrepasan largamente las posibilidades laborales de una persona. Aparecen además en la indagación trabajos realizados sin autorización previa a su realización.
En teoría, el pago por esas horas debe corresponder a trabajos extraordinarios, discontinuos y eventuales. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de Viña del Mar, Guillermo Fernández, sostiene que si las horas extraordinarias son permanentes "pasan a ser remuneración y el Estatuto establece que cuando uno está con licencia médica no puede dejar de percibir el total de la remuneración".
Por su lado, el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, presidente regional de la Asociación de Municipalidades, dice que los montos que se pagan por horas extras derivan de las crecientes obligaciones que el Estado impone a esas corporaciones, que tienen sus plantas de personal congeladas desde hace 21 años.
El problema es complejo, pues por un lado están las crecientes responsabilidades municipales, especialmente en casos de emergencia o de nuevas realidades urbanas y, por otro, la lógica aspiración de los funcionarios a mejorar sus remuneraciones. Todo ello en un marco presupuestario generalmente estrecho.
Reconociendo lo anterior, es ineludible insistir en la transparencia y en la necesidad de cumplir las normas vigentes sobre las cuales se ajusta la Contraloría en sus pronunciamientos. Es fundamental, además, evitar en esta delicada materia discrecionalidades que puedan determinar beneficios focalizados más allá de las reales necesidades del rodaje municipal y de las contingencias.
Al tratarse de recursos públicos, es insoslayable ajustarse a las normas vigentes y la solución a este problema, que parece ser recurrente, es modificar por la vía legal esas normas.