Por poco más de dos años -entre enero de 2013 y mayo de 2015- funcionó el acuerdo entre Sebastián Rojas Salas y Polonia Contreras Gacitúa, entonces funcionarios municipales en Viña del Mar, quienes llegaron a un trato para instalar un sistema de estafa que logró recaudar alrededor de $700 millones, tras engañar a más de 70 personas.

Sebastián Rojas Salas, quien ingresó al Departamento de Abastecimiento de la Municipalidad de Viña del Mar en el año 2012, es hasta ahora el único imputado que se encuentra en prisión preventiva, luego de ser formalizado por el delito de estafa reiterada al vender a sus víctimas departamentos que nunca existieron. Por el caso, el ahora exfuncionario viñamarino podría arriesgar una pena que va desde los 5 años y un día hasta los 10 años de presidio.

Según consta en la investigación, Rojas Salas usó su rol como funcionario municipal para convencer a sus víctimas de que tenía acceso a cierto beneficio dentro de la Municipalidad, que le permitían acceder a inmuebles a un menor precio. Estas operaciones fueron pagadas en efectivo, cheques o depósitos en la cuenta de Rojas.

Sin embargo, una vez que las personas comprendían que habían sido engañadas y que los departamentos comprometidos no existían, denunciaron la situación a la Fiscalía de Viña del Mar.

En el engaño, según figura en las indagaciones realizadas por el Ministerio Público, también participó directamente Polonia Contreras Gacitúa, entonces funcionaria del Departamento de Obras viñamarino. Su rol era reforzar la estafa, dándole credibilidad a los dichos de Rojas Salas, por lo cual habría recibido dinero por parte del imputado.

Es en esta calidad que el fiscal a cargo de la causa, Claudio Rebeco, la formalizará el próximo lunes 2 de noviembre como autora del delito de estafa.

Respecto a este procedimiento, Jaime Silva, abogado defensor de Rojas Salas, precisó que "estamos satisfechos de la formalización que solicitó la Fiscalía porque Polonia tiene tanta o más participación en los hechos. El lunes queremos saber cuál es la responsabilidad que se le atribuye porque, tal como lo ha declarado mi representado, sería de autoría principal".

De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso este Diario, el sistema que operó entre enero de 2013 y mayo de 2015 surgió en una reunión entre Rojas y Contreras, quienes acordaron promover la venta de departamentos a terceros para obtener recursos.

La fórmula era contactar a gente de confianza, a quienes convencían de que la compra les era conveniente -a bajo costo-, argumento que reforzaban citando a sus víctimas al tercer piso del edificio de la Municipalidad de Viña del Mar. Allí, Sebastián Rojas Salas les daba a conocer los antecedentes del proyecto y las franquicias que les permitirían obtener departamentos a un menor valor de lo ofertado en el mercado.

Para reforzar el engaño, Rojas Salas tomaba contacto con diferentes funcionarios municipales a quienes les pedía favores administrativos a cambio de regalos, como tarjetas giftcard que conseguía con terceros.

Según el mismo imputado, hasta el año 2014 nunca supo que estos departamentos no existían. No obstante, después de enterarse de la real situación, indican algunas versiones a las que tuvo acceso este Diario, continuó el engaño.

La estafa era reforzada con la entrega de un recibo notarial -segunda arista que investiga la Fiscalía-, al igual que las facturas que salieron del municipio para comprar a terceros proveedores.

Una vez que convencía a sus víctimas de comprar un departamento, Rojas Salas las llevaba a la notaría Veloso, ubicada en el centro de Viña del Mar, donde tenía un contacto que le agilizaba la tramitación, lo que daba mayor confiabilidad a la compra.

En la notaría se sumó la figura de Patricio Medina Valderrama, quien, al igual que Polonia Contreras, será formalizado este lunes a solicitud de la Fiscalía, porque se hacía pasar por abogado de la inmobiliaria a la cual pertenecían los departamentos y utilizaba timbres y firmas.

El grupo ofrecía como inmuebles a la venta las unidades de edificios situados en el Troncal Sur, frente al Jardín Botánico. Sin embargo, transcurrido el tiempo, los compradores sospecharon de la operación al darse cuenta de que dichos departamentos fueron ocupados por sus verdaderos propietarios.

Al notar los reparos sobre dichos inmuebles, Polonia Contreras y Sebastián Rojas decidieron ofrecer a nuevos incautos unas viviendas ubicadas en el edificio Terramar, ubicado en la calle 2 Norte de Viña del Mar.

Para llegar a más gente, Polonia y Sebastián, según detallan algunos documentos, tomaban contacto con las víctimas a quienes convencían de que la compra del departamento era un buen negocio. Ante esto, las personas engañadas buscaban a terceros para ofrecer el inmueble. Eran una especie de captadores que en definitiva hacían el trabajo que había iniciado Rojas.

Según consta en la documentación, de la estafa habrían participado como captadores un total de 14 personas, todas víctimas de Rojas Salas, quienes hacieron nexos con terceros para vender más departamentos.

Sin embargo, a pesar de esta situación, no hay certeza de que ellos tenían conocimiento del engaño, por lo que la figura no es dolosa, sino que más bien solo comparten la posibilidad de negocio con sus conocidos.

Dada esta acción de cadena de captación de clientes en cascada, en poco tiempo Sebastián y Polonia lograron que la estafa creciera, por lo que generaron diversas ventas de departamentos.

De acuerdo a la información conocida por este Diario, Sebastián, sin ser un hombre de vínculo político previo, habría comenzado a militar en la Unión Demócrata Independiente (UDI) con la finalidad de congraciarse en su trabajo en el Departamento de Abastecimiento, buscar protección y subir de rango.

También bajo esta dinámica habría hecho aportes a campañas políticas, con gestiones e incluso contrataciones de artistas, que luego pagaba directamente y en efectivo. Así lo habría hecho con una cantante que participó en un acto final de campaña.

No obstante, hasta el momento no se ha podido comprobar que existan antecedentes que vinculen a Rojas con algún político en específico o documentación que lo ligue al financiamiento irregular de alguna campaña.

Al respecto, uno de los abogados querellantes que representa a 31 personas estafadas, Patricio de La Horra, afirmó que "lo que refiere el imputado es que él en total habría aportado en dinero y prestaciones de servicio. Lo que él señala es que lo hace buscando el beneplácito y protección de personas importantes dentro de la Municipalidad a quienes -según él- no les importaba el origen del dinero".

El abogado querellante precisa que aún queda por resolver dentro de la investigación la colaboración de terceros en la elaboración de facturas a nombre de la Municipalidad de Viña del Mar, que luego fueron utilizadas por Rojas y el nexo con la funcionaria de la notaría Veloso, por lo que aún quedan diligencias pendientes en el caso.

"La Fiscalía ha realizado un trabajo muy riguroso y se han investigados todas las aristas. Estamos seguros de que se llegará al fondo en la investigación. Nosotros, en la medida que haya antecedentes suficientes para formalizar a nuevas personas, trabajaremos con el Ministerio Público para ampliar las querellas correspondientes, tanto en responsabilidades penales como civiles. Hay mucho dinero y Rojas Salas dice no tener ese dinero", precisó Patricio de La Horra.

En tanto, el Ministerio Público no descarta nuevos procesos de formalización, puesto que aún no está cerrada la investigación y, de ser así, incluso existe la posibilidad de pedir una reformalización en algunos de los casos.

El 2013, cuando Rojas Salas trabajaba como activador del sistema de ChileCompra, una víctima de la estafa lo denunció por la venta de departamentos "truchos". Tras dicho incidente, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por personas con acceso a la investigación, el imputado fue cambiado de sección al Juzgado de Policía Local de Viña del Mar.

Además, de acuerdo a la información, el imputado tenía gente de confianza dentro del Departamento de Finanzas del municipio; sin embargo, otra funcionaria se dio cuenta de la situación -utilización de facturas falsas para terceros a nombre del municipio-, lo que destapó el caso al interior del edificio consistorial.

En tanto, respecto al dinero, el imputado habría invertido lo recaudado de forma fraudulenta en una productora propia y malos negocios, perdiendo gran cantidad de lo que obtuvo mediante su accionar, lo que aún está en investigación.